Raúl Corbacho era un carismático divulgador de las cotizaciones de activos del mercado financiero y bursátil en plena época de la dictadura militar y en los primeros años de la democracia. Su auspiciante era el Fondo Común Numancia, del Banco Ciudad, y propalaba los avatares de la fiebre especulativa de entonces por radio y también por televisión. Fue un adelantado en esa especie de columnista específico, con financiamiento de empresas, en los denominados “micros” dentro de las audiciones radiales. En un período donde el precio del dólar y la ida y vuelta de las acciones y títulos públicos eran el termómetro de la economía, la difusión de esa información ocupaba un lugar privilegiado en los principales programas. Cuando la valorización financiera y el poder de los bancos era una característica central de la hegemonía política y económica, varios otros “micros” de comunicación masiva eran un nexo que unificaba la programación en los espacios del horario central. Esa capacidad de influencia del sector financiero se extendió a gran parte de los medios gráficos y la televisión. De esa forma, la sucesión de desastres financieros y bancarios inaugurados por la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz, que se extendió por más de treinta años, tenían un colchón informativo que amortiguaba o directamente ignoraba sus causas, responsables y consecuencias sociales y económicas. En los últimos años esos “micros” bursátiles han desaparecido del éter. Ahora, el negocio y, por lo tanto, el poder económico arrollador, no son el financiero, sino el agropecuario. Por ese motivo, las principales estaciones de radiodifusión privada tienen a lo largo de su transmisión los “micros” del campo, con sus respectivos anunciantes, como en su momento estuvo Corbacho con el Fondo Común Numancia.

Durante muchos años, la información de la cantidad de cabezas de ganado que ingresa en el Mercado de Hacienda o la cotización de la soja a término en el mercado a futuro de Rosario y de Buenos Aires era propia de no más de dos radios y estuvo dirigida a un grupo específico de receptores, interesados en esos datos. Hoy forma parte de las estaciones más importantes, además de verificarse un destacado aumento en la publicidad de empresas vinculadas con el campo. Es un reflejo del bienvenido buen momento que pasa el sector en cuanto a rentabilidad y oportunidad de negocios. La descripción de esa mayor presencia mediático-publicitaria de los intereses del campo sólo es relevante porque provoca, como en su momento fue con los avasallantes bancos y sociedades de bolsa, una distorsión en la percepción de la realidad, donde pareciera que un sector al que en su conjunto le va bien estuviera atravesando la peor de las crisis.

Esa alteración en la forma de comprender el conflicto, además de la desviación que provoca en la información masiva, tiene como responsables a los actores relevantes de la puja. Ni el Gobierno ni las entidades que dicen representar al campo, y en especial la Federación Agraria, han puesto en el centro de la pelea a uno de los grandes ganadores del boom del agro: las multinacionales exportadoras.

Las retenciones son la denominación de los Derechos de Exportación, que les cobra la Aduana a las compañías que despachan los granos al exterior. No los paga el productor, sino que el acopiador-exportador descuenta ese impuesto del precio que le abona al productor. En primera instancia, ni las entidades ni el Gobierno salieron a aclarar, rectificar o denunciar el mecanismo de cálculo de los Derechos de Exportación que realizan esas compañías, que se sospecha perjudicaría a los productores. Después, tampoco han puesto en debate el papel clave que cumplen en la cadena agroindustrial las grandes exportadoras. Como si no existieran, los productores no apuntaron a esas pocas empresas que se quedan con parte importante de la renta de la actividad del sector. Y el Gobierno, por su parte, expuso a través de Guillermo Moreno la insólita propuesta de recrear una suerte de junta nacional de granos bajo el control de esas poderosas empresas. Esas grandes exportadoras mundiales de cereales y oleaginosas tienen la virtud de transitar por la historia con una discreción increíble pese al lugar central que ocupan en la cadena de comercialización.

El retrato de una de ellas, las más grandes que opera en el país, Cargill, colabora en la comprensión del actual conflicto, sobre lo que se dice y mucho más sobre lo que se oculta de la presente batalla política. En un esclarecedor documento preparado por el Observatorio de Empresas Transnacionales se destaca que la estadounidense Cargill opera en el país desde 1947, hoy en cuarenta localidades, contando con 45 acopios, cinco puertos cerealeros, cuatro plantas de molienda de oleaginosas, siete molinos de trigo y dos malterías. El grupo Cargill en Argentina está integrado por las empresas Finexcor (frigorífico), Mosaic (fertilizantes) y Renessen (un joint venture con Monsanto para comercializar maíces especiales), entre otras. Semejante conglomerado tiene en total apenas 3600 empleados en el país. El equipo de investigación del Observatorio, coordinado por Ricardo Ortiz, precisa que los cinco puertos de Cargill son: 1. Puerto Quebracho, al norte de Rosario, con un muelle para barcazas y celdas de fertilizantes que opera Mosaic. 2. Puerto de Punta Alvear, ubicado al sur de Rosario, que anteriormente perteneciera a Productos Sudamericanos. 3. Puerto de Villa Gobernador Gálvez, también al sur de Rosario, es el más nuevo. 4. Puerto de Bahía Blanca. 5. Puerto de Diamante, en Entre Ríos, manejado por una sociedad controlada (Puerto Diamante SA). Los especialistas explican que tener puertos al sur y norte de Rosario es una ventaja competitiva a la hora de hacerse del cereal, porque pueden ofrecer una pequeña ventaja en el flete respecto de competidores que disponen de un solo puerto. De hecho, Bunge y Dreyfus están adoptando esa estrategia de abrir segundos puertos.

En lo que respecta a molienda, el informe del Observatorio explica que Cargill es una de las que más han crecido en el país, con sus plantas en los puertos de Quebracho (soja) y Gobernador Gálvez (soja), a las que suma sus instalaciones en Quequén (girasol y soja) y Bahía Blanca (girasol y soja). También opera la planta que Buyatti posee al norte de Rosario, una de malta en Punta Alvear y otra de cebada con capacidad para 140.000 toneladas, con la idea de abastecer el mercado interno y exportar el saldo a Brasil. Para obtenerlas, Cargill accedió a los beneficios de la Ley 25.924, que le permite la amortización acelerada a los efectos del cálculo de ganancias y la devolución anticipada del IVA.

El Observatorio, una iniciativa del Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), señala que Cargill también se destaca en el negocio de la harina de trigo. En 1999, compró el 50 por ciento de la operación harinera de Molinos Río de la Plata tras el desguace de Bunge & Born. La compañía resultante se llamó Trigalia y estaba constituida por siete molinos en la Argentina y dos en Brasil. Finalmente, en 2002 Cargill compró la participación de Pérez Companc en esa firma y pasó a detentar el 100 por ciento de Trigalia, cambiándole el nombre por Harinas Mercosur. Cargill es el principal exportador de harina de la Argentina, junto a Molinos Cañuelas. Según estadísticas de la Secretaría de Agricultura de la Nación, en promedio en los últimos tres años Cargill exportó el 22 por ciento de los granos, el 20 de los aceites y el 18 de las harinas que salen de la molienda oleaginosa, superando a Bunge, Dreyfus, AGD, Vicentín y Urquía.

Ya es hora de que los invisibles de esta crisis y principales beneficiarios de la bonanza del agro empiecen a ser tenidos en cuenta al momento de analizar y resolver el conflicto.

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