El Senado comenzó a analizar ayer el proyecto de movilidad jubilatoria. La primera novedad fue que la sesión en la que supuestamente se convertiría en ley se postergó una semana: en lugar del miércoles 17, el bloque del Frente para la Victoria la corrió al 24. La versión oficial fue que algunos senadores no estarán la próxima semana por cuestiones de agenda –tienen viajes previstos– y entonces se prefirió esperar a su regreso. Eso tiene que ver también con la necesidad de asegurar la mayor cantidad de votos posibles, en un debate que será ríspido. En principio, el Gobierno conseguiría reunir una mayoría para ratificar la media sanción de Diputados, pero sería más ajustada de la que sancionó la reestatización de Aerolíneas Argentinas.

El tratamiento en el Senado comenzó con una reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión, que preside el radical Gerardo Morales, y Presupuesto y Hacienda, que encabeza Fabián Ríos (FpV). Recibieron al ministro de Trabajo, Carlos Tomada; a su número dos, Noemí Rial, y al director de Anses, Amado Boudou. A la delegación le faltó el otro invitado, el secretario de Seguridad Social, Walter Arrighi. “Se quedó en el ministerio atendiendo otras cuestiones”, dijeron fuentes del oficialismo. Sin embargo, este diario escuchó de una alta fuente del Gobierno que el funcionario no asistió porque debió presentar su renuncia, por pedido del propio Tomada. Le habrían imputado falta de convicción en la defensa del proyecto del Poder Ejecutivo. En particular, le señalarían que cuestionó frente a un grupo de diputados la aplicación del índice de salarios del Indec para el cálculo de aumento de las jubilaciones, y que en su lugar propuso utilizar el que elabora su oficina (el Ripte).

La sugerencia de Arrighi finalmente fue atendida, ya que la presidenta Cristina Fernández accedió a que se use uno u otro índice de salarios e incluso fue más allá, al determinar que regirá el que arroje un mayor porcentaje de aumento. La Presidenta ofreció ese punto a la CGT y la CTA para lograr su respaldo a la iniciativa. Sin embargo, en la Casa Rosada no habría caído nada bien que Arrighi abriera esa puerta a la oposición antes de estar acordado dentro del Gobierno. La versión señala que el jefe de Gabinete, Sergio Massa, habría presionado para su salida. Hasta anoche, en la cartera laboral decían escuetamente que el funcionario sigue en su cargo. No sería por mucho más.

El superávit

Un dato relevante que entregó Boudou por consulta de la senadora Sonia Escudero (PJ, no alineada a la conducción del bloque) fue que el superávit fiscal de Anses será este año de 4500 millones de pesos. “Con ese dinero, el Fondo de Sustentabilidad de las Jubilaciones llegará a 21.500 millones de pesos”, precisó. Con ese excedente habría posibilidades de otorgar otro aumento de jubilaciones antes de fin de año, según la interpretación de distintos senadores, incluso del oficialismo. Carlos Reutemann y Roxana Latorre, representantes por Santa Fe del FpV, lo reclamaron en una reunión privada con Tomada y Boudou antes de la sesión plenaria de las comisiones. El ministro de Trabajo dijo en ese encuentro con la bancada oficialista que conceder otro incremento de haberes antes de diciembre es una decisión política que todavía no fue resuelta. Algunos leyeron en esa respuesta que existen chances reales de que ocurra.

En público, ante el conjunto de los senadores de las comisiones, Tomada fue más cauto. Recordó que este año ya hubo dos ajustes de jubilaciones, de 7,5 por ciento cada uno. El ministro escuchó de prácticamente todos los legisladores de la oposición el pedido de que se instrumente otro aumento este año. El segundo punto con el que machacaron fue que antes de la entrada en vigencia del nuevo índice de movilidad el Gobierno compense a los jubilados que tuvieron subas menores a la inflación de 2002 a la fecha. De ese modo, argumentaron, se repararía una injusticia, ya que con la política de subas de la mínima superiores a las del resto de los haberes la mayoría de los jubilados (el 70 por ciento) quedaron incorporados en esa jubilación más baja.

Tomada respondió con firmeza, sobre todo a la senadora María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica), quien aseguró que no es cierto que el Gobierno tenga una política de inclusión previsional.

“Francamente me resulta increíble que este gobierno tenga que dar cuenta de su gestión frente a quienes han llevado adelante planes contra todos los jubilados. Hicimos mucho y por supuesto que todavía falta, pero nos habían dejado un sistema destruido, con la mínima en 150 pesos. ¡La mí-ni-ma es-ta-ba en 150 pe-sos!”, le recordó.

“Hay reflexiones que parecen más de un paracaidista búlgaro que de argentinos, que además tuvieron corresponsabilidad con la destrucción de las jubilaciones”, agregó minutos después el senador Nicolás Fernández (FpV), mirando a Estenssoro, del mismo partido que Patricia Bullrich, la ministra de Trabajo de la Alianza que apoyó un recorte de jubilaciones de 13 por ciento en 2001.

¿Y cuánto da?

Varios senadores de la oposición pidieron que Tomada y Boudou dijeran cuánto aumentarían las jubilaciones en 2009 en función de la evolución de los salarios y de la recaudación en lo que va de este año y con las proyecciones hasta diciembre. Ambos funcionarios se negaron. Boudou explicó que al Gobierno no le gusta entregar cifras para no generar expectativas, que la sociedad podría interpretar como un anuncio cuando en realidad no lo es. De todos modos, fuentes del oficialismo dijeron a este diario que en marzo de 2009 los haberes registrarían una suba de entre 10 y 12 por ciento, que se repetiría en septiembre. La oposición maneja cifras muy distintas, de entre 6 y 9 por ciento. Tomada, por su parte, insistió en que este proyecto es uno más de una larga saga de mejoras para los jubilados, que tampoco terminarán con esta ley, prometió.