En octubre pasado, en la última siembra de soja, el precio internacional del cereal era de 356 dólares la tonelada. Pequeños, medianos y grandes productores proyectaban ingresos de 231,4 dólares la tonelada, previo pago de 124,6 dólares de retenciones. De aquel momento a la actualidad ocurrieron dos cosas: se disparó el precio internacional de la soja, a 470 dólares la tonelada, y subieron las retenciones, de 35 a 40 puntos porcentuales. Los productores ya no tendrán que liquidar 124,6 dólares por tonelada de derecho de exportación, como estimaban en octubre, sino bastante más: 188 dólares. Sin embargo, como el incremento del precio de la soja fue mayor, sus ingresos no caerán, sino que igualmente serán más altos de lo previsto: 282 dólares la tonelada, en lugar de 231,4.

Los datos figuran en un informe del Ministerio de Economía. Martín Lousteau tuvo ayer la responsabilidad de explicar la necesidad y conveniencia de las retenciones móviles. “No hay absolutamente ningún elemento para modificarlas”, descartó, en un desfile por radios y canales de televisión. Hacia el final de la tarde, sin embargo, las versiones sobre su inminente renuncia empezaron a arreciar, y el propio ministro lo negó a través de la prensa. “Sinceramente no pensé” en dejar el cargo, indicó y atribuyó los rumores a una maniobra política. “Hay segundas intenciones de personajes que echan a correr estas versiones”, atacó, sin dar nombres. Más temprano, el ex presidente Eduardo Duhalde había manifestado que los ministros son fusibles y que, si el de Economía se equivocó, “tendrá que irse”.

En el Palacio de Hacienda estiman que lo más conveniente es ir bajando los decibeles a la confrontación, dejar pasar un par de días y luego buscar algún canal de negociación con los ruralistas. Entre tanto, evitar el desabastecimiento a través del envío de hacienda “de algunos amigos productores”, además del Ejército y la Armada. Y no descartan que se use la fuerza pública para despejar algunos accesos. Entre tanto, Lousteau remarcó que los faltantes en las góndolas son “exclusiva responsabilidad” de los que están cortando las rutas.

Además de mostrar cómo los números siguen siendo favorables a los productores a pesar del incremento de las retenciones, Lousteau advirtió sobre las consecuencias que tendría para los consumidores su eliminación. “El aceite mezcla costaría 12 pesos, el kilo de asado valdría 20 pesos, la leche estaría cerca de 3,5 y el kilo de pan saldría 1,5 peso más”, estimó. El mensaje estuvo dirigido a los sectores urbanos que adhirieron a la protesta del campo. El Gobierno considera que una parte de esa gente no alcanza a comprender que las retenciones buscan proteger el poder adquisitivo de sus ingresos. Cristina Fernández remarcó en su discurso de anteayer que es una medida redistributiva, ya que capta una porción de la renta extraordinaria de un sector económico favorecido por la política de dólar alto y lo vuelca a la sociedad a través de obras y cobertura asistencial.

Las retenciones desligan el precio internacional de los cereales del que se aplica al mercado interno. Abarata, por ejemplo, el maíz que utilizan productores avícolas y ganaderos para alimentar sus animales, señaló Lousteau. El ministro sostuvo que al fijarse un nivel de retenciones más alto para la soja, se alienta de manera indirecta otras producciones, como la de maíz y trigo, y se promueve la incorporación de valor agregado. “Se generan incentivos para exportar proteínas en lugar de granos, lo que significa empleo e ingresos para la economía argentina”, afirman en el Palacio de Hacienda.

“Tenemos que tomar conciencia de que hay un contexto mundial donde el precio de los alimentos es el más alto desde 1845; repito, el más alto desde 1845”, sentenció el ministro. “Y la pregunta es cómo se distribuye esa renta. Hay gente que no quiere que haya redistribución de la renta, y es evidente porque votó en contra del Gobierno”, interpretó. Lousteau transmitió la postura oficial respecto de los cacerolazos. Sostuvo que son promovidos por figuras como Elisa Carrió, la Coalición Cívica en general y el PRO. “Qué tiene que ver el pequeño productor con la gente de Santa Fe y Callao. No creo que el pequeño productor se vea representado por ellos”, juzgó.