La propuesta de regular los medios en el Reino Unido surgió de la investigación de la Comisión Leveson, un organismo creado en 2011 por el primer ministro conservador David Cameron tras el escándalo de las escuchas del semanario News of the World. Ahora, los tres partidos principales (Conservador, Laborista y Liberal) encaran el proceso de legislar. Aquí, la compleja trama de ese debate explicada por el especialista Padraig Reidy.

–¿Cómo se puede visualizar a mediano plazo el efecto del Informe Leveson? El director de The Independent escribió que había que digerir con cuidado mucho de lo propuesto. El y otros editores decidieron no pedir el derecho a veto de los funcionarios que administren las nuevas reglas, pero sí quedaba en claro el derecho a la independencia de la prensa.

–Hay que tomar las cosas del principio. Hubo una Carta Real (Royal Charter) para la regulación de los medios que se debatió en diferentes círculos hasta publicarse el informe en noviembre de 2012. Después de muchas objeciones, la que menciona usted y muchas más, el gobierno de David Cameron, con el respaldo de los tres partidos principales (Conservador, Laborista y Liberal), propuso un texto. La primera objeción de los principales grupos de medios fue que no fueron consultados en la redacción de la Carta Real.

–La negociación interpartidaria ¿puede decirse que fue dentro de los límites del Parlamento británico?

–Fue negociado por los tres partidos principales, fuera del Parlamento. El gobierno llevó el texto acordado a la Cámara y ahí se votó. Los artículos se incluyeron en varias leyes. Por lo tanto hay una sección que se refiere al pago de “costas ejemplares” que Index on Censorship considera muy controvertida por sus alcances y que fue incorporada muy subrepticiamente a una ley sobre juzgados y acción penal. De esa misma forma hay otras partes del Informe que fueron incorporadas a otras leyes. Eso hace que no haya una sola ley sino muchos artículos a los cuales la autoridad o quien fuere puede recurrir. Pero es a través de esas diversas formas legislativas que tiene que surgir una administración de la Carta Real. Es un recurso muy arcaico, no es una ley en sí misma, es algo que concede el Consejo Privado, el cuerpo que asesora a la reina. Pueden autorizar Cartas que crean cuerpos específicos: las universidades las tienen, como la BBC. En nuestro caso, el gobierno quiere que la nueva Carta Real instale un regulador de los medios. Por ahora, los diarios no son parte de la solución, cosa que molesta. Los periódicos más grandes han hecho objeciones.

–¿El gobierno trató de hacer esto a espaldas de los demás? ¿O los partidos lo decidieron entre ellos? Necesito entender qué ha sucedido desde la creación de la Comisión Leveson hasta ahora...

–En los últimos tiempos, todo el espectro político y también todos los medios estaban a la expectativa de lo que podía resultar. Primero se nombró a los lores Patrick Hodge (de la Corte Suprema) y Guy Black antes director de la Comisión de Quejas Contra la Prensa para que encontraran un nuevo modelo. Se demoró todo porque no actuaron con la celeridad prometida. A partir de ahí el Partido Laborista, de oposición, utilizó el recurso que describí antes, de meter agregados y reformas en otras leyes en la Cámara alta (de los lores), para torcerle el brazo al gobierno. Luego, el gobierno propuso su propia reforma en la Cámara alta (lores) para detener los cambios del laborismo. Esa complicación estuvo a cargo de lord David Puttnam, más conocido como director de cine (Carrozas de fuego, 1981). La zancadilla dejó abierta al gobierno la posibilidad de introducir en la de Ley Antidifamación parte de los requerimientos de Leveson, de protección de la privacidad, cosa que el laborismo no quería. Para nosotros fue un golpe porque hace cuatro años que venimos reclamando la reforma de la ley contra la difamación...

–No sé cómo voy a explicar esto en Buenos Aires. Es una pesadilla de triquiñuelas y operaciones. Esta campaña de Index on Censorship ¿es parte de otra, contra la ley de libelo?

–Así es, logramos abolir parte de la ley contra el libelo, que era un juego legal para que los ricos y famosos ganen plata y los pobres se queden sin nada. La reemplazaron con la ley contra la difamación. Puttnam incorporó los apéndices de Leveson en esta ley. Esto parece un gesto sin fuerza porque los lores no tienen gran fuerza legislativa, pero instalan proyectos que luego se debaten y pueden quedar fijos al pasar por la Cámara baja. Eso amenazaba los cambios por los que el Index había hecho campaña. Parecía que el Partido Laborista iba a seguir en esa línea para demorar o demoler otros proyectos. Por lo tanto el gobierno de Cameron decidió que, si eso seguía, la oposición le iba a demorar o postergar todo su programa. El resultado de estas idas y venidas fue que representantes de los tres partidos principales se reunieron a las 23 horas de un domingo con algunos de los lobbistas que apoyaban la regulación (como ser el grupo HackedOff, que encabeza el actor Hugh Grant, aquel de Cuatro bodas y un funeral). El Partido Laborista llevó a la reunión a varios lobbistas, sin avisar a los conservadores. El resultado fue algo extraño y apurado y concluyó a las tres de la mañana. Al día siguiente se presentó lo acordado en la reunión y en esa tarde del lunes se votó. Al enterarse, los diarios dijeron que no apoyarían. El director de The Guardian, Alan Rusbridger, firmó un editorial pidiendo que bajaran las revoluciones y que la Comisión de Quejas contra los Medios se tomara un año para decidir cómo proceder. Con esto indicó que su diario no participaría. Luego un grupo de periódicos bastante fuertes hicieron una propuesta alternativa, que les daría mayor independencia. Por lo tanto, ahora, junio de 2013, tenemos una Carta Real del gobierno que debió debatirse en mayo por el Consejo Privado, que ha decidido estudiar la propuesta alternativa.

–¿Dónde está parado en todo esto el Consejo Privado? ¿Cómo lo explico?

–Eso no lo sé. Apenas lo comprendo yo y llevo años estudiando el tema...

–Probemos.

–El Consejo Privado es en parte un ente legislativo. Hasta hace poco tiempo era la Corte Suprema, o un supremo paralelo, si bien no estaba integrado por jueces. Hace cinco años que tenemos una Corte Suprema en este país. Antes se apelaba a la Alta Corte, formada en la Cámara de los Lores, y luego al Consejo Privado. Este estaba formado por ex ministros del gabinete, gente de la Justicia. Era un conglomerado del Establishment que actuaba como asesores de la corona. No es un grupo en las sombras ni secreto, ya no, pero tampoco es el Parlamento ni es un ente democrático. Tiene cierto poder en la creación de comisiones y el reconocimiento de autoridades.

–¿Qué significa un ente regulatorio para la prensa? Muchos países lo tienen pero varía de un lugar a otro.

–El modelo que se presenta en este momento es complicado. Hay un ente regulador de la industria, que vendría a ser algo como un Consejo Asesor para el Consumidor, como hay en energía, telefonía, etc. Antes teníamos la autorregulación de la actividad. Primero fue el Press Council (Consejo de la Prensa), luego el ya mencionado comité de quejas. Siempre hubo autorregulación, mediante Códigos de Práctica y cosas parecidas. A lo que se propone llegar ahora es la regulación mediante estatuto, cosa que significa por ley, pero con la participación voluntaria de las empresas. Entonces, lo que la burocracia va a establecer es un ente regulador y por encima de ese otro regulador que regulará al ente regulador. ¿Hasta ahí vamos claro?

–No, pero sigamos, seguramente a los abogados y a los estudiantes que leen les puede interesar.

–La estructura que mencioné es creada por Carta Real o, más bien, por los políticos en la Justicia. Y después se le agrega el Parlamento para advertir que el regulador no puede excederse en su interferencia. A eso hay que agregar la cláusula de “costas excepcionales”, antes mencionada en la ley de crímenes y juzgados, que le puede salir muy caro a una empresa periodística si pierde en un juicio. Como dije antes, la participación en el ente regulador es voluntaria, técnicamente. Pero si la empresa no está asociada al ente y pierde una causa, no tiene protección del consejo asesor del gremio y las “costas ejemplares” pueden ser devastadoras.

–Resumiendo, el ente regulador... si es que se constituye con sus cuerpos superiores y agregados y los agregaditos de legislación que introdujeron los diversos partidos políticos se consideran también además de las provisiones del ente regulador...

–Usted parece empezar a comprender. Entienda, por lo tanto, que el castigo por no integrar la comisión reguladora ya está establecido. Lo que falta es el ente regulador. Si su empresa de medios no es miembro del regulador, que no existe aún, y por ahí le hacen juicio por difamación o por invasión de privacidad, en teoría el no ser miembro del regulador puede ser tomado en su contra. Y eso puede llevar a multas feroces que son las “costas ejemplares”...

–Es una forma de obligar a todos a ser parte del grupo o del consejo y, obvio, ¿se decide en forma colectiva si se castiga o se protege a un miembro de la cofradía?

–Sí. Significa que no es necesario ser miembro, pero si decide no serlo piense en las consecuencias posibles.

–La creación del ente regulador ¿tiene fecha de inicio o razones de disolución, si fuera necesario?

–No. No hay fechas ni limitaciones por ahora, al menos que se emita otra Carta Real. El regulador del regulador va a poder considerar la labor y los procedimientos cada tantos años para saber si se está trabajando correctamente. Si su labor fuera insuficiente, puede ser disuelto, pero eso no conviene porque habría que formar otro ente regulador.

–Qué interesante y complejo, y qué bien refleja el funcionar del establishment.

–Sí.

–Hablemos de privacidad y las posibilidades de informar de la prensa sobre lo que hace otra gente a puertas cerradas. ¿Hay un nuevo concepto de privacidad que va más allá de o es una nueva versión de la antigua ley de libelo y difamación? ¿Cómo se compara Inglaterra con Francia?

–Francia tiene legislación muy estricta sobre la privacidad. Se guía por el concepto cultural de respeto a los derechos del individuo a mantener en privado su propio comportamiento. Nosotros aquí tenemos una especie de legislación en desarrollo. Tenemos la ley de Derechos Humanos que es básicamente la cooptación de la Convención Europea de Derechos Humanos, reconocemos los artículos de la Convención donde el contexto es, más que un derecho a la privacidad, el derecho a la vida en familia. Sin embargo, en casi todos los países se interpreta como privacidad a secas. No tenemos ninguna disposición constitucional que define qué es privado y qué no. Por eso usé la palabra “desarrollo”. Ha habido en los últimos años muchos casos que están buscando establecer los límites dentro de los qué se puede considerar lo privado y qué no. Ha habido mucha controversia en tiempos recientes acerca de los alcances de las cautelares, cautelares anónimas y supercautelares. En resumen, si un periódico tiene una nota sobre usted, y usted se enteró, puede recurrir a un juez y decir que no quiere que se concrete esa publicación. Esa es la cautelar normal, queda un registro judicial. El próximo paso es la cautelar anónima en donde se informa al juez que uno quiere evitar una publicación del nombre propio, que publiquen la nota pero que atribuyan a fuentes. Y la próxima es la supercautelar que va contra todos los medios para evitar una publicación. Muchas veces todos los medios saben quién interpuso, pero si se trata de una corporación grande, no se desafía. En general se considera que el mecanismo se presta al abuso. Uno de los casos más sonados es de hace unos años y refiere a una empresa petrolera y minera, Trafigura, con base en Suiza, que tiene una filial en Argentina, que metió una supercautelar para que no se diera a conocer un derrame de petróleo frente a la costa de Africa occidental que había afectado la salud de la población. La acción legal finalmente fue descarrilada por un diputado que usó su privilegio parlamentario. Fue la única forma.

–Y así va evolucionando un nuevo concepto de privacidad.

–El tema de privacidad fue en gran medida el objetivo de la Comisión Leveson. Surge de las escuchas telefónicas del News of the World utilizadas por personal de redacción e investigadores privados. El “hackeo” telefónico es técnicamente ilegal desde 2002, algo que cubre toda la gama de tecnología moderna. La evidencia grabada por la policía ha sido ilegal desde mucho antes. Aquí se trataba de “hackeo” de mensajes personales e involucraba un nuevo concepto para responder a la nueva tecnología. No es difícil entrar en cualquier equipo. Mucha gente –me incluyo– no usa la clave para entrar a la computadora. Pero aun si lo hiciera no es difícil descifrar una clave personal. En el caso del News of the World el “hackeo” era parte de la cultura de la redacción. Entraban en todo en todas partes. Cualquier persona pública era un objetivo lícito. Había cientos y cientos de personas cuyos mensajes se intervenían todo el tiempo. Eso no está bien. Y fue eso, en esencia, lo que llevó a la investigación de Leveson y a todas las causas penales que se tramitan.

La privacidad juega una parte importante del informe Leveson. Ahora, sin embargo, estamos camino a otro extremo. Siempre existe un equilibrio entre privacidad y libre expresión. Desde Leveson el péndulo se corre hacia la privacidad. Por ejemplo, uno de los extremos propuestos es que la policía no puede nombrar a un detenido, nunca. Está visto como protección de privacidad. Es problemático para la prensa. Todos podemos entender momentos en que no se debería identificar a alguien, pero trabajar bajo la regla de nunca jamás nombrar se presta al abuso: muchos saben del peligro en la represión cuando se es arrestado y no puede circular el nombre de un detenido cuya vida puede estar en peligro.

–Es extraño, los ingleses son tan reservados en torno de la privacidad que ni siquiera quieren hablar del óxido bajo el coche, y aquí estamos ante un debate mayúsculo en torno de cuánta privacidad se respeta y cuánto no.

–Es un aspecto. Hay otros, espero, que incluyen una saludable sospecha en torno de nuestros superiores, políticos y sociales. Se basa en la desconfianza de que los importantes nos pueden estar engañando o que no sabemos algo de ellos que deberíamos conocer. Espero que no se pierda esa desconfianza hacia todo funcionario o persona que pasa por el poder.

–¿Cuál es la posición tomada por una revista especializada como Index on Censorship?

–Nos preocupa principalmente que la instauración de un ente regulador a través del Parlamento signifique que los políticos puedan maniobrar hasta llegar a una posición por encima de los medios. Tenemos leyes de difamación, de privacidad, de protección de datos, pero se refieren a toda la sociedad, no sólo la prensa. Son universales. Lo que se ha creado aquí con las “costas ejemplares” es un sistema en el que la prensa está en una esquina y todos los demás en otra. Casi vendría a ser una Justicia diferencial. La otra consideración es fascinante y refleja la incoherencia de la legislación. Tiene que ver con que nadie sabe ya cómo definir a la prensa. ¿Qué es? Hubo un momento divertido, cuando se inició todo este proceso, que nos preguntábamos a quién afectaba. Las disposiciones decían que afectaba “a los editores específicos de material relacionado con la noticia”. ¿Qué es una noticia, qué es un editor? Hace veinte o treinta años se requería una imprenta, una redacción, un editor. Ahora hay blogueros. Son editores, ¿no? Cuando se conoció el informe Leveson era evidente que en el apuro por producir una legislación quedaron muchas consideraciones afuera. Cuando se conoció el informe, la editora de un sitio digital enorme, Mumset, leído por millones, llamó al Ministerio de Cultura para saber si estaba incluido su sitio. Le dijeron que no sabían.

La legislación está mal. Hubo mucho apuro. Cuando un primer ministro anuncia que va a introducir la legislación más dura, no la más justa, algo anda mal. No se debe crear un mecanismo en el que el Estado puede influir en la información y la prensa.