La asunción de un millonario pasivo o el pago de un precio por Aerolíneas Argentinas muestran a priori a esta reestatización en marcha como la más gravosa de las concretadas hasta el momento. Sin embargo, no fue menor el lastre que dejaron otros rescates emblemáticos a los que se vio forzado el Gobierno, como el de los servicios de correo y agua. En todos los casos, fueron penosos finales para gestiones privadas, que se presentaron como la mejor opción para optimizar la prestación y cuyo único objetivo terminó siendo maximizar la renta, a costa del servicio público bajo su comando.

Una diferencia fundamental entre la reestatización aeronáutica en ciernes es que como Aerolíneas Argentina y Austral fueron “vendidas”, para recuperarlas el Gobierno eligió la figura de la recompra de acciones: el Estado volvería así a ser el dueño de esas empresas con las ventajas y desventajas que ello implica. En los otros casos, recuperó el derecho a explotar un servicio que sólo había “concesionado”, adjudicándoselo a sociedades privadas que ahora están en convocatoria de acreedores y con las que tiene pleitos abiertos. El borrón y cuenta nueva implicó la creación de empresas estatales diferentes a las privadas, como Aysa y el Correo Oficial de la República Argentina S.A., que no asumieron en forma directa e inmediata un pasivo como el que acumulan aquellas líneas aéreas.

Los tres procesos, sin embargo, están hermanados en algunos puntos. Los españoles de Marsans, operadores de Aerolíneas y Austral, los franceses de Suez, en Aguas Argentinas, y la dupla Grupo Macri y Banco de Galicia, en el Correo Argentino, tenían el mismo afán por abandonar una prestación que dejaron de considerar un buen negocio. La huida se dio después de pauperizar el servicio con administraciones que también coincidieron en su renuencia a invertir.

Cuando en el 2006 el Estado rescató la concesión de Aguas Argentinas lo hizo argumentando la mala calidad del servicio, probada por la inadecuada cantidad de nitrato en el agua. Omitió cualquier referencia escrita a la falta de inversión de la empresa, porque la empresa aseguraba que para cumplir con el plan de obras requerido en el momento hubiera sido necesario autorizar una suba de tarifas superior al 60 por ciento. Según los técnicos oficiales, así cerrarían el camino para que el consorcio privado litigara, endilgándole al Estado no haberle permitido aplicar los reajustes que eran posibles por contrato.

Pero los planteos judiciales llegaron igual y por una doble vía. Suez, líder del consorcio, está demandando a la Argentina por 1700 millones de dólares en tribunales internacionales, como resarcimiento por la rescisión unilateral de contrato dispuesta por Estado. La sociedad que lidera localmente, Aguas Argentinas, formuló un reclamo con similar argumento pero ante la Justicia local, por un monto que rozaría los 1200 millones de pesos. Los abogados estatales replican, en este último caso, exigiendo un pago por el desastroso estado de gran parte de las cañerías subterráneas.

Una cuenta más detallada obligaría añadir a aquellas eventuales indemnizaciones el costo de las inversiones que ahora ejecuta Aysa con fondos enteramente públicos y que en parte subsanan los déficit de obras en que incurrieron los concesionarios privados. En atención a eso es que el marco regulatorio que rige para esta empresa estatal fija que sólo deberá “propender” a alcanzar una presión suficiente para alimentar un tanque ubicado a diez metros de altura, meta que ya debía haber cumplido cómoda la sociedad liderada por los franceses. Es decir: se flexibilizaron los estándares de calidad para dar tiempo a que la firma pública haga las correcciones del caso, aunque bajo la dirección de Carlos Ben, el mismo ejecutivo que lideró la sociedad privada.

Dos años y medio antes de ese rescate, el 19 de noviembre del 2003, la administración de Néstor Kirchner dio por caída la concesión del Correo, cuyo adjudicatario estaba en convocatoria de acreedores desde el 2001. Por entonces acumulaba una deuda superior a los 450 millones de pesos en concepto de canon impago. Una parte integra el paquete de obligaciones concursales y la otra se suma a los reclamos económicos varios que se discuten en Tribunales. La sociedad de Sideco Americana y Galicia ya había demandado en sede judicial un monto bastante superior al Estado, como resarcimiento por conceptos varios. Entre ellos, por no haberle garantizado la flexibilización de las condiciones de empleo, para asemejar su costo a la competencia. Las causas siguen su curso con la exasperante lentitud judicial.

En su propósito de mejorar los números, el prestador privado parecía insaciable y no se dio por contento con la maniobra que le había consentido el ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath de computar a cuenta del programa de inversiones que debía ejecutar y no lo hizo los 126 millones de pesos/dólares que la sociedad privada había gastado para indemnizar al personal que expulsó al asumir. Ni aquello ni esto sirvió para aplacar el afán de lucro privado: Correo Argentino Sociedad Anónima también inició querella porque al recuperar los activos afectados a la prestación postal, el Estado se quedó con el centro de redistribución de Monte Grande, en el que Macri sí invirtió un monto importante.

Sobran litigios abiertos con los protagonistas de la privatizaciones encaradas hace más de una década. Los concesionarios de peaje originales –-las rutas fueron reprivatizadas en el 2003– también dejaron obligaciones millonarias incumplidas que, en el marco de una nueva concesión, el Estado terminó asumiendo como propias y ahora ejecuta bajo la administración del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. En el caso de Aeropuertos, las arcas públicas no corrieron una suerte muy diferente, aunque el contrato se renegoció en términos amistosos: para cobrarle a Eduardo Eurnekian una deuda superior a los 800 millones de pesos, el Estado se asoció, recibiendo acciones.

La partida con Marsans recién empieza, pero todo hace presumir un final poco auspicioso en este sentido. Nada garantiza que los todavía dueños de Aerolíneas no intenten hacer valer los derechos que les cupiera con demandas millonarias, si el precio a cobrar por las acciones no surgiera de un acuerdo que les satisficiera. De lo que sí hay certezas es de que para sostener el servicio, y más aún para remontarlo, el Estado no podrá eludir inversiones millonarias. Amén de lo que pague por las acciones o de las deudas que asuma como propias o aquellas que resigne cobrar.