El presidente de Buquebus, Juan Carlos López Mena, aseguró ayer que se puso en marcha la operación para quedarse con el 37 por ciento de Aerolínas Argentinas, asumiendo el management. De formalizarse la operación en esos términos, los españoles quedarían marginados del manejo de la compañía, aunque no del negocio aerocomercial en la Argentina: Marsans no sólo es dueño de Air Comet, que canaliza parte del flujo turístico desde y hacia España, sino que podría seguir explotando Austral, que hoy concentra el grueso de las líneas de cabotaje, a menos que lo que esté en venta no sea sólo la línea de bandera aérea, sino Interinvest, propietaria de todo el conjunto. Para analizar el traspaso, las partes convocaron a la consultora Price Waterhouse, la misma que auditó los balances objetados por el gobierno argentino y que fue cuestionada por el Tribunal de Cuentas español.

El aspirante a ingresar a la privatizada reconoció las dificultades operativas de la compañía y consideró imprescindible un acuerdo con los gremios del sector. Pero analizar si pondrá un pie en la empresa llevaría unos cuarenta y cinco días, en los cuales Price tendrá un papel clave. La consultora es la misma que auditó los primeros balances producidos por la gestión de Marsans y que, durante cuatro años seguidos, fueron impugnados por el Estado, entre otras razones porque no había claridad respecto de cómo ese grupo privado había manejado los fondos que le entregó la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales desde el 2001. Esta objeción, formulada por el departamento jurídico del Ministerio de Planificación ante la Justicia Comercial, quedó diluida de hecho luego de que se llegara a un acuerdo marco entre los gobiernos de Argentina y España para que el Estado argentino recuperara parte de la participación licuada, llegando al 5 por ciento.

Price también auditó el movimiento de los fondos por el cual la SEPI liberaba dinero para que Marsans ejecutara un plan industrial que mejorase la operatividad de Aerolíneas. Esto se hizo a través de un giro importante de más de 400 millones de dólares y otros tramos de a 30 millones, liberados contra inversiones. El Tribunal de Cuentas español consideró que las certificaciones de Price sobre esos movimientos eran “inconsistentes”. “Nosotros vamos a tener el 37 por ciento, el Estado el 30 (hoy tiene el 5) y Marsans el 33: los españoles quedan en minoría, pero van a ser muy importantes en el desarrollo de la compañía”, concedió el empresario uruguayo-argentino, con buenos vínculos con el Ministerio de Planificación, pero a quien también se lo conoce en Europa: allá presta el servicio de ferry entre la española Algeciras y Ceuta.

El paquete minoritario está en contra de lo que aspiraba Marsans, que hasta ayer proclamaba a través de sus voceros la intención de mantener el control y se consideraba marginado por la estrategia de la Secretaría de Transporte que, a su criterio, propició la “argentinización” de la compañía en acuerdo con los pilotos nucleados en Apla. Pero a pesar de esas protestas, el grupo podría conservar un lugar notorio en el negocio aerocomercial local.

Si lo que se vende es sólo su participación en Aerolíneas y no en Interinvest, Marsans conservaría otras empresas del rubro, entre ellas Austral. Esta firma tiene varias ventajas. El Estado no es socio, tiene más de la mitad de las rutas de cabotaje y la mayoría estará subsidiada. López Mena aseguró que “si no tengo plata, hay bancos”, sugirió. El precio, clave para cerrar este acuerdo como para que el Estado y los trabajadores aumenten su participación, surgirá del análisis en el que hará su aporte Price.