Vie 08.08.2008

ECONOMíA  › EL PRESIDENTE DE LA COMISION ANTIMONOPOLIO SERA DESPLAZADO HOY DE SU PUESTO

Finalmente, Moreno se dio el gusto

El Gobierno desplazará a José Sbattella, quien estaba enfrentado con el secretario de Comercio Interior. En su lugar irá Ricardo Napolitani, quien hasta ahora era vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.

› Por Fernando Krakowiak

Primero le recortaron sus funciones hasta dejarlo casi como una figura decorativa y ayer decidieron reemplazarlo. José Sbattella dejará de presidir la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y en su lugar irá Ricardo Napolitani, quien hasta ahora se desempeñaba como vocal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz. Al sucesor le habían adelantado su nuevo destino hace varios meses, pero la confirmación le llegó recién ayer en Casa de Gobierno de boca del secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini. Si bien Napolitani no es un hombre de Guillermo Moreno, el cambio puede interpretarse como un triunfo del secretario de Comercio Interior, quien durante los últimos dos años frenó todas las iniciativas de Sba-ttella tendientes a normalizar el funcionamiento del organismo y presionó sistemáticamente para forzar su salida. Napolitani será presentado hoy por la mañana en la CNDC.

Los oligopolios y monopolios que se han consolidado en los distintos sectores de la economía durante los últimos 30 años son la mejor evidencia del fracaso estatal para garantizar la competencia. En el país existen leyes antitrust desde 1933, pero la mayoría de las veces fueron burladas por los grandes capitales o directamente redactadas para que pudieran expandirse con tranquilidad, tal es el caso del decreto-ley 22.262 de 1980, elaborado por el ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, el cual tuvo vigencia hasta 1999. Ese año el Estado sancionó una nueva Ley de Defensa de la Competencia para intentar recuperar parte de sus facultades.

La norma contempla la penalización de prácticas anticompetitivas (conductas) y regula y autoriza las fusiones de empresas (estructuras). Sin embargo, en la práctica no hubo cambios porque el Tribunal de Defensa de la Competencia previsto en esa legislación nunca se conformó y la aplicación de la norma recayó en la CNDC, organismo creado por la ley de Martínez de Hoz que tuvo un accionar pasivo frente a la concentración de los distintos mercados.

En julio, cuando Sbattella sabía que su continuidad pendía de un hilo por el enfrentamiento que mantenía con Guillermo Moreno casi desde el comienzo de su gestión, presentó un detallado informe al Ministerio de Economía, la Auditoría General de la Nación, la Oficina Anticorrupción (AO), la Sigen y la Procuraduría General del Tesoro donde detalla la precaria situación en que se encontraba el organismo cuando asumió en marzo de 2006, los cambios que introdujo, la resistencia que plantearon en todo momento los vocales y el secretario de Comercio Interior frente a esas modificaciones y las últimas resoluciones de Moreno que “vaciaron de contenido la figura presidencial” de la CNDC. La respuesta oficial fue su desplazamiento.

Página/12 detalla a continuación los principales puntos de ese informe.

Lo que encontró al asumir

- En el organismo no existía ni estructura orgánica, ni manuales de procedimiento, ni misiones, funciones y tareas, con lo que los circuitos administrativos y de procesos se encontraban impuestos por los usos y costumbres que habían fijado las distintas autoridades.

- Las actuaciones que eran iniciadas por la Mesa de Entradas no contaban con un sistema de circuito interno, de modo que una vez que el expediente ingresaba a la CNDC, no había registros de quién lo tenía y su búsqueda se hacía en forma manual o recurriendo a la memoria de los empleados. Ello impedía asignar responsabilidad en caso de pérdida de algún expediente.

- No existía un sistema imparcial de sorteos para el reparto de expedientes, sino que simplemente se asignaban por orden alfabético, con lo cual era posible, con anterioridad a cada presentación, saber a qué vocal se le asignaría el mismo.

- El organigrama de la institución no estaba definido. Sólo contaba con las figuras de “jefe de abogados”, “jefe de economistas” y un “secretario letrado”, pero en todos los casos consistían en jerarquías no formalizadas. Sólo los cuatro vocales y el presidente tenía cargos basados en la jerarquía que les otorga la ley.

- La Comisión no tenía formalizadas reuniones sistemáticas donde pudiera existir un espacio de intercambio entre los vocales.

- De un plantel de 50 agentes, sólo doce de ellos eran de planta permanente, mientras que el resto estaban contratados bajo modalidades muy precarias (vencimientos de contrato cada tres meses).

- El organismo no ejecutaba su propio presupuesto, sino que el mismo tenía como unidad ejecutora a la Secretaría de Coordinación Técnica, que luego se transformó en Secretaría de Comercio Interior.

- Existía una “cantidad significativa” de actuaciones relacionadas con conductas anticompetitivas al borde de la prescripción, gran parte de ellos vinculados a denuncias en el mercado de televisión por cable.

Lo que se hizo

- En noviembre de 2006, se solicitó a la entonces ministra de Economía, Felisa Miceli, la firma de un convenio con la Oficina Anticorrupción con el objetivo de realizar un diagnóstico del estado de situación. No obstante, seis días después el secretario de Comercio Interior estableció, a través de la resolución 49/06, que ciertas cuestiones de índole administrativa como la firma de convenios debían surgir de decisiones “colegiadas” (por consenso de todos los vocales). “Surge como presunción que dicha resolución aparece como respuesta a las intenciones de involucrar a la Oficina Anticorrupción”, detalla Sbattella. Igual el convenio se firmó, la OA realizó la auditoría y formuló un conjunto de recomendaciones para optimizar el funcionamiento del organismo.

- Se designó formalmente al jefe de economistas, al jefe de abogados y al secretario letrado y se estableció la obligación de realizar una reunión semanal de la comisión.

- Se asignó un presupuesto propio a la CNDC y se creó un área de Presupuesto y Recursos Humanos.

- Se creó un área de auditoría.

- Se sistematizó la guarda de los expedientes iniciados en la CNDC con responsables que registran los movimientos internos.

- Se incorporó un sistema informático de sorteo para la asignación de las causas iniciadas en la CNDC. “Curiosamente, una vez implementado el nuevo sistema, por el transcurso de una semana no ingresó ningún expediente para ser sorteado. Con posterioridad, los vocales siguieron y siguen presentando resistencia al nuevo sistema de sorteos”, afirmó Sbattella.

- Los contratos que a comienzos de 2006 eran trimestrales pasaron a ser anuales y se incorporaron treinta agentes más.

El enfrentamiento

Sbattella detalla en el informe que la mayoría de las reformas implementadas fueron resistidas por el secretario de Comercio Interior y los vocales de la comisión. La ofensiva final se produjo el pasado 3 de junio, cuando Moreno aprobó una nueva estructura de la CNDC sin darle intervención a la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Economía. La norma creó los cargos de vicepresidente primero y segundo de la CNDC designando en estos puestos a los vocales Humberto Guardia Mendonça y Diego Póvolo. A Guardia Mendonça le asignó la tarea de ejercer la supervisión y tomar las resoluciones del área administrativa de la Comisión. Por lo tanto, a partir de entonces sería el encargado de manejar el presupuesto y decidir las contrataciones de la CNDC. Póvolo, por su parte, quedaría al frente de una nueva área de investigaciones y auditoría. “La resolución Nº 70, amén de rozar la ilegalidad, vacía de contenido la figura presidencial y otorga funciones exorbitantes a los restantes vocales”, denunció Sbattella, pero no tuvo eco dentro del Gobierno y finalmente quedó desplazado. Entre sus asignaturas pendientes se debe contabilizar la imposibilidad de agilizar el tratamiento de los expedientes, pues en los últimos meses los vocales se negaron sistemáticamente a tomar cualquier tipo de resolución, paralizando de hecho el funcionamiento de la Comisión.

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