A esta altura, el tablero forzaba al Gobierno a anunciar la corrección de la Resolución 125, en el carril que había sugerido en una de las tantas instancias de negociación interruptas. El jefe de Gabinete lo había conversado con la Presidenta y con Néstor Kirchner en la noche del domingo pasado. Con una escenografía expresiva de un cierto apoyo institucional (varios, que no todos, los gobernadores justicialistas y un radical K), Alberto Fernández pronunció un largo discurso, cediendo un breve tramo al ministro de Economía. Más allá de ciertos tópicos belicosos y personalizados (que poco aportarán para distender) el núcleo fue desmontar el casus belli: mochar mucho la curva de la escala superior de las retenciones móviles, esa que exorbitaba al 95 por ciento. Si se releyeran las declaraciones de los dirigentes agraristas en los primeros idus de marzo, no habría dudas: el Gobierno rectificó la contradicción principal. Ese mensaje debería ser la mayor conclusión de ayer, si todos los actores obraran con templanza y buena fe.

Amén de preservar las retenciones móviles pero variar mucho su escala, se agrega la inclusión de los monotributistas entre quienes pueden reclamar el reintegro del precio de la soja. Y se facilita su cobro, merced a la intermediación de las provincias, los municipios y las propias entidades.

El régimen nuevo suena intrincado, el ministro de Economía no se dio maña para explicarlo de modo inteligible. La versión escrita se conocerá hoy. Cualquier réplica responsable debería haber esperado hasta entonces. Alfredo De Angeli copó la parada de volea, sin mediar diálogo alguno con la Mesa de Enlace. Asumió de facto la conducción del sector, en su estilo tosco y astuto en términos mediáticos. Se erigió en protagonista central, bromeó, se indignó, desnudó su falta de preparación para polemizar sobre temas de Estado. Su propuesta, nuevamente, fue terminar con las retenciones. Difícil elucidar si juega su propio partido o si cumplió un rol orgánico, actuar de “chacarero malo” a la espera de la decisión orgánica. En cualquier caso, la primera imagen que emitió “el campo” ante una propuesta seria del Gobierno, fue patotear y carecer de la ponderación dialoguista con la que suele autorretratarse.

Ya se sabe: se llegó a esta instancia por un camino desventurado. El entuerto ameritaba que la medida fuera precedida de una praxis negociadora, de tolerancia mutua y de respeto a las autoridades nacionales. Pero el Gobierno atendió demandas y reformó en parte el esquema. Reformada que fue la cuestión más espinosa, los dirigentes deberían desmontar sus brutales medidas de fuerza. No les sería tan difícil, podrían mostrar en triunfo cuánto crecieron en predicamento público, cuántas demandas suyas pasaron a ser agenda dominante, a cuántos argentinos convocaron a la acción directa y a un acto formidable. Y que su primer reclamo fue oído.

El Gobierno debería, a su turno, tomar lecciones de sus errores. Salir de su encierro, cooperar con (y consultar a) otros actores sociales y políticos. Debería convocar ya mismo al Consejo Federal Agropecuario para discurrir en un ámbito colectivo los temas pendientes y bosquejar el Plan Agropecuario. Esa fue la moción de Hermes Binner, uno de los contadísimos dirigentes que siempre fue atinado y constructivo en esta crisis. No siempre fue retribuido. La crónica comprueba cuán difícil es ser sistémico cuando prima la exasperación. El Gobierno al principio encaró de mal modo al gobernador santafesino, luego mejoró el trato pero sin hacerlo partícipe en la elaboración de una salida. A su vez, los productores burlaron su buena fe, fueron descorteses o hasta taimados: mientras lo esperaban para reunirse, salieron al balcón de la Casa de Gobierno de Santa Fe para usarlo de tribuna sin su permiso.

El discurso de Alberto Fernández fue parco para interpelar al auditorio neutral y poco especializado: primaron lo técnico y las recriminaciones, escasearon gestos de distensión y promesas de tranquilidad. La actuación del Melli de Gualeguaychú fue una tropelía irrespetuosa.

Volvamos a lo sustancial. El Gobierno corrigió mucho y les abrió a las corporaciones rurales una hendija para correrse de la ruta sin deméritos y con sus demandas satisfechas, en parte. A sus conductores les cabe ahora mostrar si son democráticos y no destituyentes, si controlan a sus bases, si están dispuestos a aportar a la gobernabilidad, si son dirigentes sociales responsables o meros agitadores.