Finalmente el Gobierno anunció ayer cambios en las retenciones móviles y en el sistema de reintegros a los pequeños productores, dos de los principales reclamos que venían haciendo las cuatro cámaras agropecuarias. En el Gobierno creen que así, dándoles respuesta a las demandas más inmediatas de los ruralistas, les quitan margen de maniobra para que sigan con la protesta y que una vez que la situación se calme puedan volver a dialogar para consensuar políticas agropecuarias a mediano y largo plazo y sumarlos al Acuerdo del Bicentenario. Pero, por lo pronto, las primeras reacciones de los empresarios del campo fueron, básicamente, críticas a la decisión unilateral del Gobierno y de reacción ante algún cuestionamiento que les hizo el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. “Hay ingenieros que no son ingenieros, como chacareros que no son chacareros”, le tiró por elevación al líder del corte de Gualeguaychú, luego de sugerir que alquila sus campos, pero no los trabaja y rememorando el gran tropiezo de Juan Carlos Blumberg, al quedar expuesto por su falso título.

De todos modos, en el Gobierno esperan una respuesta más favorable, cuando hoy los técnicos de las entidades lean en el Boletín Oficial las resoluciones bien detalladas, aunque no descartan que sigan con el lockout hasta el lunes como tenían previsto.

El anuncio, como había anticipado PáginaI12, básicamente consiste en el achatamiento de la curva de retenciones para habilitar nuevamente los mercados a futuro y que los reintegros a pequeños productores, cuando la retención supere el 35 por ciento, los hagan las gobernaciones y los municipios, además de permitir que se inscriban en este beneficio los monotributistas.

Respecto del primer punto, el decreto 125 del 11 de marzo establecía una curva según la cual el porcentaje de retenciones se aceleraba mucho ante precios extraordinarios. Si la soja superaba los 600 dólares la tonelada, del monto que estuviera por encima de ese precio el Estado se quedaba con el 95 por ciento. De este modo, el precio de la soja quedaba casi planchado en los 600 dólares y se anulaba la posibilidad de los mercados a futuro. Con la modificación anunciada ayer, la curva se aplanó de tal forma que si la soja supera los 750 dólares (para ello debería darse una crisis mundial muy fuerte), la retención neta será del 52,6%. Para los 470 dólares que cuesta hoy la tonelada de soja, la retención es del 41,1%. Antes del decreto 125 había una retención fija, para cualquier precio, del 35%.

Este esquema era el que tenían casi consensuado con las entidades rurales el 6 mayo, con una diferencia mínima: los ruralistas querían que las retenciones tuvieran un tope fijo de 50% para soja y girasol, y el Gobierno ayer estableció un 52,6 para precios que, hoy por hoy, es difícil pensar que se pueda alcanzar. Pero ese preacuerdo se logró en la reunión a cuyo término hubo un cortocircuito entre los dichos del titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, y Alberto Fernández. A partir de allí las cámaras agropecuarias volvieron a su reclamo inicial de retrotraer la situación al 10 de marzo y que las retenciones vuelvan a fijarse en el 35%.

En cuanto a los reintegros a los pequeños productores de las retenciones que superen el 35%, los ruralistas decían que no confiaban en que el Estado los fuera a efectivizar de manera rápida. Fue por esto que el Gobierno dispuso que este dinero sea pagado por las gobernaciones, municipalidades o entidades agropecuarias de forma inmediata y luego el Estado nacional les devolverá lo erogado. También la modificación dispuso que sea suficiente que los pequeños productores estén registrados como monotributistas para recibir el reintegro. En el Gobierno creen que muchos no querían el sistema de reintegros porque trabajan en negro y para recibirlo tienen que blanquearse.

Como había anticipado PáginaI12, el Gobierno había decidido hacer el anuncio antes de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner viaje el domingo a Italia a la cumbre de la FAO. Como el miércoles no hubo preparativos para el día siguiente, muchos supusieron que las nuevas medidas se iban a dar a conocer hoy. Pero ayer al mediodía hubo cambio de planes y comenzaron a llamar a gobernadores para citarlos para la tarde a que acompañen el anuncio. Los que consiguieron llegar fueron siete. Los tres de las provincias agropecuarias que responden al Gobierno (Daniel Scioli de Buenos Aires, Sergio Urribarri de Entre Ríos y Oscar Jorge de La Pampa), más Juan Manuel Urtubey (Salta), José Alperovich (Tucumán), Luis Beder Herrera (La Rioja) y el radical de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Todos fueron junto a Alberto Fernández y al ministro de Economía, Carlos Fernández, a hacer los anuncios en la sala de conferencias de la Casa Rosada.

Después del anuncio, mientras algunos gobernadores se quedaron haciendo declaraciones a los periodistas, los dos ministros Fernández se encerraron en el despacho del jefe de Gabinete para ver por televisión las primeras reacciones de los dirigentes agropecuarios. Vieron cómo despotricaba Alfredo De Angeli, observaron que en la reunión de la Mesa de Enlace no estuvieron Buzzi ni Fernando Gioino (Coninagro) y que Luciano Miguens declaraba que “las mejoras fueron mínimas”. Y vieron cómo Mario Llambías (CRA), quizás el más duro en la negociación, se iba furioso sin hacer declaraciones y cerrándole en la cara la puerta de su auto a una cronista de TV que lo quería entrevistar. Una suma de palabras y gestos que no les permitió conjeturar qué harán hoy los ruralistas. “Habrá que esperar a que lean la letra chica de las medidas”, arriesgó uno de los ministros.