“Queremos que este pajarito vuelva a ser un cóndor”, declamaba días atrás un técnico aeronáutico, señalando el dibujo azul en el extremo de una servilleta de Aerolíneas Argentinas. Su interlocutor era Daniel Martín, el titular del Tribunal de Tasación, quien ayer reiteró ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones que, junto a Austral, el grupo tiene un valor negativo de 832 millones de dólares, un patrimonio neto negativo de 489 millones y, por consiguiente, está en “estado de disolución y quiebra”. El previsto rescate estatal de las líneas aéreas contempla un eventual proyecto de ley para expropiar (ver aparte la desmentida de Ricardo Jaime), pero sólo como formalización de un plan de toma de la empresa que podría incluir alguna intervención previa y más contundente que la que se realizó hasta ahora. Aunque un acuerdo con Marsans a esta altura parece utópico, el Gobierno aún no dio por agotada la instancia negociadora. La Casa Rosada busca no problematizar la relación con España, ya perturbada por la estatización del sistema jubilatorio y el temor a una avanzada del estilo en otras áreas de la economía que afecte inversiones ibéricas.

Para que la performance empresaria de Aerolíneas resista la analogía con el ave más imponente de los Andes debería obrar un milagro. En cualquier alternativa barajada por el Gobierno para recuperar las líneas de bandera, el Estado se hará cargo del abultado pasivo, que a julio llegaba a los mil millones de dólares. Pero ese cuadro podría ser aun peor cuando termine de sincerarse el pasivo, tarea en la que se encuentran los técnicos de la Auditoría General de la Nación y de universidades estatales. De acuerdo con los tasadores, las restricciones para trabajar fueron dramáticas. No fue informada debidamente la deuda, la empresa no tiene inventario de bienes muebles, falta concluir el análisis de los contratos de leasing, y no se recibió información oficial de tráficos, tarifas y personal.

Entre otras amenazas sobre las cuentas, están los “pasivos contingentes” que el Estado español garantizó por 350 millones de dólares: si la privatizada pierde juicios en su contra, éstos serían cubiertos con euros madrileños, siempre y cuando Marsans siga siendo principal accionista. Algunos de esos pleitos podrían ganarse. Pero muchos van derecho a perderse y el impacto de ese golpe no está contemplado en los estados contables hasta ahora.

“Actualmente, el 58 por ciento de la flota es chatarra o a recuperar con un alto costo”, sentencia una de las proyecciones utilizadas para ilustrar a los parlamentarios sobre el cuadro de situación. Muchos aviones fueron “canibalizados” y están “desafectados” en los aeropuertos de Ezeiza y Santiago de Chile. La privatizada sólo tiene dos aviones propios y la flota está cotizada en 50 millones de dólares, mientras que hay repuestos por más de 130 millones.

Según explicó el presidente del Tribunal a los legisladores, existen tres métodos para ponerles precio a las líneas aéreas. El del “valor contable o libro”, técnicamente poco confiable, pero imposible en este caso con el gran nivel de “sobrevaluación de activos” que encontraron los tasadores oficiales. El otro es el del “flujo de fondos”, que estima el valor futuro del negocio, sobre hipótesis siempre discutibles. De cualquier modo, lo intentaron y así concluyeron que Austral vale 76 millones de dólares y AA, 546, con un total negativo de 622 millones de dólares. El tercero, por el que se inclinan los expertos públicos habitualmente, es el “valor sustantivo” que confronta los activos y los pasivos cotizados a valor de mercado, única técnica admisible para una empresa en estado de disolución. Sobre esta base surgió la dramática revelación de que el valor es negativo y por más de 832 millones de dólares.

Martín explicó que los balances elaborados a instancias de Marsans están distorsionados por las técnicas utilizadas y que, de ser depurados, arrojarían a julio pasado un patrimonio neto negativo de 489 millones de dólares, de acuerdo con un “método rápido” empleado para hacer el ajuste.

Uno de los defectos contables es la sobrevaloración de los bienes registrados: los de uso suman 1300 millones de pesos, cuando a juicio de los cotizadores oficiales no podrían superar los 715 millones. A esta cosmética actual se le sumarían decisiones de la gestión privada que habrían degradado dramáticamente la marca y la red, prueba del presunto “desinterés” de los españoles. El local de Aerolíneas en Guayaquil hoy es un restaurante chino y el de Río de Janeiro, una farmacia: ejemplos que el tasador apoyó con las correspondientes fotografías. Hoy sólo se vuela el 43 por ciento de las rutas asignadas.

Tampoco les resultó convincente el plan de negocios que Marsans presentó y aprobó en directorio aprovechando su mayoría y sobre el cual el Crédit Suisse cotizó Aerolíneas entre 0 y 60 millones de dólares y a Austral en un promedio de 350 millones de dólares. Ese programa daba por supuesto que en cuatro años la privatizada podría estar ganando 400 millones de dólares. “Y si eso era factible, ¿por qué no lo hicieron antes?”, ironizó el oficialista Mariano West, titular de la Bicameral.

Fue poco antes de convocar a sus colegas del cuerpo a firmar una resolución por la cual se indicó a la AGN que audite “todo el pasivo concursal y postconcursal de la compañía”, la convocatoria a informar sobre los avances de su tarea y el pedido al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, que les envíe la cotización que hizo el accionista privado. De cualquier modo, oficialistas y opositores ya están convencidos de que no hay otra chance que avanzar en el rescate, sin descartar la expropiación.