Las distribuidoras eléctricas del área metropolitana (Edesur, Edenor y Edelap) recibirán hoy una nota de la Secretaría de Energía por la cual se les informa que el Ministerio de Economía dispuso que el incremento de tarifas que se decida tras la audiencia pública del próximo miércoles 25 “no se aplique” a los usuarios encuadrados en la categoría de “pequeñas demandas uso residencial” con consumo de hasta 300 kw/hora bimestrales. Igual criterio sería informado en las próximas horas a las distribuidoras gasíferas. El ajuste que no recaiga sobre los hogares de menor consumo se prorrateará entre el resto de categorías de usuarios. Así, con un ajuste promedio del 10 por ciento para las tarifas eléctricas, que es lo que se prevé, el impacto sobre las tarifas industriales y comerciales, y de grandes usuarios, oscilaría entre el 13 y el 15 por ciento.
La eximición de ajuste beneficiaría, en el caso de los usuarios eléctricos, a aproximadamente 2,1 millones de clientes sobre un universo total de 4,4 millones del área metropolitana (Capital federal, conurbano y área La Plata y Gran La Plata). Con respecto a los consumidores de gas domiciliario, de un total de 5,4 millones de clientes en todo el país (en red con las nueve distribuidoras existentes) se verían favorecidos por la prolongación del congelamiento alrededor del 25 por ciento (1,3 millones). También en este caso, el criterio será no ajustarles a los hogares de menor consumo.
El criterio adoptado por Economía busca atenuar el movimiento de protesta que generó el anuncio de los aumentos de tarifas, que a partir de la próxima semana empezarán a definirse a medida que se concreten las respectivas audiencias públicas. Roberto Lavagna tiene previsto hacer hoy el anuncio oficial de la medida, que será presentada como una decisión del Ejecutivo impuesta a las empresas como un “reflejo del principio de mayor cargo a los mayores consumos”. Principio que, sin embargo, estuvo lejos de respetarse durante casi una década de vigencia de la privatización de los servicios públicos. En forma persistente, los ajustes tanto en los precios de la electricidad como de la tarifa de gas por redes impactaron en mayor proporción en las categorías de bajo consumo que en las industriales.
No obstante, el criterio de exceptuar a los hogares de bajo consumo de los ajustes generales viene siendo conversado con las empresas prestadoras del servicio desde el inicio mismo de las negociaciones por tarifas. En los primeros contactos que mantuvo el equipo económico de Lavagna con las privatizadas, en mayo, se les había señalado a estas últimas la necesidad de “un primer ajuste parcial”, que se tomaría a cuenta de futuros aumentos, que permitiera resolver “a cortísimo plazo” el problema de costos operativos de las empresas.
Los plazos se prolongaron más allá de lo que entonces estaba previsto, pero si la sangre no llegó al río –es decir, no estalló un conflicto mayor con las concesionarias– “es porque, en realidad, las empresas no estaban tan lejos de cubrir sus costos operativos con las tarifas vigentes”, según reflexionaba ayer un allegado a la actual conducción económica.
Sin posibilidad de conformar a las concesionarias, ahora el gobierno busca la forma de aplicar una actualización que no provoque una reacción social. Sin llegar a la “audacia” de la tarifa social –por la que se subsidia el consumo de los más humildes con quita de impuestos y reducción de renta empresaria–, aplicada en algunos distritos bonaerenses, las autoridades eligieron su propia fórmula, que es la que intentará poner en escena a partir de la decisión que informará hoy.