Sobre el escritorio de Aldo Pignanelli hay un borrador de comunicación a las entidades financieras que vale miles de millones de dólares. Es el documento que debe firmar el titular del Banco Central para informar a los bancos que las empresas petroleras y mineras están obligadas a liquidar la totalidad de sus exportaciones en el país, incluidos los dólares que dejaron en el exterior desde principios de año, escudándose en regímenes especiales. Pignanelli ya recibió los dos dictámenes del procurador general de la Nación que establecen que, desde diciembre pasado, debido al nuevo régimen cambiario, no están vigentes las normas que exceptuaban a petroleras y mineras de ingresar sus dólares al país. Pero el lobby feroz del sector habría asustado a las firmas del Central, necesarias para dar curso al trámite administrativo.
En los últimos años, petroleras y mineras revistan entre las principales exportadoras del país. Pero las petroleras están obligadas a ingresar al país una porción menor de sus dólares, mientras que las mineras ni siquiera. Desde 1989, por el decreto 1589, firmado por Menem, las compañías petroleras están autorizadas a mantener en el extranjero el 70 por ciento de los dólares cobrados por sus exportaciones. Las empresas mineras, en tanto, por la ley 24.196, del año ‘93, pueden dejar en el exterior el ciento por ciento de sus dólares. En un país ávido de dólares para evitar que el tipo de cambio vuele por las nubes, parecen exenciones demasiado generosas.
Sea como fuere, hay dos dictámenes del procurador general del Tesoro, Rubén Citara, que establecen que ambas normas ya no están vigentes. Y en el Ministerio de Economía dicen que Roberto Lavagna está comprometido con su aplicación, preocupado por cuidar la precaria estabilidad cambiaria.
El primer dictamen, referido a las petroleras, data del 31 de julio pasado. La consulta fue hecha al procurador por el banco Bradesco, que le solicitó saber si una exportación de YPF seguía gozando o no del beneficio de la libre disponibilidad de divisas (ver facsímil). Después de reseñar las resoluciones sobre el tema producidos por las distintas áreas jurídicas del Banco Central y del Ministerio de Economía, Citara afirma que “la excepción consagrada en el artículo 5º del decreto 1589/89 no se encuentra vigente y carece de operatividad frente al régimen cambiario establecido por los decretos 1606/01 y 260/02”.
En cuento a las mineras, el dictamen lleva fecha del 16 de septiembre pasado (ver facsímil) y fue formulado a partir de los pedidos de las empresas Borax Argentina SA y Minera Altiplano. Estas compañías solicitaron al Banco Central que dicte una norma ratificando que pueden “disponer libremente de las divisas provenientes de sus exportaciones y se las exima de la obligación de ingresarlas y liquidarlas” en el país. De la misma manera, tras reseñar todos los antecedentes en 14 páginas, el procurador del Tesoro resolvió que “corresponde denegar el pedido formulado por las peticionantes”.
A principios de la semana pasada ya estaba redactada la escueta comunicación, de apenas media carilla, que el Banco Central debía enviar a ABA (Asociación de Bancos de la Argentina) y a Abappra (Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina) para informar a las entidades financieras que todos los dólares petroleros y mineros debían ingresar al país. Sin embargo, con Pignanelli en Washington, el trámite se demoró. Y con Pignanelli en Buenos Aires sigue estancado. Son miles de millones de dólares a tiro de una firma.