Cualquier movimiento político o decisión administrativa en el área de los hidrocarburos que toma un gobierno de la zona tiene impacto en el conjunto del sensible mapa energético regional. El ataque de los autonomistas bolivianos a pozos y ductos en las últimas horas habría obligado a reducir a la mitad los envíos de gas a Brasil y comprometió los magros despachos a la Argentina, al menos, por veinte días. Este episodio coyuntural tiene como marco la aspiración proclamada por los prefectos de la Media Luna, opositores a Evo Morales, de que se duplique el precio de exportación a estas dos naciones, llevándolo a 18 dólares el millón de BTU. Lo curioso es que semejante avidez se fundamenta, entre otras razones, en lo que Buenos Aires le cobra a Chile por el gas que le vende hoy.

Bolivia es la gran reserva gasífera de la región, pero las posibilidades de aprovechar ese tesoro bajo tierra dependen, entre otras cuestiones, de que las petroleras privadas, en mayor medida, o YPFB, en menor, inviertan en el desarrollo de los campos. Los 41 millones de metros cúbicos por día que produce aquel país se destinan prioritariamente a Brasil (31 millones) y a atender el mercado interno (7 millones, aproximadamente). El saldo no alcanza ni para cubrir los 7,7 millones de metros que por contrato debería proveer a la Argentina, aunque le pague por ello más que cualquier otro.

Con temperaturas altas y recursos energéticos alternativos –compras de fuel o gas licuado, básicamente–, la falta del gas boliviano no traerá consecuencias demasiado dramáticas sobre la economía local. Pero el episodio arroja luz sobre las dificultades para contar con este recurso.

La estatal Enarsa importa el gas boliviano disponible a 10 dólares el millón de BTU (unidad calórica equivalente a unos 28 metros cúbicos). Este valor está por encima de lo que oblan los brasileños que, sin embargo, tienen la prioridad a la hora de ser atendidos. Pero es apenas la mitad de lo que paga Chile por el escaso gas que Argentina le envía, desde que la escasez obligó a Planificación a priorizar el mercado interno y forzar a las productoras que exportaban a mermar sus despachos.

Esas restricciones justificaron en su momento las protestas del gobierno de Michelle Bachelet, que pasó de la desesperación por el recorte del suministro argentino a buscar otras fuentes sustitutas. No le fue mal. En particular, si se considera que hoy se le cobra a esa nación casi 20 dólares el MBTU, de los cuales el grueso queda en la caja de Enarsa. De ese modo, la empresa estatal compensa lo que paga por el gas boliviano, que internamente provee luego a las petroleras locales a menos de un quinto de aquel valor: la diferencia es subsidio. Mucho más, sin embargo, le cuesta el gas licuado que importa.

En la última revuelta encarada por los prefectos de las provincias más ricas en hidrocarburos de Bolivia, sus seguidores destruyeron un ducto en Tarija que dificultó la entrega a Brasil y a la Argentina. No es extraño que los autonomistas golpeen en un lugar tan sensible. Desde la nacionalización, la administración de Evo Morales logró revertir la ecuación imperante, que implicaba una millonaria fuga de renta petrolera al exterior hacia las matrices de las empresas radicadas allí: hasta fin de 2005, Bolivia se quedaba con 300 millones de dólares de las exportaciones; ahora ese monto subió a 1600, producto de un cambio en el régimen de regalías que tributan las empresas.

Bien saben los gobernantes rebeldes que cerrando el grifo de la venta al exterior de hidrocarburos horadan el poder de la administración central privándola de recursos vitales. Sólo la merma del suministro a Brasil y a la Argentina implica una disminución de ingresos de alrededor de 7 millones de dólares por día. Según Santos Ramírez, el titular de YPFB, la empresa estatal tardará no menos de 20 días en reparar los ductos malheridos, tarea que le costará 100 millones de dólares, que se añaden a los 140 que deja de percibir por la menor venta. En este sentido, el golpe de los autonomistas fue bien asestado.