Sin arribar a un acuerdo, pero evitando que “la sangre llegara al río” –según la expresión utilizada por un funcionario–, entidades agropecuarias y Gobierno pasaron a un cuarto intermedio hasta hoy en las negociaciones para lograr una “normalización” del mercado triguero. El resultado surgió de la reunión técnica, como se la denominó, que se realizó por la tarde en la Secretaría de Agricultura. El encuentro, presidido por Javier de Urquiza, sustituyó al que había sido convocado por la Jefatura de Gabinete con los máximos dirigentes de las cuatro entidades agropecuarias. El Gobierno había hecho llegar, informalmente, una propuesta a las organizaciones rurales para “ordenar” el mercado triguero poniendo como eje de la comercialización a las principales firmas exportadoras, que iban a ser las responsables de asegurar que los productores, en su totalidad, percibieran el precio de referencia que fijaría el Gobierno. Al ser rechazada por las entidades, la propuesta volvió al nivel técnico para estudiar una alternativa. Los voceros del sector productor, en declaraciones posteriores al encuentro, fueron prudentes, pero no dejaron de marcar las diferencias con respecto a la propuesta. “Por ahora, estamos en veredas opuestas”, sintetizó Eduardo Buzzi, de Federación Agraria.

Las negociaciones entre el campo y el Gobierno se encuadraron en el tratamiento por temas, buscando arribar a acuerdos en cada uno de ellos. La semana pasada se firmó el acuerdo marco para ganados y carnes, aunque esta semana surgieron problemas de implementación. La Comisión de Lechería empezó la discusión pero el Gobierno, hasta ahora, no pasó de “tomar nota” de los reclamos. Más cerca de un acuerdo está la Comisión de Economías Regionales, principalmente en torno de las compensaciones a Tabaco y Arroz.

La Comisión de Trigo es una de las que presenta mayor interés político. Particularmente, porque involucra a una alta proporción de pequeños productores –alrededor de 50 mil–. El planteo de las entidades que los representan es que las restricciones al precio de compra del grano impuesto a los molineros terminó perjudicando a los productores y beneficiando en igual proporción a los exportadores. “Estamos perdiendo 10 mil pesos por camión, que no van a parar al fisco”, reclaman los representantes chacareros. En este marco de confrontación de intereses entre pequeños productores y grandes exportadores, el Gobierno, a través del Secretario de Comercio Interior, lanzó la propuesta de darle la manija del mercado a estos últimos. La respuesta obvia fue el rechazo.

Según relataron los participantes de las negociaciones, el plan Moreno –o plan Cargill, como se lo rebautizó, por el nombre de la mayor firma exportadora de granos en el país– consistía en asegurarle al productor un precio “administrado” por el gobierno nacional, a partir de la cotización internacional, a la que se le restarían las retenciones a la exportación y los costos de comercialización. Las compañías exportadoras –el mercado triguero está dominado por cinco– tendrían la responsabilidad de comprar todo el trigo que se les ofrezca y, con ese volumen, les deberían asegurar el abastecimiento a los molinos. La diferencia resultante (el excedente) quedaría como saldo exportable.

Guillermo Moreno ya había adelantado esta propuesta en el primer semestre del año pasado. Entonces, como ahora, fue rechazada. El sector molinero está monopolizado por empresas vinculadas con las exportadoras –Cargill, principalmente–, que según el esquema propuesto pasarían a depender del abastecimiento de las exportadoras. “En el mercado argentino existen 35 calidades diferentes de trigo, que no están tipificadas ni clasificadas”, explicó un especialista en comercialización agrícola. “Cargill y las otras empresas con molinos vinculados van a comprar activamente, y con toda lógica van a entregar el trigo de mejor calidad a sus vinculadas y a los molineros más chicos el peor, y todo al mismo precio”, especuló el analista. “Este camino lleva definitivamente a la desaparición de los más chicos y a la concentración del mercado molinero”, pronosticó.

La solución alternativa planteada por las entidades agrícolas es que, de haber una regulación como la propuesta, sea administrada por un comité en el que formen parte representantes de los molinos más chicos y de la producción. Además, proponen que las operaciones no se hagan por compra directa de los exportadores a la producción, sino que los molinos puedan adquirir en el mercado a término sus necesidades para el año. “Un molino que consume, por ejemplo, 500 toneladas podría cerrar operaciones por 200 toneladas para octubre, 200 para diciembre y otras 100 para marzo del año siguiente, y el costo para el fisco podría ser, cuanto mucho, el seguro de caución que está obligado a depositar cualquier operador del mercado a término y que los chicos no están en condiciones de solventar”, proponen. Así, además, le daría un horizonte de demanda y precio al productor que, por el camino alternativo, no tiene, ya que las compras estarían concentradas en pocas manos y el precio dependería de una resolución oficial, “que hoy define un funcionario pero, si este no está más, quién sabe qué hará el que viene”, advierten.

Los operadores del mercado triguero aseguran que hoy no se sabe cuánto trigo hay, el país está perdiendo mercados y, encima, se está sacrificando al productor en función de mantener los precios internos, cuando el trigo y el producto final han perdido toda relación. Un kilogramo de trigo cuesta alrededor de 60 centavos, mientras un kilo de pan está entre 3,50 y cinco pesos y un kilo de fideos secos, seis pesos. La materia prima no representa más que el 15 por ciento del precio final en un caso y el 10 por ciento en otro. Desde ese punto de vista, no tendría sentido seguir pisando el precio del grano si no se opera sobre otros costos. No es lo que piensa la Secretaría de Comercio.

Hoy volverán a enfrentarse las dos concepciones del problema. La posibilidad de un acuerdo dependerá, más que nunca, de la voluntad política que exista. Afuera, muchos esperan ansiosos un fracaso para seguir mellando el poder y representatividad del Gobierno. Y quizás, también, de algunos dirigentes.