La UCR presentará la semana que viene una denuncia penal contra Ricardo Jaime, secretario de Transporte, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y otra contra los directores del Estado nacional en Aerolíneas Argentinas por administración fraudulenta. El argumento es que “Jaime no cumplió con sus funciones de fiscalización y control, lo que permitió el vaciamiento de la empresa, en connivencia con Marsans”. La demanda, que estará centrada en las responsabilidades del Estado argentino, “podría hacerse extensiva hacia el gobierno español”. Por su parte, los otros bloques de la oposición (CC, SI y PRO) están recabando más información sobre el estado de la compañía para determinar los pasos a seguir.

“Este gobierno tenía que hacer tareas de control que no realizó. Jaime integró el directorio de la compañía, pero no concurrió a ninguna reunión de la empresa. Durante su gestión se produjeron las principales maniobras para el vaciamiento”, aseveró a PáginaI12 el radical Alejandro Nieva, vicepresidente de la Comisión de Transporte de la Cámara baja. El radicalismo iba a hacer pública su demanda penal ayer, pero fue postergada hasta la semana próxima porque “todavía continúan recabando pruebas”, según abogados de la UCR.

La lupa estará puesta en “el mal desempeño” de Jaime como secretario y como director de la empresa, cargo que ocupó entre agosto de 2003 y junio de 2004. “En los fundamentos del proyecto del Ejecutivo se reconoce que existe un vaciamiento, entonces por qué el Estado tiene que hacerse cargo de los 890 millones de dólares de la deuda. Si hay un vaciamiento, hay un ilícito”, señaló a este diario una de las letradas que está trabajando sobre la demanda.

En Diputados, el encargado de llevar adelante esta causa es Nieva, mientras que en el Senado ese rol lo ocupa Gerardo Morales, presidente del Comité Nacional de la UCR. “Frente al caso de Aerolíneas, estamos en alerta. Como en otras oportunidades, el kirchnerismo no nos ofrece la tranquilidad y transparencia que se debiera, más tratándose del Ministerio de Planificación y la Secretaría de Transporte”, afirmó Morales.

Uno de los temas que más le criticaron a Jaime tras su paso por el plenario de comisiones fue la aprobación de los balances 2003-2005. En un primer momento, el Estado había vetado esos informes e iniciado un proceso judicial, pero en 2006, tras la salida de Roberto Lavagna, los balances fueron aprobados. Según explicó Jaime anteayer, el Estado había acordado con la empresa que si recibían todos los estados contables de AA, podrían llegar a aprobar esos balances. “Que acredite judicialmente su versión. Además, de prosperar la causa, podría hacerse extensiva al gobierno español y sumarse a los juicios que ya están abiertos en España por malversación de fondos”, agregó Nieva. Tanto la UCR, CC, PRO, SI, e incluso los peronistas disidentes, están pensando diferentes alternativas para el futuro de la compañía. Algunos plantean la posibilidad de la quiebra, intervenirla, cerrarla, crear una nueva empresa. Hasta se escuchó la palabra expropiación. La semana que viene, el debate continuará con los gremios aeronáuticos y directivos de Marsans.