Según coinciden varios analistas, el caso de la recuperación de la economía argentina después de la crisis del 2001 es digna de estudios de libro. No sólo por su particular origen, una especie de castigo autoinflingido mediante el modelo de la convertibilidad, sino también por la especial capacidad de destrucción que tuvo ese proceso de apertura –sobre la estructura industrial y la estructura social, a la vez– y la forma en que resquebrajó las instituciones en su declive final. Basta acordarse de la forma en que se pulverizó el gobierno de Fernando de la Rúa y el desprestigio hasta el límite del desprecio que alcanzó el sistema bancario, casi en su conjunto, en aquel final de 2001. Lo más notable, con todo, es la velocidad que tuvo el posterior proceso de recuperación. Y curiosamente, los instrumentos que tradicionalmente fueron considerados imprescindibles para el funcionamiento de la economía, estuvieron todavía ausentes por algún tiempo después de ya iniciada la recuperación.

Uno de ellos es el consumo interno, que quedó todavía más aplastado por una devaluación que redujo el valor de la moneda (en dólares) a menos de su tercera parte, arrastrando a la baja también a los salarios reales, medidos por su capacidad adquisitiva. Paralelamente, como consecuencia de una crisis bancaria que prometía ser prolongada, desapareció el crédito. El del sistema financiero formal, al menos. Pero echemos una mirada sobre los no tan conocidos sustitutos que, nacidos con anterioridad, tomaron mayor vuelo a partir de entonces.

Los fideicomisos financieros, como instrumento, existían ya desde antes de la crisis, pero cobran inusitado vuelo desde el año 2003. El fideicomiso funciona como un fondo de inversión de plazo limitado y con un fin también restringido. La finalidad de estas operaciones, según la ley que los reglamenta, ha sido permitir la llegada de capitales a las empresas sin intermediación de terceros. La modalidad que mejor aprovechó este instrumento fue la venta a crédito de electrodomésticos. Grandes cadenas comerciales se expandieron en base al sistema, y otras prácticamente se formaron y desarrollaron a partir de este mecanismo.

¿Cómo funciona el fideicomiso en estos casos? Reúne los fondos a prestar, a los que retribuirá con una generosa tasa de interés, y con ellos le “compra” a una cadena de electrodomésticos todos los créditos otorgados a sus clientes en la venta de productos. Lógicamente, este “adelanto” se hace a través de una importante tasa de descuento sobre el valor final a cobrar por los documentos o títulos firmados por el cliente. Es decir, el fideicomiso asume el riesgo de cobranza pero cobrando una importante tasa de ganancia por la operación. El colocador de fondos obtiene una renta muy superior a la que conseguiría en otras operaciones financieras a tasa fija.

¿Y quiénes son esos colocadores? A veces, particulares, pero habitualmente son bancos y AFJP. Es curioso, pero los bancos no pierden por ser desplazados por otro tipo de prestamista no convencional. Al contrario: le abre una nueva oportunidad de negocio, y sin ningún gasto de gestión (atención al cliente, seguimiento de cuentas, etc.). ¿Y las cadenas comerciales, que deben pagar descuentos tan altos para reponer fondos, después de tener que vender ofreciendo precios y financiación atractiva a sus clientes en un mercado altamente competitivo? ¿Ganan o pierden? Ganan contablemente, pierden según su declaración impositiva. Veamos cómo nada es imposible.

Según un meduloso estudio hecho por Alejandro López Mieres, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, publicado en noviembre pasado junto al diputado Claudio Lozano, además de la renta a los inversores o prestamistas, los fideicomisos pagan un rendimiento a los tenedores de Certificados de Participación, una especie de participación accionaria del aportante del capital inicial para constituir el fideicomiso financiero. Usualmente, el titular de estos Certificados es la propia cadena comercial asociada. Y como la diferencia de tasa (spread) entre la que el fideicomiso le paga al prestamista y la que le cobra como descuento para compra de los títulos de deuda a la cadena comercial es muy grande (ésta mayor que aquélla), sus ganancias también serán importantes. El dato clave, ahora, es saber que, hasta ahora, estas utilidades de los fideicomisos estaban exentas del impuesto a las Ganancias.

Cuando a principios de agosto se conoció la decisión del Poder Ejecutivo de eliminar la exención, la interpretación del abanico mayor de analistas tuvo dos ejes: se la consideró una medida de corte fiscal, en cuanto estaría orientada a buscar mejorar la recaudación; y contraria al crecimiento económico, ya que impactaría negativamente sobre las ventas al encarecer el crédito y aumentar las cuotas. Más allá de la relativa veracidad de tales aseveraciones en el contexto actual, lo que se obvió fue la fabulosa elusión que se venía pergeñando con ese diseño de financiación no tradicional.

Según lo señalado por López Mieres, la condición de que la cadena comercial fuera a la vez dueña de los Certificados de Participación del fideicomiso y “vendedora” de los cupones de deuda, le permitía varias maniobras simultáneas a la vez: cobra tasas muy altas a sus clientes en las ventas a crédito, pero luego, al vender los cupones con un elevado descuento, le transfiere la ganancia al fideicomiso. Es decir, está transformando ganancia comercial gravada por Ganancias en ganancia financiera exenta. No es la única forma de elusión, advierte el autor: la cadena comercial también “carga” en sus cuentas todos los gastos administrativos, de publicidad, de gestión y en personal asociados a la colocación de las ventas en cuotas. Estos gastos reducen su ganancia comercial (gravada), aunque son gastos de la operación financiera (exenta). En virtud de todo ello, el trabajo sugería la necesidad de eliminar la exención impositiva a los fideicomisos, que Lozano elevó como anteproyecto al Congreso.

Tras la crisis de 2001, los primeros síntomas de expansión se verificaron en las actividades vinculadas a la exportación. Luego les tocó el turno a las actividades productivas y de servicios vinculadas a sectores de alto poder adquisitivo. En esta franja se ubicaron los fideicomisos financieros ligados a la venta de electrodomésticos y otros bienes de uso e instalaciones del hogar. La financiación de estas operaciones por esa vía fue geométrica desde entonces. Se calcula que de los casi 250 millones de pesos de créditos al consumo financiados en 2003 se pasó a 10.000 millones de pesos anuales en la actualidad (se multiplicó por 40). Las tasas de interés efectiva que pagan los compradores oscila entre el 80 y 125 por ciento, según el mismo estudio citado. La exención impositiva tuvo mucho que ver en la profusión de un instrumento que, a la par que promocionó las ventas, también facilitó abusos.

La consecuencia de eliminar la exención no será, necesariamente, deprimir las ventas. Sacrificar parte de exorbitantes ganancias no es sinónimo de impedir el desarrollo de una actividad. Aunque en Argentina, últimamente, este concepto es cada vez más discutido.