La economía debería crecer 3 por ciento en 2003, la inflación llegaría al 22 por ciento y el dólar costaría 3,63 pesos. Esas son algunas de las principales variables que figuran en el proyecto de Presupuesto 2003 que Roberto Lavagna presentó ayer al Congreso. También se computan partidas para reponer el 13 por ciento en los salarios de empleados públicos y jubilados y 5100 millones de pesos para programas sociales, de los cuales 3700 millones serán para mantener la cantidad de beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar. La iniciativa contempla asimismo una partida de 3500 millones de pesos de libre disponibilidad para que el próximo gobierno decida sobre su uso. Estos son los datos que el ministro de Economía resaltó en su exposición ante los diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El proyecto fijó una serie de gastos prioritarios y después estipuló recortes en varias áreas para cumplir con las exigencias fiscales del FMI.
El titular de Hacienda se reservó la información sobre cuáles son los gastos que se suprimen, que recién se conocerá cuando el Ministerio de Economía entregue todas las planillas a los legisladores. Como suele ocurrir cada año en la presentación del Presupuesto, el ministro de turno da a conocer los lineamientos generales y escamotea la información más sustancial, con el desglose de las partidas. Allí es donde se advierte qué gastos fueron eliminados y que da lugar a los mayores tironeos políticos.
Una primera evaluación con los datos conocidos ayer es que, a pesar del default, el Gobierno está dispuesto a desembolsar 14.579,4 millones de pesos (4016 millones de dólares, con el tipo de cambio a 3,63) para cubrir vencimientos de intereses de la deuda. Esa cifra representa nada menos que el 22 por ciento del total del gasto de la administración nacional para el próximo año.
Los pagos serán en favor del FMI y de otros organismos multilaterales, y de los bancos, AFJP y fondos comunes de inversión que poseen préstamos garantizados pesificados. Lavagna dio por sentada la refinanciación de 55.489,8 millones de pesos que habría que pagar en concepto de vencimientos de capital. Es decir que la Argentina seguirá en default, pero para no extenderlo a los organismos de crédito resignará casi una cuarta parte del total de partidas para cumplir con ellos. Este dato se conoció el mismo día en que la subgerenta del FMI, Anne Krueger, advirtió al Gobierno por las consecuencias de caer en cesación de pagos con el organismo.
Los gastos totales de la Nación serán por 66.173 millones de pesos, contra ingresos por 62.268,1 millones. Esto arroja un déficit de 3904,9 millones de pesos. “El financiamiento para el próximo año (para cubrir este déficit) estaría dado por los organismos internacionales y otras fuentes de crédito”, señala el texto que recibieron los legisladores. Lavagna destacó que “será el déficit más bajo de la última década”, mientras que el gasto público “será uno de los más pequeños de los últimos años”. El proyecto sin los anexos de gastos específicos entrega sólo una pista de por dónde vendrá el tijeretazo. Se menciona textualmente “la necesidad de racionalizar la estructura burocrática” del Estado. En esta área “se actuó con firmeza en el recorte de asignaciones”.
Por otro lado, Lavagna habló de gastos prioritarios, entre los que identificó “al gasto social, regional y en ciencia y tecnología”. Sobre partidas totales por 51.500 millones de pesos (excluyendo los fondos para cubrir intereses de la deuda con organismos) dijo que un “10 por ciento, 5100 millones, serán para programas sociales”. En concreto, señaló que para el programa Jefes y Jefas de Hogar “se derivarán 3700 millones de pesos”, mientras que para los programas regionales habrá 1060 millones, y para Ciencia y Tecnología, 706 millones. En las partidas para remuneraciones no se menciona si están incluidos los fondos para pagar el incentivo docente. Por el lado de los ingresos, Lavagna mencionó que no habrá un aumento de la presión tributaria. Sin embargo, se contempla la eliminación de las exenciones vigentes en los planes de competitividad y Economía enviará al Congreso un listado con la supresión de otras exenciones impositivas, que el ministro ayer no detalló. En cambio, dijo que se estudia establecer que el impuesto a los combustibles sea un porcentaje del precio de la nafta y del gasoil, en lugar de una suma fija en pesos como en la actualidad. La idea del jefe de Hacienda no está reflejada en el texto del Presupuesto. Otras estimaciones que figuran en el proyecto son que el consumo crecerá 3,2 por ciento, la inversión aumentará 10,5 por ciento, las exportaciones subirán 5,2 y las importaciones, 24,1, todo esto en términos reales. Lavagna enfatizó que ninguna de las estimaciones merecen ser calificadas como “optimistas”.