“La radiodifusión es mucho más que un espacio de mercado, por eso el Estado debe garantizar que el modelo comercial no predomine por sobre el comunitario o sobre el privado sin fines de lucro.” Así, tajante, definió su posición el diputado kirchnerista Osvaldo Nemirovsci, presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, en un diálogo desde Bariloche con Página/12, en el que ratificó los lineamientos del borrador de la Ley de Radiodifusión. El legislador rionegrino aseguró que el proyecto sigue contando con la adhesión de la Casa Rosada pero no arriesgó un pronóstico acerca de cuándo será enviado al Congreso. Además, defendió la creación de un defensor de los oyentes y televidentes, mencionó la necesidad de limitar la publicidad en la televisión por cable. “Al menos estoy con mi familia y puedo dormir en mi cama”, comentó Nemirovsci sobre sus horas entre el descanso y las reuniones de la campaña política.

–A principio de año usted dijo a este diario que tenía el apoyo del Presidente para impulsar la nueva Ley de Radiodifusión. ¿Sigue teniéndolo?

–Era el comienzo del estudio de la ley. La Ley de Radiodifusión es claramente fijadora de políticas públicas y los ámbitos de aplicación se dan en el Ejecutivo, por eso los ritmos y tiempos los tiene que marcar el Ejecutivo. Yo pongo ideas en borrador junto con ellos. Pero el Ejecutivo decidirá en qué momento tiene intenciones de mandar la ley al Congreso. Sí coincidimos con el Ejecutivo sobre los motivos y la necesidad de tener una Ley de Radiodifusión en democracia.

–¿Por ejemplo?

–La actual es una ley del año ’80 con una impronta doctrinaria autoritaria, firmada por Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz, que ofende por la mora democrática que hay en su modificación. No posee un equilibrio entre derecho y tecnología, no contempla Internet, cable, modulación de frecuencia, satélite, alta definición y digitalización. Me parece, después el Ejecutivo verá, que tiene que haber una fuerte defensa de usuarios y consumidores, que nunca fueron tomados en cuenta porque en los ’80 no existía protección para ellos. Todos los elementos regulaban al emisor pero hoy la mirada más moderna es la bidireccionalidad. Usuarios y consumidores son los que hacen que exista un medio de comunicación, sino sería un medio de información. Por esto es necesaria una ley nueva.

–Precisamente este punto generó polémica, la creación de un ombudsman de los oyentes y de los televidentes.

–Con esto no comprometo al Ejecutivo, es una idea mía que tiene que haber un ombudsman de los medios. Pero no de los contenidos, eso es un delirio que algunos medios creen que este gobierno que es democrático va a volver a esquemas de censura. El ombudsman tiene que proteger a usuarios en una suerte de contrato virtual, que intervenga cada vez que una programación no se cumple, en cuanto a horarios o protección al menor. Tiene que actuar cuando un avance televisivo dice “a las diez de la noche se va a dar tal cosa” y lo dan diez y cuarto porque quisieron pasar más tanda publicitaria.

–Suena interesante pero, ¿pasará las presiones empresarias?

–Bueno, cada vez que me llaman me hablan de este tema. Quiero recuperar el ejercicio administrador del Estado en el espectro radioeléctrico. Las frecuencias de radiodifusión no son propiedad de ningún titular de licencias. Son un bien de la humanidad, y una construcción social del pueblo argentino. Hay 86 años de esfuerzo para tener un espectro radioeléctrico. El Estado las tiene que administrar y las da en uso con modalidad de gestión privada. Por eso, en su papel regulador puede poner tranquilamente un defensor público de los usuarios.

–¿Sería posible controlar los excesos en las tandas?

–Mi idea en publicidad es mantener el tope de 12 minutos por hora en televisión, 14 en radio y limitarla en las señales de cable. No pueden tener lo mismo que la TV abierta, que se sustenta sólo con la pauta. También hay que pensar qué hacemos con las señales que emiten películas, si vamos a poner en riesgo sus contenidos con los cortes cuando se ofrece una obra cultural como es una película que debería verse entera. Pero esto da para el debate. Como filosofía de la ley, también se trata de fijar los modos de gestión de los medios que la ley anterior no los tiene.

–¿Cuáles son?

–El público, con la creación del sistema nacional de medios públicos, Canal 7, Radio Nacional y las emisoras que tienen que garantizar la accesibilidad regional y social a la información y al entretenimiento; el privado con fines de lucro, y el privado sin fines de lucro, que abarca a las emisoras comunitarias, religiosas y demás. Y el sistema tiene que reservar espectro para cada uno. El papel del Estado es clave porque debe garantizar que ninguna de estas expresiones predomine como viene ocurriendo, que predomina la comercial. La radiodifusión es mucho más que un espacio de mercado, es un modo de vinculación entre la gente y es un ejercicio del derecho humano de la comunicación. Esta nueva concepción filosófica y administrativa del Estado tiene que dar una nueva ley.

–También hay polémica respecto del número de frecuencias que pueda tener una misma empresa o licenciatario. ¿Cuál debe ser el límite?

–Como todo número es discutible, pero a mi juicio empiezo a discutir de doce para abajo. Veinticuatro me parece exagerado (N.d.R.: Esa es la cifra a la que se llegó con la ampliación que propició el menemismo). Hay que adecuar el sistema para evitar la concentración de medios mediante conceptos como el de la audiencia potencial. Esto es, que nadie pueda llegar a más del 40 por ciento de la audiencia potencial de un área de cobertura primaria para evitar que una sola persona tenga incidencia y poder informativo definitivo.

–¿Es posible llevar esta idea a la práctica?

–Me parece que un gobierno que avanzó con los acreedores externos, que modificó la Corte Suprema, que tiene una política de derechos humanos, que hizo crecer el PBI un 9 por ciento por año, ¿por qué no va a tener una ley democrática y moderna de radiodifusión? Confío en que lo vamos a hacer.

–Sin embargo, este gobierno prorrogó por decreto las licencias de quienes actualmente concentran los medios.

–El decreto 527, que suspendió los plazos de las licencias, benefició a todos los licenciatarios, incluso a los pequeños. Fue una respuesta que dio certeza y previsibilidad a los radiodifusores privados. No juzgo un decreto del Ejecutivo, digo que habrá sido ése el motivo, aunque yo tengo otra mirada. Pero luego se modificó el artículo 45 de la ley, que abrió el espectro a sociedades no comerciales, de capital social y mutuales. Ahora estamos en condiciones de abordar la necesidad legal de la radiodifusión en democracia con una nueva ley. Y la verdad es que no es contra los medios, ni es producto de una situación coyuntural porque hace dos años que venimos con esto. No tiene que ver con una situación conflictiva con los medios. Si no hay ley en la radiodifusión está la ley de la selva.

–Pero una ley con estas características no se condice con la decisión de extender las licencias sin requisito alguno.

–A mí me parece que en un año y medio se modificó la relación de fuerzas. Aquello fue una respuesta puntual a un sector determinado, y ahora va a haber una ley que dará respuesta integral a toda la radiodifusión. Yo quiero que sea con esta impronta pero me subordino al Ejecutivo, que será el organismo de aplicación.

–¿El Presidente coincide con su visión de la radiodifusión?

–Sí, porque es un hombre de mirada moderna sobre este tema. Cuando vemos la legislación comparada encontramos que las leyes de otros países prohíben la concentración de medios porque atenta contra la diversidad y la democracia informativa. Y también habrá que legislar el cable.

–¿Hubo retoques de funcionarios del Gobierno en el borrador inicial?

–Hubo algunas modificaciones y aportes del secretario de Medio, Enrique Albistur, en el tema de medios públicos. Pero no cambian la esencia del proyecto inicial. Todos coincidimos en que tiene que haber un sistema de medios públicos no gubernamental, controlado por una comisión bicameral y un consejo asesor ad honorem de académicos, trabajadores y organizaciones de la sociedad.

–¿Qué pasó con las rondas de consenso en el interior?

–Se iban a hacer sobre la base de la presentación de la ley, pero coincidimos con el Ejecutivo en que primero había que elaborar la ley.

–¿Qué piden los grandes telerradiodifusores y los pequeños?

–Los grandes van desde no ponerle límite horario a la publicidad hasta no ponerles límite a las licencias. Además plantean la subsidiariedad del Estado, es decir, que el Estado vaya a operar donde no hay significancia económica, donde no van los privados. Para nosotros no es así, tiene que ir a todos lados. Ellos dicen, a Canal 7 lo tiramos al rincón del aburrimiento. Yo digo, tengamos la mejor ficción, el mejor deporte. Y para eso necesita recursos y buena ubicación en la pauta publicitaria. Los chicos plantean cosas duras como que las licencias no se puedan transferir, que sean más cortas y que no puedan ser renovadas. Pero no legislamos para ninguno de los dos, sino para la Nación y las necesidades de comunicación del Estado.

–¿La comisión de radiodifusión de la que habla el proyecto reemplazará al Comfer? ¿Por eso fue que su titular, Julio Bárbaro, dijo que no es necesaria una nueva ley?

–Lo dijo hace cuatro o cinco meses. Ahora está de acuerdo con el proyecto. Y el Comfer será el organismo de aplicación, tomando en sus manos aspectos que ahora hace la comisión de comunicaciones, como el plan técnico, para fijar cuántas frecuencias habrá en el espectro.