Monseñor Roberto Toledo, ex secretario privado del cardenal Antonio Quarracino, y Juan Miguel Trusso, uno de los hermanos de esa familia que participó de la conducción del Banco de Crédito Provincial, quedaron a un paso del juicio oral al confirmarse ayer su procesamiento por el delito de estafa. Así lo determinaron los camaristas Carlos Elbert y Carlos González, de la Sala Sexta de la Cámara del Crimen, quienes ratificaron un fallo de primera instancia del juez Facundo Cubas. Los magistrados decretaron a la vez el embargo por cinco millones de pesos de los bienes de cada uno de los acusados. El delito que se les imputa es excarcelable.
La confirmación del procesamiento de uno de los Trusso se produjo al mismo tiempo que transcendió que la Justicia estaría por liberar al único miembro de la familia detenido por las supuestas maniobras ilícitas que determinaron la caída del BCP: Francisco Trusso. Este es hermano de Juan Miguel, que ahora pasa a estar en la posición más incómoda. Se lo acusa de haber formado parte de una organización que estafó a la Sociedad Militar Seguro de Vida por 10 millones de dólares.
La supuesta maniobra tiene relación con un préstamo gestionado a fines de junio de 1997 por los acusados en favor del Arzobispado de Buenos Aires. El BCP salió como garante de la operación. La suma fue transferida de una caja de ahorros en dólares de la Sociedad Militar a una cuenta corriente del Arzobispado, abierta en el BCP. Pero el dinero se perdió en el camino. En los documentos que se suscribieron al realizarse la solicitud del crédito figura la firma del fallecido cardenal Antonio Quarracino. Sin embargo, la Justicia determinó que esa firma había sido falsificada y “que los montos transferidos a la cuenta del Arzobispado habrían sido objeto de una apropiación ilícita”.
Los jueces señalaron que Toledo, como secretario privado de Quarracino, participó de la reunión en la que se ultimaron los detalles del convenio, de la que Quarracino estuvo ausente, según se desprende del fallo. “Luego (Toledo) procedió a retirarse junto con Juan Trusso a otras dependencias, donde supuestamente debía hacérsele firmar (el acuerdo) al cardenal Quarracino, para luego regresar trayendo en sus manos un sobre conteniendo el contrato, ya presuntamente suscripto por quien debía hacerlo”, explicaron los jueces.
Toledo “tuvo decidida intervención en los pasos posteriores de la maniobra al firmar los dos cheques (por 5 millones de dólares cada uno) contra la cuenta del Arzobispado, de la cual se disiparon” los fondos del crédito que otorgó la Sociedad Militar, añadieron los magistrados. “En cuanto a Juan Miguel Trusso, se le endilga haber tomado parte de la referida reunión y haber acompañado (a Toledo) hacia las dependencias interiores, para regresar con el convenio supuestamente rubricado por el entonces arzobispo de Buenos Aires (Quarracino)”, concluyeron los magistrados.