La abogada Luz Patricia Mejía, secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), hace un balance sobre los 20 años de aplicación de una convención que fue la primera en hablar de la violencia contra las mujeres en términos de derechos humanos. Dice que 20 años son pocos todavía para erradicar la violencia y que “el gran desafío es poder deconstruir los estereotipos de género que profundizan la violencia contra las mujeres”. Si bien los países progresistas de la región en general ponen en agenda algunos temas fundamentales para las mujeres, también observa claras resistencias: “Con el tema aborto, que es uno de los temas de violencia institucionalizada más brutales contra las mujeres, no están logrando los avances que quisiéramos”.

–Se cumplen 20 años de Belém do Pará y están presentando una Guía para la aplicación de la Convención, ¿por qué todavía falta una guía?

–La Convención tiene como dos maneras de verla. Una es verla como la primera Convención que reconoce el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia como un derecho humano y que estableció y generó una cantidad de estructuras y andamiaje muy importante en la región respecto de visibilizar la situación de las mujeres frente a la violencia. Pero al mismo tiempo, la violencia está tan enraizada en nuestra cultura –la violencia contra las mujeres, las desigualdades entre varones y mujeres–, que más allá de la Convención, lo que está permeado en las sociedades americanas es que la violencia es de un orden natural. Entonces si bien tenemos estructuras, leyes, planes nacionales, algunos mecanismos de garantías, tanto hombres como mujeres seguimos teniendo una cultura arraigada en el machismo.

–Veinte años no es nada...

–Claro, veinte años después todavía nos damos cuenta de que tenemos que seguir deconstruyendo esos valores con los que fue construido el estado moderno.

–Si lo pensamos históricamente, ¿qué significó en su momento esta Convención?

–Siempre pienso en la Convención como un logro en la lucha del movimiento de mujeres, feminista, por visibilizar una situación que tenía ribetes de prácticamente delitos de lesa humanidad a lo largo y ancho de la región, sin que hubieran sido identificados como tales. Si nosotros miramos hacia atrás, antes del año ’94, ya se había empezado a hablar de una manera permanente y clara de las grandes violaciones de derechos humanos que ha vivido la humanidad y sin embargo nunca se había destacado el impacto diferenciado que alguna de esas mismas violaciones habían tenido en las mujeres. De hecho, la Argentina es un claro ejemplo, donde ha habido una reconstrucción histórica sobre lo que fueron los años de la dictadura y se han generado estructuras, quizá las más importantes de la región y del mundo en materia de reconstrucción de memoria histórica, y recién ahora se están empezando a reconocer los tipos de violencia de los que fueron víctimas las mujeres. Y esa distinción y esa posibilidad son un aporte que ha hecho claramente Belém do Pará, que fue no solo pionera sino revolucionaria.

–¿Está ratificada por toda la región?

–Sólo Estados Unidos y Canadá no son parte.

–¿El mayor logro entonces fue instalar en la agenda la violencia contra las mujeres?

–Instalar en la agenda el derecho a vivir una vida libre de violencia. O sea, establecerlo como un derecho humano, a la integridad, a la vida de las mujeres.

–¿Cuáles son los obstáculos para su aplicación? Por ejemplo, las mujeres siguen teniendo muchos problemas para acceder a la Justicia.

–Se han diagnosticado muy claramente los obstáculos para el acceso a la Justicia: la concentración de los tribunales, el desconocimiento y la falta de formación de jueces y operadores y operadoras de Justicia, la falta de sensibilización, como toda una cadena de sucesos que impide a las mujeres llegar a la Justicia. Pero yo creo que 20 años después el gran desafío es poder deconstruir los estereotipos de género que profundizan la violencia contra las mujeres.

–¿Y para eso qué hay que hacer?

–Tenemos que trabajar profundamente todavía en visibilizar los estereotipos, porque son algo con lo que convivimos permanentemente y que tenemos tan naturalizado que incluso las madres que trabajamos en esto, que somos las convencidas, todavía no podemos sustraer a nuestros hijos e hijas de un sistema educativo que reproduce a lo largo y a lo ancho de toda la región el modelo patriarcal de desigualdades de poder. Seguimos teniendo niñas que aprenden a leer diciendo “mamá amasa la masa y papá fuma la pipa”. Ese modelo no sólo lo vemos en la educación formal, sino que lo estamos viendo en los medios de comunicación, la publicidad, los programas masivos de diversión. Seguimos teniendo un proceso muy complejo para poder avanzar no sólo en las estructuras formales, no sólo en la cantidad de tribunales que atienden a mujeres, no sólo en la cantidad de jueces y fiscales que se forman, sino entre los hombres y las mujeres y la manera en que se posicionan en esas relaciones. En todas las relaciones de poder, no sólo hablo de la relación de pareja o ex pareja, sino de profesores-estudiantas, médicos-pacientes, en las relaciones donde las mujeres seguimos peligrando. Cuando nos planteamos que no es la calle el lugar de mayor peligro para las mujeres, sino que son sus casas, sus trabajos, su escuela o sus centros de salud, porque es allí donde las mujeres reportan cada vez ser víctimas de violencia, estamos hablando de una sociedad que todavía tiene mucho por hacer en cuanto a entender que las mujeres no somos objetos sino sujetos de derechos.

–Al avanzar en la visibilización aparecen ciertas resistencias y los planteos de “¿y los hombres que reciben violencia?” ¿Qué hacer frente a esos planteos?

–Todos los estudios que han soportado la tesis de la necesidad de visibilizar la violencia contra las mujeres hablan de que vivimos en países violentos, eso sin lugar a dudas; algunos más violentos que otros, algunos con conflictos armados, con la lucha contra las drogas, en fin, tenemos una multiplicidad de situaciones violentas a lo largo de la región, a las que hay que prestar atención. La diferencia en el planteamiento de hombres víctimas de violencia y mujeres víctimas de violencia es que los hombres que son víctimas de violencia, que en efecto hay un grupo etario más propenso a ser víctima de violencia, que son los jóvenes, son en general víctimas por terceros que no son familias, ni amigos, ni compañeros, y el espacio de inseguridad se da en la calle, en el marco de otras relaciones que no necesariamente son de poder. Cuando el movimiento feminista y el de mujeres se plantearon reconstruir y evidenciar la situación de las mujeres fue porque el riesgo de las mujeres a su integridad física y psicológica se daba en los espacios donde deberían estar más seguras. ¿Cuáles son esos espacios? El espacio del hogar, de la escuela, del trabajo. Y es allí donde se marca una clara diferencia. Por supuesto que hay hombres víctimas de violencia en el seno familiar, pero la proporción es tan ínfima que no requiere un llamado de atención. En el caso de la violencia contra las mujeres, las cifras son enormes. En la Ciudad de Buenos Aires nomás el año pasado se recibían 8000 denuncias.

–¿Son los datos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema?

–Sí.

–Aun así se insiste con los argumentos que desacreditan...

–La construcción donde los hombres tienen ciertos privilegios determina que no se pueda ver que las mujeres están sufriendo los daños que la sociedad no reporta como daños. Si en un año se tienen las mismas denuncias de agresión a taxistas, 8000, por poner un ejemplo, en cualquier país del mundo habría una alarma. Cuando ponemos esa cifra comparativamente con las mujeres, la reacción no es la misma. Y no es la misma porque tenemos un problema de estereotipos, de naturalización de la violencia contra las mujeres y claramente de relaciones desiguales de poder.

–En varios países de la región hay gobiernos progresistas, ¿cómo han trabajado en relación con la violencia?

–Creo que las agendas progresistas en general ponen en agenda algunos temas que para las mujeres son fundamentales, sin embargo, creo que también existen unas claras resistencias. Por ejemplo, varios países de la región que son progresistas, con el tema aborto, que es uno de los temas de violencia institucionalizada contra las mujeres más brutales, no están logrando los avances que quisiéramos. Incluso no se puede discutir abiertamente el tema. El sistema internacional de protección de derechos humanos, tanto universal como interamericano, ha dicho claramente que la prohibición absoluta del aborto atenta contra los derechos de las mujeres y que puede ser comparada con tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Es evidente que en los países con muchas más políticas sociales han tenido un impacto muy importante los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres. Por ejemplo, el reconocimiento del trabajo en el hogar, del derecho al cuidado, de la seguridad social para las amas de casa, son parte de una agenda progresista que ha avanzado mucho en la región y que pone a los estados que no han tenido esta agenda en la lupa para poder avanzar. Sin embargo, la región sigue siendo la de mayores índices de feminización de la pobreza, frente a otros índices de desarrollo.

–En la guía recomiendan que los estados contemplen políticas específicas para las mujeres que tienen mayor vulneración de derechos. Por ejemplo, en estos días se conoció acá el caso de una mujer indígena condenada por matar a su pareja, que no entendía el idioma, y recién después de haber estado presa, en el juicio, le pusieron una traductora.

–Hay dos casos en el sistema interamericano que son paradigmáticos, porque permiten evidenciar la gravedad de esta situación. Dos mujeres indígenas mexicanas, que no hablan el idioma oficial, que viven en zonas rurales, que no tienen organismos públicos que puedan recibir la renuncia... y a lo largo de todo el proceso no se pueden comunicar. Esos casos ponen de manifiesto una realidad periférica en relación con las mujeres indígenas y el acceso a la Justicia desde dos perspectivas, desde la Justicia occidental e incluso dentro de la misma dinámica de la justicia comunitaria en los estados que la reconocen o en las comunidades que tienen un ejercicio permanente de justicia comunitaria. De los 32 estados ninguno reportó acceso a la justicia de las mujeres en el marco de los propios procesos internos comunitarios. Ninguna de las dos justicias tiene perspectiva de género para esos grupos que tienen mayor grado de vulnerabilidad. Y eso no es ni siquiera comparable con la situación de las mujeres con discapacidad, que es un tema que todavía no hemos abordado; o de las lesbianas y transexuales. Cuando ponemos la lupa en la discriminación de las mujeres lesbianas, transexuales, vemos que Belém do Pará es demasiado joven para haber incidido en una agenda de esas características.

–También se dice en la guía que “falta mayor evidencia” de políticas públicas que se traduzcan en mayor presupuesto, planes nacionales, campañas...

–La región se caracteriza por dos cosas. Gracias a Belém do Pará, 29 estados de la región, de 32, tienen legislación específica de protección a la mujer. Este es un cambio paradigmático respecto de veinte años atrás, donde no había este tipo de leyes. Luego, lo segundo, es que la mayoría de los países tienen instituciones nacionales competentes para trabajar el tema de género. Pero cuando nosotros ponemos la lupa, que es el trabajo que hace el mecanismo de seguimiento de la convención de Belém do Pará, lo que podemos evidenciar es que, por ejemplo, de 32 estados sólo siete reportan tener presupuestos específicos y diferenciados para temas de género. No sólo lo que tiene que ver con el presupuesto que se le asigna a la autoridad nacional competente, sino que tienen presupuestos asignados para ejecutar programas de acceso a la Justicia, a la educación, de prevención y de reeducación de la violencia. Evidentemente, cuando se pone el foco en esos siete países, frente a los gastos y otras erogaciones presupuestarias por otros temas, nos damos cuenta de que sigue habiendo una importantísima brecha entre las posibilidades de realización de lo que establece la ley, la posibilidad que establece el plan nacional y lo que en determinadas circunstancias termina recibiendo la mujer efectivamente.

–O sea que sólo siete países tienen presupuesto específico pero además ese presupuesto es bajo en relación con otros temas.

–Sí. Seguimos teniendo ahí una brecha muy importante.

–¿Y Argentina cómo está?

–Argentina tiene unos avances importantes en todo lo que tiene que ver con la implementación de la ley integral contra la violencia. Es un paso más allá de sólo tener legislación, es una legislación que prevé unas estructuras más allá del reconocimiento formal del derecho. Argentina tiene un avance muy importante también en programas específicos, por ejemplo, en la posibilidad de que las mujeres víctimas de violencia ingresen a programas sociales para su recuperación no sólo emocional y psicológica sino que se genere un empoderamiento en la capacidad de romper con el círculo de la violencia. Argentina también tiene desafíos muy importantes como el levantamiento de información estadística y evidencia cierta de cuál es la situación; y el bajar de la declaratoria formal desde lo federal hasta lo provincial. Porque en la información que nosotras recibimos es que evidentemente la OVD tiene cifras, sin embargo no estamos sabiendo qué está pasando en las regiones, sobre todo en las más alejadas. Y no sólo no lo estamos sabiendo nosotros sino que no lo está sabiendo el gobierno federal y seguramente no lo conocen las gobernaciones de esas provincias. Con lo cual la posibilidad de abordar políticas públicas efectivas, con seguimiento, con presupuesto, con capacidad de incidencia en la realidad de las mujeres es mínima. Luego otros desafíos son que no tenemos un registro único en Argentina que nos permita identificar que ese agresor que agredió a una mujer en Chubut es el mismo que agredió a una mujer en Santa Fe, en Tucumán o en otra provincia. Ese es un elemento que tampoco tenemos en el resto de la región pero allí sí tenemos avances como ir identificando estadísticamente cómo es la realidad y qué sectores afectan más o no, cuál es la incidencia que tienen en grupos determinados. De todos modos, en el caso de Argentina se han ido viendo progresos. La primera recomendación que hizo el mecanismo hace unos años fue la necesidad de tener una ley integral, que ya se tuvo en el 2009. La otra es la visibilización del femicidio que ya se está discutiendo muy claramente y que se incorporó legislativamente. El otro tema es que se derogó la posibilidad de que el violador se casara con la víctima. Pero eso fue hace muy poco. Hasta hace tres o cuatro años en Argentina el violador se podía casar con la víctima y era perdonado. Evidentemente veinte años parecen mucho pero es muy poco. En Argentina la existencia de la ley nosotros lo relevamos como muy muy importante, porque es un cambio de declaratoria de cuáles son los derechos que tenemos. Pero, bueno, los desafíos siguen siendo muy grandes.