ECONOMíA › JULIO DE VIDO CONFIRMó QUE SE EVALúA ADOPTAR LA NORMA JAPONESA PARA LA TELEVISIóN DIGITAL
La intención oficial es coordinar el desarrollo del dispositivo junto al socio del Mercosur, que eligió ese estándar técnico en julio de 2006. PáginaI12 detalla las claves de un negocio millonario que promete revolucionar la televisión.
› Por Fernando Krakowiak
El ministro de Planificación, Julio De Vido, confirmó ayer que el Gobierno evalúa adoptar la norma japonesa para el desarrollo de la Televisión Digital Terrestre (TDT), tal como adelantó PáginaI12 el sábado. La intención oficial es coordinar el desarrollo del dispositivo junto con Brasil, que eligió ese estándar técnico en julio de 2006. “Todavía tenemos que hacer algunos estudios, pero hemos avanzado porque esto le dará una fuerte impronta al Mercosur”, aseguró. La decisión es trascendente, pues está en juego una inversión millonaria. De hecho, las empresas estadounidenses, europeas y japonesas vienen llevando adelante un fuerte lobby desde hace más de una década para que el Gobierno adopte la tecnología diseñada por sus respectivos países. Sin embargo, esa elección es apenas el primer paso de un proceso que también requiere la elaboración de un plan de migración al sistema digital y la discusión del modelo de negocios que se implementará sobre el nuevo soporte. Lo que sigue son las claves de un negocio que promete revolucionar la televisión.
Es la transformación más importante que enfrenta la televisión desde su creación, hace más de 50 años. La migración del sistema analógico al digital marcará el pasaje de un modelo de radiodifusión unidireccional caracterizado por una limitada cantidad de canales de aire a un esquema interactivo que contempla la posibilidad de una mayor oferta y más servicios. Las tecnologías de compresión permiten ofrecer hasta doce canales digitales de definición estándar en el ancho de banda que actualmente requiere un canal analógico (6Mhz), difícilmente se llegue a ese extremo porque no es funcional a las empresas que actualmente dominan el mercado, pero la posibilidad es técnicamente factible. El nuevo dispositivo contempla además otros beneficios: mejor calidad de imagen y sonido, capacidad de interactividad y mayor interoperabilidad con equipos de telecomunicaciones e informática, lo que permite brindar servicios con valor agregado transformadores de la industria (bases de datos, bancos de programas, productos multimedia, etcetera.).
Una vez que se adopte el estándar tecnológico, se deberá definir un plan de migración al sistema digital que concluirá con un “apagón analógico”. A partir de ese día será imposible ver televisión con los aparatos disponibles en los hogares. Por lo tanto, los espectadores tendrán dos opciones antes del “apagón”: comprar un televisor digital o un conversor que permita decodificar la señal digital para adaptarla a los viejos receptores. La elección de la norma es la manera de definir a quién se le otorga ese espectacular negocio.
La TDT inició su recorrido en 1996 en Estados Unidos, cuando la Comisión Federación de Comunicaciones aprobó el estándar técnico propuesto por el Advanced Television Systems Committee (ATSC). La norma surge como consecuencia de una decisión anterior de la administración estadounidense, que en 1992 promovió la creación de la Gran Alianza de su industria nacional para acelerar el pasaje a la TDT salteándose el paso intermedio, consistente en mejorar la televisión analógica con los sistemas de alta definición. La apuesta por el “todo digital” permitió a Estados Unidos desactivar la implantación en el mercado de los estándares de televisión analógica de alta definición que habían madurado japoneses y europeos, y le devolvió el liderazgo en la carrera tecnológica del sector. Europa reaccionó desarrollando el estándar Digital Video Broadcasting (DBV) y Japón hizo lo propio con el lanzamiento de la norma ISDB. Desde entonces, la pugna entre estándares quedó planteada y el resto de los países comenzaron a debatir qué opción adoptar para establecer sus sistemas de TDT. Los principales promotores de la norma estadounidense son LG electronics, Zenith, Dolby, Harris Corporation y el Grupo Clarín. Del lado europeo se destacan Siemens, Nokia, Philips, Telefónica y Telecom. Mientras que Japón es representado por Sony, Sanyo y Nec.
No hay una respuesta precisa porque se destacan en diferentes aspectos y la propia evolución de la tecnología deja abierta la posibilidad de que se vayan perfeccionando. El gobierno de Kirchner comprendió esto y en la resolución 4/2006 expresó que “no es la evaluación técnica la que poseería el peso mayor al momento de una definición”. Lo que decidió tomar en cuenta son pautas económicas tales como inversión, generación de empleo, transferencia de tecnología y pago de royalties.
En realidad, la Argentina eligió la norma estadounidense ATSC en octubre de 1998 (resolución 2357). Hasta ese momento, apenas tres países habían optado (Canadá, Taiwan y Corea del Sur). Sin embargo, en mayo de 2000, el entonces secretario de Comunicaciones de la Alianza Henoch Aguiar aseguró que la decisión se iba a revisar porque se había tomado “sobre fundamentos incorrectos, con pruebas inexistentes, sin ningún tipo de coordinación con Brasil y basándose en consideraciones falsas sobre la norma europea DVB”. Pese a ello, la resolución nunca se derogó y de hecho sigue vigente hasta el día de hoy. Por lo tanto, si el Estado decide elegir la norma japonesa, primero deberá derogar la actual, pudiendo enfrentar demandas de aquellas empresas que afirmen haber invertido tomando en cuenta el estándar vigente. En abril de 2006, Néstor Kirchner creó una Comisión de Estudio de los Sistemas de TDT encargada de recomendar nuevamente el estándar técnico. La comisión debía expedirse “en un plazo de quince días a partir de su constitución, a los efectos de elaborar un informe final de conformidad con los objetivos fijados”. Sin embargo, el Gobierno nunca informó qué personas fueron designadas para integrar el organismo, cuándo se realizaron las reuniones, qué tareas se llevaron adelante y qué recomendación se formuló, si es que la hubo.
En Brasil, en cambio, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones empezó a coordinar el proceso de selección del estándar técnico en marzo de 1998. Entre octubre de 1999 y abril de 2000 se realizaron pruebas técnicas (de laboratorio y de campo) para cada uno de los sistemas. Un par de meses después se informó públicamente su resultado anunciando una leve ventaja para el estándar japonés. También se realizaron encuestas a los televidentes y una consulta pública para abrir el debate no sólo sobre los aspectos técnicos de los distintos sistemas sino también sobre el impacto que provocaría en la industria nacional de equipos receptores y de transmisión y sobre la posibilidad de impulsar una coordinación regional. Finalmente, en julio de 2006 se terminó eligiendo la norma japonesa. El ministro De Vido afirmó ayer que Argentina iniciará ahora algunos estudios técnicos con la intención de seguir el mismo camino.
La elección del estándar tecnológico es el primer paso, pues luego se deberá definir el plan de migración del sistema analógico al digital y el modelo de negocios que se terminá desarrollando. Este último punto es el de mayor trascendencia, pues la TDT ofrece múltiples opciones. Por ejemplo, se deberá definir cuántos canales se ofrecerán en el ancho de banda que actualmente requiere un canal analógico. Las técnicas de compresión permiten brindar hasta doce canales digitales de baja definición, pero seguramente la industria va a resistir que la oferta se multiplique de esa manera a no ser que se codifique la señal y se cobre por su acceso, como sucede actualmente con los canales premium que llegan a través del cable. Tampoco se sabe si, en caso de ofrecer más canales, las nuevas señales se licitarán o quedarán en manos de quien ahora explota la licencia del canal analógico que será reemplazado. Los dueños de los canales de aire reclamarán ese ancho de banda argumentando que les pertenece mientras dure la concesión, pero el Gobierno podría dejarles sólo un canal y licitar el resto entre otras empresas comerciales e incluso otorgar algunos canales a entidades sin fines de lucro para favorecer una mayor participación ciudadana.
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