El análisis más seductor y a la vez simplista es que las partes en conflicto no dialogan en forma civilizada como lo hace un matrimonio cuando busca superar una pelea o como dos adultos que tienen que dirimir sus diferencias. Ese abordaje de la crisis con un sector del campo está revestido de un tono no-ideológico, como si fueran cuestiones personales lo que está en disputa y no intereses materiales. Pero esa lectura es indudablemente ideológica aunque no parezca o quien la formule piense que no lo es. Si fuera una hostilidad de pareja, con las agresiones verbales que ya se han cruzado, La Guerra de los Roses sería un dibujito animado inofensivo, y no habría posibilidades de seguir negociando. En cambio, pese a que no son públicas, se mantienen los canales de comunicación subterráneos entre diferentes actores de la contienda. El enfrentamiento de una parte del campo con el Gobierno por el tema retenciones no tiene las características de una agresión de cónyuges, aunque juegan indudablemente en esa tenida la personalidad de los protagonistas. Hoy se trata de una colisión en el área de la política precipitada por problemas en la esfera económica. Por lo tanto, su comprensión requiere de un esfuerzo mayor que el de un terapeuta familiar porque, si bien resulta evidente que existe hastío en la mayoría de la población, en esta puja se dirime un aspecto que en las últimas décadas ha sido naturalizado por la sociedad: que el Estado tiene que allanarse a los intereses corporativos. Un ejemplo sirve como antecedente: si el gobierno de Eduardo Duhalde hubiera resistido las presiones del sector financiero, de industriales, de ahorristas y deudores, con apoyo de gran parte de los medios de comunicación que reclamaba con vehemencia resolver como sea los efectos de la megadevaluación en el sistema bancario, la economía argentina se hubiera evitado cargar la pesada carga de deuda adicional que implicó la injusta pesificación asimétrica. Medida que satisfizo con creces el interés de cada uno de los grupos involucrados. Cada momento histórico tiene sus particularidades, en ese caso la situación desesperante de ciertos deudores (hipotecarios y pymes) y ahorristas (jubilados y pequeños inversores) y el descalabro social de esos meses, pero vale como crónica sobre el costo que significa para el resto de la sociedad cuando el Estado se subordina a demandas corporativas.

El diálogo con un sector del campo, en los términos en que se presenta, se traduce en que el Estado debe aceptar el reclamo sectorial con el argumento de que un gobierno tiene mayor responsabilidad institucional o porque está sufriendo un desgaste “político”. Esto no significa que en otras ocasiones la administración kirchnerista no haya quedado atrapada por reclamos corporativos y respondido a esos intereses. Pero lo que ahora intenta es no quedar totalmente subordinada a lo que ha emergido como un nuevo bloque de poder económico con eje en la trama multinacional sojera. Esa resistencia gubernamental tiene su origen en que a lo largo de tres meses de lockout agropecuario ha cedido en la negociación pese que se siga sosteniendo lo contrario en el afinado coro mediático. Y en los exabruptos del variopinto elenco de dirigentes del campo. Las últimas medidas así lo revelan.

Una de esas concesiones fueron las compensaciones a los pequeños productores sojeros y otros granos, ampliadas en los últimos anuncios, que debilitan uno de los objetivos fundamentales del sistema de retenciones móviles, que era intervenir en el esquema de rentabilidades relativas en el agro para frenar el avance de la sojización. Si fuera necesario aportar fondos directos al campo para mejorar la situación relativa de productores de la rica zona de la Pampa Húmeda, los elegidos deberían ser los tamberos y ganaderos para que continúen en su actividad y no para que se pasen o sigan en la rentable y ahora también compensada producción de soja.

Otro de los retrocesos del Gobierno que desvirtúa en parte el mecanismo de retenciones móviles como instrumento de estabilización del sensible mercado de alimentos es la propuesta de modificar la escala de alícuotas para que vuelva a funcionar el Mercado a Término. Las dos plazas a futuros de granos que funcionan en el país son la de Buenos Aires (Matba) y la de Rosario (Rofex), donde se negocian entre el 15 y el 20 por ciento de la producción total de commodities agrícolas del país. En un documento explicativo de esta última entidad se señala que “los inconvenientes que se generaban en la comercialización de commodities de producción estacional dieron lugar, a lo largo de la historia, al desarrollo de múltiples modalidades de contratación que culminaron con la creación de los mercados de futuro”. Expone el ejemplo de cereales y oleaginosas, de producción anual, cuyo ciclo se caracteriza por una abundante oferta durante la época de cosecha, una progresiva disminución de las existencias a medida que transcurren los meses y una escasez de mercadería en el período inmediato anterior a la nueva recolección. Dicho proceso, además, se ve afectado por los factores climáticos y de acopio y transporte de los granos, “lo que generaba grandes incertidumbres acerca de los precios tanto en el comprador como en el vendedor”, apuntan.

Un especialista del sector, el ingeniero agrónomo Alejandro Meneses, del área de Economía de Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), explicó el funcionamiento de los mercados a futuro en un Seminario de Comercialización de Granos, publicado en la revista de esa entidad: “La estrategia especulativa más fácil es quedarse cruzado de brazos esperando que los precios de los granos suban. Sin embargo, cuando un productor de trigo sabe que necesita, por ejemplo, 120 dólares por tonelada para cubrir sus costos, pero estima que al momento de cosecha el precio de este cereal no superará los 100 dólares, puede entonces valerse de herramientas especulativas para intentar obtener ganancias o al menos cubrir los costos. Estos instrumentos también pueden utilizarse para intentar elevar los márgenes de ganancias. Pero cuanto más fuerte sea la apuesta, mayores serán los riesgos”. Para agregar que “las estrategias especulativas para el productor van siempre combinadas con las de cobertura, nunca en forma independiente”, y luego precisa que “un productor de soja no necesariamente debe especular con el mismo cultivo que produce, sino con el que presente más variaciones de precios. Sucede que muchos productores suelen creer que sólo se puede especular con el cereal que producen. Esto no es así: yo podría estar cubierto con trigo y especular en girasol para agregarle precio al trigo”.

Las retenciones móviles diseñadas por el ex ministro Martín Lousteau quitaban volatilidad al mercado, puesto que la variación del precio neto se aplanaba por las alícuotas diferenciales según la evolución de la soja, maíz, trigo y girasol. Eliminaba la especulación con alimentos. Con ese sistema se buscaba acotar lo máximo posible la posibilidad de que cambios violentos en los precios internacionales provocaran alteraciones de igual magnitud en el precio del mercado local. La menor oscilación también reduciría la brecha entre el valor corriente de mercado y el valor futuro. Así, las transacciones a futuro perderían atractivo tanto para los que operan con producción propia –los pequeños productores no intervienen, en general, en esa actividad– y con la ajena, en la búsqueda de hacer buenos negocios financieros.

La especulación frenética en el mercado a futuro a nivel internacional, opción que el Gobierno restableció a nivel local como parte de la negociación con un sector del campo, es lo que ha provocado un alza especulativa de los alimentos en el mundo. La crisis financiera e inmobiliaria en Estados Unidos y Europa derivó a grandes fondos de inversión especulativos a destinar parte de sus recursos a la plaza internacional de commodities. En la de los cereales y también en la del petróleo, lo que explica en gran medida que los granos se dispararan y el barril haya trepado arriba de los 130 dólares. En los últimos nueve meses de 2007, el volumen de capitales invertidos en los mercados especulativos agrícolas se quintuplicó en la Unión Europea y se multiplicó por siete en Estados Unidos, según precisó Dominique Baillard en “Estalla el precio de los cereales”, en Le Monde Diplomatique, en la edición de mayo pasado.

Los empresarios agropecuarios necesitan cobertura para su negocio por el carácter estacional de su producción y por la vulnerabilidad que tienen a factores climáticos e internacionales. Pero una cosa es protección que debe proveer el Estado, como la dispuesta en la depresión del ’30 del siglo pasado, creando a pedido del campo las juntas nacionales de carnes y de granos, y otra bien distinta es alentar la especulación con operaciones que en la jerga se denominan put, call, compra y venta de strangle. Ese mercado financiero posee una débil regulación a nivel internacional y, por lo tanto, también en la plaza doméstica, lo que está generando dramáticos desequilibrios en los últimos meses en el sensible mundo de los alimentos.

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