A través de una nota con fecha 10 de julio, el juez que entiende en el concurso de Aerolíneas Argentinas, Jorge Silvio Sícoli, conminó a la “sindicatura plural” a que en cinco días precise el cuadro de la situación económica y patrimonial de la compañía, incluyendo el detalle de la abultada deuda posconcursal, que fuentes oficiales estiman cercana a los 900 millones de dólares. La intervención del magistrado fue promovida por el Gobierno y los gremios, que no desconocen que esa información alcanza para declarar la quiebra, fórmula que no desean. Esa salida drástica, por ahora eludida, podría sin embargo proporcionar un virtual alivio para el Estado argentino, hasta ahora el único dispuesto a aportar fondos para el salvataje: según interpretan algunos de los expertos convocados por la Justicia, el desbarranque total de la empresa fundaría un reclamo de dinero al Estado español.

Desde el punto de vista técnico, y a pesar de la esmerada cosmética contable, Aerolíneas podría ser declarada en quiebra. Esta variante fue analizada entre algunos representantes del Gobierno y los mandamás de los varios sindicatos del sector, que coincidieron en que el remedio podría ser peor que la enfermedad.

Para los gremios, implicaría la caída en simultáneo de todos los acuerdos convencionales, con notorias desventajas para los trabajadores que en esa eventualidad quedarían en situación de desamparo. Para el Estado, según especulan algunos allegados al tema, el peligro consiste en que otros acreedores de fuste, como Repsol YPF o algún leaser (propietario de los aviones que la empresa alquila), pudieran tomar el control antes que el fisco local, a pesar de que la línea aérea tiene también abultadas obligaciones a su favor por cargas patronales, impuestos y préstamos del Banco Nación.

Unos y otros saben también del impacto comercial que tiene una quiebra, incluyendo la lesión mortal a la marca que, a pesar de estar muy vapuleada, aún conserva un valor en el mercado. De ahí que se hayan buscado otros caminos, desechando, incluso, el de “quiebra con continuidad” de las operaciones, una figura con consecuencias menos drásticas. Héctor García Cuerva, el hábil interventor de Racing, habría contribuido con su opinión al análisis de la arquitectura legal para evitar el colapso de la línea que aún operan los españoles de Marsans, principales accionistas y socios del Estado y los trabajadores.

El pedido formulado por los directores estatales en Aerolíneas, Julio Alak y Vilma Castillo, la Secretaría de Transporte y varios de los gremios a Sícoli para que intervenga generó mucha angustia en el magistrado, sobrepasado por un tema tan complejo. La reacción inmediata fue recopilar información y por ello citó a las partes, incluyendo la empresa, para el martes. Al mismo tiempo, reclamó a la sindicatura del concurso (que considera técnicamente concluido aunque no formalmente cerrado), que detalle el cuadro económico patrimonial. En octubre del 2002, estos últimos informantes convocados ahora habían identificado al Estado español como un “socio oculto” de Interinvest, la sociedad jurídica que formaron los españoles de Iberia para operar en Argentina una línea de bandera, y la misma que transfirió luego las acciones al grupo privado Marsans. Según algunos de los suscriptores de ese informe, esa identificación satisface la exigencia de la Ley de Quiebras, que en su artículo 39 obliga a sindicar a un responsable en última instancia, si una firma en convocatoria cayera. En base a esta interpretación, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estaría en condiciones de ser exigido para que aporte fondos si Aerolíneas resultara quebrada.

Aunque legalmente factible, esta salida se vislumbra hoy como políticamente inviable. Otro era el marco cuando Iberia se retiró de Aerolíneas en el medio de una crisis brutal y el estado ibérico desembolsó 758 millones de dólares para que Marsans, su sucesor privado, saneara la compañía. El problema es que este accionista privado no honró a pie juntillas ese mandato, al punto que hoy el juzgado 35 de Madrid, a cargo de Gemma Gallego, analiza ese movimiento de fondos que involucra a los actuales accionistas y directivos de la privatizada local, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, así como a su ex socio Antonio Mata, por la supuesta “apropiación indebida de fondos” públicos.

Esa causa está emparentada con la investigación que en los tribunales locales lidera Alberto Baños, al tiempo que tiene un vínculo vital con la del propio concurso. De prosperar esos expedientes, este proceso caería, poniendo los contadores en 0. En esta hipotética situación extrema, el Estado español debería retomar el control de Aerolíneas.