El ministro de Planificación, Julio De Vido, informó ayer que el grupo español Marsans sobrevendió pasajes por 140 millones de dólares antes de perder el control de Aerolíneas y Austral. “Esta es una empresa que quería hacer caja y no tenía una contraprestación clara”, sostuvo en declaraciones radiales. No obstante, aseguró que al menos durante los primeros días de las vacaciones de invierno no debería haber problemas con el servicio. “El primer cuello de botella que tenemos está resuelto”, remarcó.

El Gobierno asumió el control de la aerolínea el lunes pasado al firmar un acuerdo de transferencia de las acciones. La decisión se tomó a raíz del deficiente servicio que venía prestando la compañía, pero supone un alto costo económico para el Estado porque se estima que la deuda de la empresa bordea los 900 millones de dólares. Para intentar otorgarle transparencia y legitimidad a este polémico proceso el jueves por la noche se envió el acuerdo al Congreso para su ratificación, el cual deberá ser analizado en primer término por las comisiones de Transporte y Presupuesto de la Cámara de Diputados. De Vido destacó también que esta decisión le otorga un gran “protagonismo” al Parlamento ya que lo faculta a supervisar tanto la definición del precio que pagará el Estado al grupo Marsans por sus acciones en la empresa, como en la aceptación o rechazo de la incorporación de capitales privados.

En el primer artículo del proyecto de ley enviado se destaca que la decisión se tomó “para garantizar el servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga en el ámbito de la República Argentina”. Luego se afirma que el Tribunal de Tasaciones de la Nación deberá valuar la operación y será el Congreso el encargado de dar su aprobación al precio que se fije. El flamante jefe de Gabinete, Sergio Massa, destacó ayer este punto al afirmar que “si el Estado nacional tiene que hacer una erogación por Aerolíneas Argentinas, lo mejor es que sea el Parlamento el que determine el valor, y no un funcionario”.

También se prevé que autorice la cesión a los empleados de las aerolíneas el 10 por ciento del paquete accionario de ambas empresas. Con relación al ingreso de capitales privados se aclara que la cesión de acciones para posibilitar su ingreso deberá realizarse mediante procesos de licitación pública nacional e internacional y el control del Parlamento. El Gobierno dejó trascender inicialmente su intención de reprivatizar cuanto antes las aerolíneas, lo que motivó sospechas de los referentes de la oposición, los cuales denunciaron que lo que busca el Gobierno es que el Estado se haga cargo de la deuda para luego venderle la empresa a algún empresario cercano. No obstante, De Vido sostuvo que la reprivatización se podría dar sacando acciones a la Bolsa, pero reconoció que todavía “no hay un número” fijado de las acciones que saldrán a la venta. “La prioridad es poner en valor la compañía y después analizar las estrategias a seguir”, resaltó.

El Gobierno tiene 60 días para concretar el traspaso porque así lo acordó con Marsans en el convenio de transferencia. Sin embargo, el paso por el Congreso no será sencillo. En Diputados tuvo que sufrir demasiado para lograr la media sanción del proyecto oficial de retenciones y dos semanas después terminó perdiendo la mayoría en la cámara de senadores cuando se rechazó la iniciativa. Ahora se espera una situación igual de complicada por el pasivo que debería verse forzado a absorber el Estado. Se espera que los funcionarios de Planificación recorran durante las próximas semanas los despechos de los legisladores para tratar de convencerlos sobre la necesidad de hacerse cargo de la empresa para garantizar el servicio.