La tasación oficial, condimentada con datos que ilustran la debacle de Aerolíneas y Austral, acota el margen de Marsans para retirarse del negocio aerocomercial argentino llevándose dinero. Pero el empeño de los accionistas privados en cobrar algo puso al gobierno argentino en el brete de encontrar una manera de rescatar la línea aérea rápidamente, garantizando la operatividad y evitando al mismo tiempo un entredicho diplomático.

Rafael Llorens. subsecretario Legal del Ministerio de Planificación, es el encargado de comandar por estos días las discusiones con los representantes de los españoles, que insisten en que irán al Ciadi a denunciar el incumplimiento del acta acuerdo por la cual deben participar en la fijación de un precio para vender las acciones al Estado. Una solución que no sea de consenso implica no respetar ese papel, que indica nombrar a un tercero para que laude en caso de discrepancias.

El problema es que no sólo hay una diferencia abismal entre las pretensiones de unos y la cotización del otro, sino que germina la sospecha de desmanejos de los administradores hispanos que terminarían de esclarecerse cuando concluya el trabajo de los técnicos oficiales aún pendientes. No faltan ejemplos y varios de ellos se pusieron ayer sobre la mesa en el cónclave de la Bicameral: un avión de AA pasó a la flota de Air Plus Comet (grupo Marsans) y era utilizada por esta línea europea para el traslado de tropas españolas a Irak.

Entre las alternativas para promover una retirada sin mayores costos para el Estado, está la judicialización de la pelea, incriminando penalmente a Marsans por irregularidades administrativas. Otra es el pedido de quiebra, que el Estado podría formular en su condición de principal acreedor, aunque eso podría imponer escollos para que las empresas sigan operando sin discontinuar. Algo similar a lo que ocurriría con la expropiación que, a juicio de algunos asesores de Julio De Vido, no garantiza la toma inmediata de posesión de todos los bienes y, por consiguiente, que no haya interrupciones en la prestación. En cualquier caso, la intervención parlamentaria podría venir a posteriori de alguna medida administrativa previa y drástica cuya forma están buscando los especialistas legales.