La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de una comisión bicameral que investigará la supuesta elusión impositiva por más de 1500 millones de dólares que las cerealeras exportadoras habrían concretado a través de presentaciones anticipadas de sus Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). Los 200 diputados presentes ayer en la Cámara baja avalaron con su voto y sin debate la conformación de la comisión.

Los legisladores bucearán en las DJVE –entre noviembre de 2007 y marzo de 2008–, con las cuales las cerealeras lograron congelar las alícuotas de las retenciones para exportaciones que se habrían realizado después de los aumentos que decretó el Gobierno. La sospecha alcanza a las principales compañías exportadoras: Bunge Argentina, Cargill, Dreyfus, Nidera, Aceitera General Deheza (AGD) y Molinos Ríos de la Plata encabezan –según las denuncias– el ranking.

Igual que en el Senado, los diputados respaldaron el proyecto por unanimidad. Investigarán una “maniobra fraudulenta” que ya había sido enunciada en la ley Martínez Raymonda en 2007, que imponía mayores controles al registro de exportaciones, y que luego expuso ante la Justicia el ex diputado Mario Cafiero a principios de este año.

Cafiero, junto a los diputados Claudio Lozano (Proyecto Sur), Eduardo Macaluse (SI) y Verónica Benas (PS) hicieron pública la denuncia el mismo día que comenzó el debate sobre las retenciones móviles en el Congreso. Lozano tuvo un acalorado contrapunto público con los representantes de las Bolsas de Cereales. Luego, la propia Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) y la Aduana se hicieron eco de las denuncias.

El proyecto que consensuaron el kirchnerismo y el radicalismo en el Senado establece que la comisión investigadora tendrá un plazo de 90 días –prorrogable por única vez y por igual período– para solicitar documentación, requerir y recibir testimonios, exigir la exhibición de prueba testimonial y practicar inspecciones y allanamientos en lugares públicos, semipúblicos y privados con autorización de la Justicia. El informe final y sus conclusiones deberán ser presentados y hechos públicos ante el plenario de cada cámara antes de ser elevado a la Justicia.

La misma estará conformada por seis senadores y seis diputados, de acuerdo con el reglamento de cada cámara. De esta manera, el oficialismo aportaría cuatro senadores y mantendría la presidencia de la comisión, mientras la UCR tendrá los dos restantes por la Cámara alta. Sin embargo, en la Cámara baja ya se desató la disputa por algún lugar en la comisión, en la que el oficialismo tampoco quiere resignar su representación mayoritaria.