–¿Cómo fue convocado por el gobierno del Ecuador para investigar la deuda de ese país?

–Tengo una amistad con el doctor Alberto Acosta, que fue el presidente de la Asamblea Constitucional del Ecuador y ministro de Energía del presidente Correa. Por otro lado, en Ecuador conocían mi investigación de la deuda argentina. Tercero, la Federación Luterana Mundial, que tiene un programa de la investigación de la deuda ilegítima, me propuso cuando en enero del año pasado se empezó a hablar de hacer una auditoría. Finalmente, el ministro de la Coordinación Política, Ricardo Patiño, conocía mucho a mi padre, así que tenía antecedentes de lo que se había hecho a través de las causas iniciadas por un Olmos y continuadas por otro Olmos.

–¿Qué trabajo realiza la llamada Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público que usted integra?

–La comisión, creada por un decreto del presidente Correa en julio de 2007, está subdividida en varias subcomisiones. Una analiza la deuda bilateral, otra la deuda multilateral, otra la deuda comercial con los bancos extranjeros –y que yo integro–, que es la mayor del Ecuador en este momento. La subcomisión jurídica analiza los aspectos jurídicos del endeudamiento: la legislación nacional y la extranjera a la que están sometidos los contratos. Esa está integrada sólo por mí, que estoy especializado en derecho internacional público. Hay otra subcomisión de impacto social y ambiental, que analiza los impactos de la deuda en el medio ambiente ecuatoriano y respecto de los indígenas y afrodescendientes.

–¿Cuáles son los rasgos más destacados del trabajo de la comisión?

–Lo más sustancial es que la deuda comercial engloba los grandes procesos de la deuda del Ecuador, similares a los de Argentina. Aquí hubo tres refinanciaciones sucesivas, en el ’83, ’84 y ’85, que aumentaron tremendamente la deuda. Otro gran momento fue el Plan Brady ecuatoriano hecho en el ’94, una copia exacta del argentino. Lo hizo la misma gente que en Argentina, Uruguay y Chile: el City Morgan. El tercer momento fue el blindaje financiero y luego un cambio de títulos, el famoso Megacanje de Domingo Cavallo, en el 2000. En Ecuador se hizo lo mismo: un cambio de títulos que significó un mayor endeudamiento y que la deuda siga creciendo.

–¿Qué le sugieren estas similitudes?

–Tienen una particularidad. En 1992 aparece un estudio de abogados de Nueva York, abogados de los acreedores, el City Bank. Este estudio pasa a asesorar a los gobiernos argentino, uruguayo y ecuatoriano en la misma época. A través de la documentación reservada que hemos visto en Ecuador, se muestra concretamente que ese estudio fue puesto por los acreedores para “defender los intereses de nuestro gobierno”. Pero por supuesto no los defendieron porque respondían a los intereses de los acreedores.

–De hecho, Richard Handley (ex número uno del Citibank) estuvo muy cerca del ex presidente Carlos Menem durante su campaña presidencial de 1989.

–Exactamente. Hay otro detalle clave: todos estos contratos fueron preparados por el primer estudio de abogados de Nueva York, que son abogados del Morgan y del Chase Manhattan Bank desde hace 70 años. Y hay una particularidad: uno de los personajes más prominentes de este estudio fue Williams Webster que durante 10 o 12 años fue director del FBI (Oficina Federal de Investigación) y desde 1984 en adelante, director de la CIA. Que un miembro de la CIA haya integrado el estudio que estructuró el plan que iba a endeudar a todos los países latinoamericanos, para mí es extremadamente sugestivo.

–¿Los funcionarios negociadores de los gobiernos latinoamericanos también se repiten?

–En la Argentina, Daniel Marx fue director del Banco Central en 1985; hasta 2001 manejó el contacto con los acreedores e intervino en todas las contrataciones. Siendo secretario de Finanzas de Domingo Cavallo, preparó el Plan Brady en 1992. Como premio a su gestión, trabajó con Nicholas Brady en Estados Unidos. Volvió a la Argentina y siguió manejando el endeudamiento durante la gestión de Menem. Con Fernando de la Rúa, fue designado secretario de Finanzas. Fíjense su nivel de influencia que, cuando renunció el ministro José Luis Machinea y asumió Ricardo López Murphy, Marx fue ratificado. Y cuando se fue López Murphy y asumió Cavallo, volvió a ser ratificado.

–¿Y en Ecuador?

–Una de las claves del manejo de la deuda externa lo constituyó Ana Lucía Armijos, gerente del Banco Central del Ecuador durante la década del ’80. En 1992 firmó una renuncia a los derechos de prescripción que tenía el Ecuador, actualizando una deuda no exigible. Como presidenta de la Junta Monetaria del Ecuador, fue una de las personas que instrumentaron el Plan Brady. En el año 1999 como ministra de Finanzas, preparó los elementos para la posterior renegociación de la deuda a través de los Bonos Global que sustituyeron a los Brady. Después de haber cumplido una labor de más de quince años endeudando al país en sucesivas negociaciones, hoy es funcionaria de uno de los célebres organismos multilaterales que manejan estos aspectos económicos.

–¿En cuánto se beneficiaron económicamente estos estudios privados con las renegociaciones?

–La deuda argentina no se puede comparar con la ecuatoriana, que es de 14 mil millones de dólares, mientras que la argentina es más de diez veces superior. Cada renegociación significa onerosos contratos que los abogados saben cómo manejar. En un contrato que celebró el Banco Central del Ecuador con el estudio de Nueva York se establecían honorarios por hora del orden de los 800 dólares. En la Argentina, en la última contratación de estos abogados hecha por el presidente Néstor Kirchner en el 2004 se establecieron cifras parecidas. Además de los honorarios, facturan gastos absurdos, como investigaciones en Internet. En Argentina supongo que las contrataciones son por un monto mayor, pero no las he podido ver. Además hay comisiones que no se pueden conocer porque no se documentan.

–¿Qué peso podrían tener los resultados de la investigación de la comisión sobre las decisiones del presidente Correa respecto de la deuda de su país?

–En las tres reuniones que tuve con el presidente Correa, él manifestó su compromiso de impugnar los contratos en los Estados Unidos en aquellos puntos que puedan ser materia de impugnación. Respecto de los funcionarios del Ecuador, iniciar acciones legales para obtener una condena no sólo económica sino penal en materia de delitos. Lo de los Estados Unidos es lo más problemático.

–¿Por qué?

–Porque los acreedores violaron la legislación de los Estados Unidos. Yo estudié las leyes del Estado de Nueva York, donde están sometidos la mayor parte de los contratos de Argentina y Ecuador. Y pude ver que violaron pautas fundamentales de su propio derecho. Eso será extremadamente difícil, pero es un compromiso del presidente, quien además lo hizo público a todo el país: dijo que si existían elementos legales para cuestionar el endeudamiento, a él no le iba a temblar la mano para recurrir a los tribunales del Ecuador como de los Estados Unidos.

–Más allá de los compromisos del presidente Correa, ¿cree que hay condiciones para avanzar en este cuestionamiento legal al endeudamiento?

–Hay condiciones porque el presidente tiene un enorme apoyo popular. Lo único que tiene en contra son los medios que responden a los poderes económicos, a los bancos y por supuesto a aquellos intereses que por primera vez están preocupados de lo que puede pasar con los resultados de la auditoría. Sobre todo porque es la primera vez en la historia ecuatoriana que un presidente ordena abrir todos los archivos del Ministerio de Finanzas, del Banco Central, de la Casa de la Moneda y de todo lugar donde pueda haber documentación relacionada con la deuda.

–¿Qué impacto cree que tendrá en el ámbito mundial?

–Y... será la primera vez que un país se atreva a discutir su deuda ante tribunales de otro país y que enjuicie a sus funcionarios para mostrar al mundo entero que respeta el orden legal y quiere restaurar el orden jurídico. Cosa que en la Argentina lamentablemente no pasó. Cuando en Argentina se lea el informe de la auditoría ecuatoriana será como leer su propio endeudamiento externo, porque los procesos, los actores, los abogados intervinientes y los bancos acreedores han sido los mismos.

–¿Qué cree que suceda en los países de la región cuando vean los resultados de esta investigación?

–Va a ser muy difícil para un país, cuando conozca la auditoría ecuatoriana y vea las similitudes con su propio caso, no decir una palabra. Si no, sería poner en evidencia el fraude de la deuda y consentir ese fraude. En la última causa penal que iniciamos en Buenos Aires, los que me tomaban declaración no lo podían creer. Yo no dudo –y no lo he dudado nunca– que tanto el presidente Kirchner como la señora de Kirchner hayan tenido voluntad de solucionar este problema, pero los asesoramientos que tuvieron, como el del doctor (Roberto) Lavagna que hizo la reestructuración en el 2005, no permitieron que ellos conocieran realmente el proceso.

–¿Y la auditoría de Ecuador podría cambiar eso?

–Ahora lo van a conocer oficialmente a través de la publicación de un gobierno. Creo que algunos presidentes, incluso la señora de Kirchner, van a despertarse y esto les servirá de antecedente para iniciar algún tipo de acción o por lo menos decir a los acreedores: “Señores, miren lo que acá tenemos, sabemos que en Argentina el caso es similar. Por qué no nos sentamos a negociar de nuevo bajo otras condiciones”.

–¿Habrá una presentación internacional del caso ecuatoriano?

–En octubre hay un gran encuentro en Oslo, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega y la Federación Luterana Mundial. Irán los principales funcionarios del Ecuador, posiblemente los presidentes Correa, Fernando Lugo y Evo Morales, los primeros ministros de Noruega, Finlandia, Suecia y los más destacados juristas europeos para dar respaldo a la auditoría de la deuda ecuatoriana y plantear que hay que modificar este sistema mostrando el fraude investigado en Ecuador. Tendrá gran repercusión en Europa, ya que Noruega condonó la deuda ecuatoriana haciéndose corresponsable y alegando que endeudó a Ecuador para solucionar un problema interno de su industria naval.

–¿Qué impacto tiene en la sociedad ecuatoriana el tema de la deuda externa?

–En su programa de TV de los sábados el presidente Correa dijo que siempre se priorizó el tema de la deuda sobre los aspectos sociales, educacionales, de empleo. Y aquí se tiene perfecta conciencia que la deuda condicionó la vida económica, social y política del país en los últimos treinta años.

–¿Hay una confrontación entre Correa y los grandes medios de comunicación?

–El presidente dice: “Una cosa es el periodismo informando y otra el periodismo planteando una ideología para que la gente cuestione algo, pero además falseando la verdad”. Leo los principales diarios del Ecuador y veo la falsificación sistemática de, por ejemplo, el proyecto constitucional que se va a votar el 28 de septiembre. Hablan de que es una Constitución abortista y es falso. Hablan de plenos poderes para el presidente y es falso. Quien lea el texto constitucional se da cuenta de que están mintiendo descaradamente. Es la manipulación de la información. Por eso el presidente tiene este contacto a través de su programa con el pueblo todas las semanas, recorre el país entero y, delante de cientos de personas, habla con todos.

–¿Qué relación se puede establecer entre la deuda de Costa Rica, que fue calificada como “deuda odiosa”, y el caso argentino?

–El término “deuda odiosa” es análogo al término “deuda ilegítima”. La deuda odiosa es una deuda contraída por un país y no utilizada en beneficio de su pueblo. El Banco Mundial, al hablar de la deuda de la dictadura argentina, dijo: “Esta deuda fue utilizada, en un 30 por ciento, para fuga de capitales, en un 30 por ciento para pagar intereses, y en un 30 por ciento para la compra de armamentos. Y el pueblo argentino no vio un centavo”. Esto, además, es materia de un juicio. Con todo lo que pasó después de renegociar permanentemente ese delito, tenemos que concluir que la mayor parte de nuestras deudas son deudas odiosas. El tema es plantearlo. Ya lo dijo Collin Powell: “La deuda de Irak es la deuda contraída por un dictador, que no fue utilizada por el pueblo iraquí y, en consecuencia, es una deuda que no hay que pagar”. Por supuesto que luego, por cuestiones políticas, se olvidaron.

–¿Como evalúa la política de Néstor y Cristina Kirchner en materia de deuda externa?

–Pienso en términos de una gran equivocación. En el libro que publicó Torcuato Di Tella, las conversaciones con el ex presidente Kirchner, se puede ver que Kirchner ahí se equivoca por primera vez cuando dijo: “Lamentablemente, la deuda es un fraude que no se puede pagar y hay un montón de problemas, pero ha sido legitimada”. Y un principio fundamental de orden jurídico determina que los delitos no puedan ser legitimados ni por un Congreso, ni por un Presidente ni por nada. Hay una sentencia judicial olvidada, desconocida en la Argentina, donde se estableció el fraude de la deuda.

–¿Y si el presidente se equivocó, de quién es la responsabilidad?

–Yo creo que el entonces presidente fue muy mal asesorado por su ministro de Economía, que le dijo: “Mire presidente, éstas son las únicas opciones”. Ni el ex presidente Kirchner ni la presidenta Cristina tienen la obligación de conocer los vericuetos de la deuda, ni los contratos ni nada. Ellos, por supuesto, son responsables ante el país pero confían en su ministro. Y el ministro Lavagna fue el arquitecto de la transformación del 2005 y uno de los elementos clave de esta locura, que actualmente significa la deuda en Argentina –aunque el Gobierno quiera minimizarla–, que son los bonos que se emitieron atados a la inflación. Bonos que en este momento están tributando, si uno mirara la inflación real, un interés descomunal, inédito en el mundo entero. No estoy de acuerdo con ese criterio de algunos organismos que hablan de que el presidente Kirchner es un “vendepatria”.

–¿Y usted qué opina?

–Soy bastante más prudente y entiendo que a veces los presidentes se equivocan y la equivocación no supone un delito o una ilegalidad. Lo que pasa es que hay una gran responsabilidad histórica en este caso porque el ex presidente debería saber que lo que hizo no sólo no sirvió, sino que en cualquier momento va a significar una verdadera catástrofe económica.

–¿Cómo cree que hará Argentina para afrontar los vencimientos de la deuda el año próximo?

–Hace unos días, Standard & Poors y otras calificadoras de riesgo bajaron la calificación de la deuda. Ahora, esa calificación la hace Morgan, que es quien estableció las pautas de calificación de la deuda. El negocio es decir: “Hoy le bajo la calificación a tal país porque eso lo va a obligar a hacer tal o cual cosa”.

–Inventan los condicionamientos.

–Otra de las cosas que no desconozco, porque lo veo en Ecuador, son las presiones y las coacciones. Imagino que al ex presidente Kirchner y a la señora de Kirchner les funciona de la misma manera. Deben estar apretándolos en forma permanente. El tema es decir: “Señores, yo voy a enfrentar esto. Yo voy a terminar con este sistema”. Como hizo el presidente Correa. Si esto lo hicieran en conjunto Correa, la presidenta Cristina Fernández, el presidente Lula... sería distinto. Lamentablemente, lo de Correa es una actitud quijotesca, pero creo que va a ser un gran ejemplo.

–¿Cómo evalúa la cancelación de la deuda con el Club de París?

–La actitud genuflexa de pagarle al Club de París muestra la debilidad del Gobierno frente a los acreedores y, principalmente, un claro desconocimiento del estado de derecho. Esta deuda fue materia de una denuncia que se encuentra en pleno trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal a cargo del Dr. Jorge Ballestero. Allí se agregó una pericia de auditores del Banco Central que mostró que uno de los préstamos reclamados por Holanda era fraudulento y no debía pagarse. Además, son créditos que jamás se auditaron, que tienen una ilegitimidad de origen y que responden al viejo y venerable sistema de la deuda, que nadie discute. Se admite que se debe pagar aunque no se deba. Es inadmisible que se desconozca que un elemental principio legal determina que una deuda que es materia de una investigación criminal no puede ser reconocida y pagada hasta que haya una sentencia que lo determine con absoluta claridad.

–Usted se opuso al pago de la deuda al FMI en 2005, ¿verdad?

–Junto a Pérez Esquivel, Mario Cafiero, Eduardo Macaluse, Claudio Lozano, Nora Cortiñas interpusimos un recurso de amparo para que no se le pagara al FMI, pero no hubo forma de revertirlo. El tema lo fundábamos en aspectos clave. Esa deuda al Fondo no debía ser pagada porque la mayor parte era plata que entró al país y fue fugada por 520 empresas. Argentina no recibió esa plata porque llegó y se fugó. Lo que decíamos es: hubo evasión fiscal a través de esas empresas, la plata que vino se fugó y el FMI tiene expresamente prohibido, por su carta constitutiva, prestar dinero para que se fugue.

–¿Cómo sabía el FMI que esa plata se fugaba?

–Porque la Comisión de Evaluación Independiente del FMI realizó un informe, prácticamente sepultado por Anne Krueger, que determinó que el Fondo sabía exactamente que la plata que llegaba al país se fugaba. Entonces nos preguntamos cómo el presidente va a pagar una deuda en estas condiciones. Por otro lado, el argumento del presidente fue: “Nos liberamos del condicionamiento del Fondo”. Y la única manera de liberarse de los condicionamientos del Fondo es irse del Fondo, porque siendo miembro seguimos estando sometidos a sus auditorías.

–¿Cree que no cambió la relación con el Fondo desde entonces?

–Lo que creo es que cuando se le pagó al FMI no teníamos ningún acuerdo con ellos: la Argentina le estaba pagando las obligaciones. Los intereses que nos cobraba sin condicionamiento en ese momento eran del 4,5 por ciento. Cuando el ex presidente pagó, tuvo que compensar el pago al Banco Central con bonos que emitió y compró Chávez con intereses superiores al 8 por ciento. O sea que no fue un negocio.