Por Marcelo Yaquet *

Defender el capital social

Las medidas tomadas por las diferentes entidades agropecuarias desbarataron nuestra economía como Unidad Productiva Recuperada (UPR). El saldo más visible y sensible para el conjunto de nuestro pueblo es el aumento de precios de los alimentos. Es por esto que el gobierno nacional tiene la necesidad vital de controlar los precios. Debe tener en sus manos todas las herramientas necesarias para que esto no suceda. Retenciones móviles, cierre de la exportación, ley de abastecimiento. De la misma manera, debe tener iniciativas para incorporar, en la pelea por los precios de los alimentos, a sectores de la economía con capital social, como son las Unidades Productivas Recuperadas por sus trabajadoras y trabajadores.

En la Argentina hay más de 220 UPR, que abarcan diferentes ramas de la producción o de servicio. Metalúrgicas, metalmecánica, mataderos y frigoríficos (bovino, caprino, porcino, avícola), alimentación, gráficas, calzados, textiles, hoteles, salud, medios (diarios y radios) hacen al universo de las empresas y fábricas recuperadas. Cada una de éstas tiene una escala de producción importante, pero son ninguneadas o subestimadas por el poder político, ya sea local, provincial o nacional. O son tomadas como emprendimientos productivos de baja escala, caracterizadas por la no viabilidad financiera.

En el rubro matadero y frigorífico de especie bovina hay 10 UPR. La capacidad de faena total a nivel nacional, según el Organismo Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), en el 2007 fue de 14.742.129 cabezas y la producción de las UPR fue de 497.371. Es decir, un 3,4 por ciento de la faena total del año pasado. La faena de las UPR podría aumentar a más del 7 por ciento, ya que la actual desarrollada por las recuperadas ocupa un 45 por ciento de la capacidad total de producción del conjunto de las plantas recuperadas. Estos datos dan cuenta de la potencialidad existente. Es desde aquí como las trabajadoras y trabajadores que autogestionamos las UPR de los mataderos y frigoríficos podemos aportar en proveer media res y cortes a precio justo.

Las cámaras empresariales del sector plantean que las cooperativas somos una competencia desleal. Lo cual es absoluta mentira. Las UPR bajo el marco jurídico de Cooperativa de Trabajo somos controladas por el Senasa y la Oncca y cumplimos con todos los requisitos necesarios. Es más, estamos en desventaja con respecto a las empresas frigoríficas con capital privado. Por ejemplo, no tenemos acceso a créditos bancarios, dependemos de una ley de expropiación temporaria y la Justicia casi siempre vuelca su platillo a favor del empresariado. Ahí está el caso de los trabajadores de IMPA, desalojados por la Justicia injusta.

Antes de patear nido ajeno y hacer acusaciones falsas, el sector empresarial debería ver el problema no en las UPR, sino en los capitales norteamericanos y brasileños que vienen quedándose con las mejores plantas frigoríficas exportadoras. Los organismos del Estado correspondientes deben darnos las mismas posibilidades que le dan al capital privado. Deben comprender que las unidades productivas recuperadas, las unidades productivas familiares, los pequeños y medianos empresarios industriales, comerciantes y agropecuarios somos objetivamente sostén de este proyecto nacional para una Argentina con producción y trabajo.

* Responsable de Relaciones Institucionales, Unidad Productiva Recuperada,

Matadero y Frigorífico La Foresta, Virrey del Pino, La Matanza.

Por Juan Carlos Pavoni *

Sistema segmentado

Alteragro Asociación Civil presenta su proyecto de retenciones para granos y oleaginosas, atendiendo al siguiente encuadramiento político y técnico del problema:

1

Ratifica su irrestricta adhesión a la aplicación de retenciones a la producción agropecuaria, como lo ha hecho desde los mismos inicios de su aplicación.

2

Nuestro acompañamiento de las políticas del gobierno nacional en esta cuestión encuentra un único límite y es el perfeccionamiento técnico de su implementación, introduciendo una “real y efectiva” segmentación del universo de productores sobre los cuales se aplica. A este respecto, nuestra asociación ha desarrollado desde el año 2005 un modelo matemático en el cual se ajustan los valores de las retenciones por productos y por escalas de producción, otorgándole al sistema un contenido verdaderamente progresivo, dotado de la mayor equidad posible. Este provoca una redistribución hacia adentro del sistema, producto de gravar con la mayor carga a los productos y productores más competitivos y asistir a aquellos que por uno u otro motivo constituyen los eslabones más débiles del sistema productivo agropecuario.

3

Se dirige públicamente a dos de los actores del actual conflicto, FAA y el gobierno nacional, expresando que es obligación de ambos acceder a una diversificación de los actores, incorporando al Plan Fénix de investigadores de la UBA, al Grupo Cenda, investigadores de Flacso, a Alteragro y a una organización del movimiento campesino argentino para abrir el diálogo en torno de nuestra propuesta.

4

En la coyuntura actual es necesario atender el conflicto de las retenciones en el marco mayor del incesante incremento de los productos alimenticios a escala mundial y, como consecuencia de ello, a la retracción de gran cantidad de consumidores argentinos, de productos básicos de nuestra dieta y nuestra cultura alimentaria. Asimismo debe integrarse el análisis y la búsqueda de solución al tema de las retenciones, aquellos vinculados con el desarrollo de los biocombustibles.

Atento a todas estas cuestiones, nuestro proyecto propone: estratificar el universo de productores agropecuarios en once segmentos, según tonelaje de cereales y oleaginosas comercializados anualmente (estimados a partir de una superficie y el rendimiento nacional promedio de los cinco productos considerados, trigo, girasol, maíz y soja).

A partir de esa segmentación es posible organizar, partiendo, por ejemplo, de una retención básica del 35 por ciento sobre todos los productos y todas las escalas, mediante la aplicación de un sistema de coeficientes que apliquen retenciones y reintegros diferenciales para los diferentes productos y las diferentes escalas.

Destacando que se trata solamente de una “simulación” y de ninguna manera una propuesta concreta, vemos que podrían diferenciarse las retenciones desde un 43,8 por ciento para el promedio de los cereales y oleaginosas comercializados por un gran propietario o “pool de siembras”, pasando por valores intermedios hasta llegar a sólo un 3,5 por ciento para el caso de un productor mediano y terminando con subsidios de entre 8,8 y 19,3 por ciento para los pequeños productores.

El ejemplo desarrollado muestra acabadamente de qué se trata cuando hablamos de un sistema diferenciado y progresivo de aplicación de las retenciones al agro. Un sistema tal produce una redistribución hacia adentro del sector de una parte de la renta extraordinaria aportada por aquellos sectores concentrados de la producción que se benefician por sus mayores escalas de uso de la tierra. El Estado resigna sólo una parte de los ingresos por las retenciones y la otra parte la aportan los grandes terratenientes y “terrausuarios”.

* Presidente de Alteragro.