El Ministerio de Trabajo anunció ayer la puesta en funcionamiento del comité previsto en el proyecto de reforma del sistema previsional, cuyo objetivo será preservar el empleo de los dependientes de las AFJP y lograr su reubicación. Para ello, convocó para hoy a los representantes de las administradoras de fondos, por un lado, y a los sindicatos del sector, por otro, para recabar toda la información pertinente a la situación del personal. En la cartera laboral estiman que el total de trabajadores involucrados ronda los 11 mil, contando a los de la Superintendencia de las AFJP. El nivel salarial de los empleados de las administradoras, siempre según fuentes oficiales, no superaría los 4000 pesos en el 90 por ciento de los casos, lo cual facilitaría su traspaso –si lo aceptan– a distintos estamentos del Estado. Los que, en principio, serían receptores de los empleados transferidos son la Anses, Secretaría de Seguridad Social, Superintendencia de Riesgo de Trabajo y AFIP. Una parte, al menos, de los empleados de la AFJP Nación quedaría integrada en otras unidades del mismo grupo bancario oficial. También se espera que los grupos financieros (bancos, seguros) que forman parte de las AFJP absorban parte del personal que quede desafectado. La cartera laboral ratificó la plena vigencia del procedimiento preventivo de crisis, lo que significa que las entidades –como cualquier empleador– no podrán despedir personal unilateralmente sin antes hacer una presentación formal de la situación o esperar una salida negociada con el Ministerio. Además de la cartera laboral, conforman el comité la Anses y la Secretaría de la Función Pública.

En tanto, un sector del personal de las AFJP planteó su oposición a pasar al Estado y defiende la vigencia del sistema de capitalización previsional. Cyntia Leszczynski, ex delegada del gremio del seguro, se erigió en vocera “de todos los que creen en la libre opción jubilatoria”, no sólo de los trabajadores de las AFJP. La semana pasada, los empleados “autoconvocados” ya habían realizado una marcha hacia la Plaza de Mayo, que hoy intentarán reiterar, esperando contar con el apoyo de los afiliados al sistema privado.

El sector de las AFJP era disputado, originalmente, por el gremio del seguro y por el de comercio, que los consideraban perteneciente a sus respectivas jurisdicciones por las características de la actividad. Sin embargo, a lo largo de los catorce años de vigencia del sistema no lograron hacer pie con una representación significativa. Hoy se calcula que la proporción de trabajadores sindicalizados no alcanza al 20 por ciento de los planteles laborales del sector. Ello da lugar a que emerjan grupos de autoconvocados reclamando una representatividad que, en los hechos, está vacía.

En la lectura del sector financiero, la puesta en funcionamiento del comité de reubicación del personal de las AFJP es simplemente un paliativo que brinda el Gobierno ante la convulsión que provocó con la decisión de reformular el sistema jubilatorio y eliminar el régimen de capitalización. Para el Gobierno, en cambio, el mecanismo implementado es llevar a la acción la política de intervención oficial que busca instalar tratando de ponerles un dique a los despidos en masa. Lo que en el sector productivo y comercial se viene revelando como “posturas preventivas” de parte de los empresarios, disponiendo suspensiones y hasta cesantías antes de que le lleguen los efectos de la crisis externa, en el caso de las AFJP fue una política preventiva del propio gobierno, que dispuso cerrar estas entidades antes que la crisis financiera terminara vaciándolas por completo y a la vez atender el destino de sus empleados para no sembrar de más tensión el mercado laboral.

Noemí Rial, viceministra de Trabajo, explicó ayer en una entrevista que la actitud de las empresas con respecto a las suspensiones y despidos “se está dando como actitud preventiva, antes de tener repercusiones directas en la actividad por la crisis internacional”. Indicó, en una entrevista que concedió al noticiero de Canal 7, ayer en la edición matutina, que este accionar se da en dos planos. “En un caso, responden a decisiones de la casa matriz, que derivan en suspensiones, adelanto de vacaciones o despidos de personal temporario. Esto último es lo que hizo Renault, en Córdoba, y General Motors, en Santa Fe. Y no se puede decir que la industria automotriz esté pasando por ninguna crisis, con los niveles de venta que está teniendo. La intención es adelantar lo que tienen planificado para el año próximo, cuando piensan discontinuar la producción de ciertos modelos acá para fabricarlos en sus países de origen, para paliar la crisis que sufren en aquellos mercados”.

El otro plano en el que se manifiesta la intención empresaria tiene que ver con “problemas concretos, caída de mercados por suspensión de exportaciones, como por ejemplo nos está ocurriendo en el caso del cuero, donde cinco empresas pidieron abrir procedimientos preventivos de crisis”. La vía de intervención con la que cuenta el Ministerio le habilita para dictar un plan de reestructuración productiva, facilitando ciertos subsidios a cambio de evitar los despidos. “Hay otros pequeños casos de firmas textiles, otros en La Rioja que han pedido apoyo, de la industria del calzado, del vestido, de los frigoríficos”.

Rial señaló que, antes de que caiga la relación laboral, y aun en el caso de que el empleador pudiera acreditar la pérdida efectiva de mercados y de rentabilidad, “siempre hay posibilidades de buscar caminos alternativos, como rotación de turnos, modificaciones horarias y otras instancias que permitan seguir con el mismo nivel de empleo. El procedimiento preventivo de crisis rige plenamente, por lo tanto no puede haber despidos sin pasar por esa instancia”.

La viceministra comentó que esa actitud de despedir desconociendo la ley es lo que se observó en los casos de Renault, GM y en Easy, “y en todos ellos la autoridad laboral –a veces las provincias, en otras la nación– obligaron a retrotraer la medida”.

Hoy, a las 11 horas, el Ministerio de Trabajo iniciará otra etapa cuando reciba a los sindicatos del sector de las AFJP, para seguir a las 18 con los representantes de las administradoras. Será la puesta en marcha de otra etapa de una política que, por ahora, avanza por un camino plagado de obstáculos internos, aun antes de que aparezcan los trozos del estallido ocurrido fronteras afuera.