Los líderes de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky, se saludaron amablemente en el anexo de la Cámara de Diputados. Las dos centrales sindicales volvieron a coincidir ante los legisladores de las comisiones de Presupuesto y Previsión de la Cámara baja en el respaldo al proyecto del Gobierno que le pone fin al sistema de jubilaciones privadas. El camionero afirmó que la implementación de las AFJP fue “una estafa legal”, mientras que su compañero Leonardo Fabre, del sindicato de los trabajadores de la Anses, hizo pública la “autocrítica del movimiento obrero” por los gremios que adhirieron en los ’90 a la privatización del sistema previsional y se asociaron a las administradoras privadas. El dirigente docente, por su parte, afirmó que el “modelo neoliberal vendió las AFJP como espejitos de colores”, pero reclamó controles con la participación tripartita del Estado, trabajadores y empresarios. Ambas centrales avalaron la celeridad en el tratamiento del proyecto.

“Creo que el mejor futuro que pueden tener los jubilados es que el Estado les garantice sus fondos”, afirmó Moyano, para fijar ante los diputados la postura de la CGT. El turno de la exposición del pope cegetista frente a los diputados del plenario de las comisiones legislativas llegó después del mediodía, tras el paso de los directivos de las AFJP por el Congreso (ver aparte). El camionero acudió a la cita en compañía del judicial Julio Piumato, el taxista Omar Viviani, Norberto Di Próspero (personal legislativo), Juan Carlos Smith (dragado y balizamiento) y Fabre.

Moyano insistió en que el negocio de las administradoras privadas fue “un robo legal”, afirmó que sus empresarios se quedaron con la tajada más grande de la torta previsional, porque los trabajadores no tenían derecho a opción y pidió que se garantice la reinserción laboral de los trabajadores de las AFJP. Pero también se encargó de refutar los argumentos opositores sobre la intangibilidad de los fondos que pasaría a administrar la Anses si el proyecto se convierte en ley. “Que la Anses invierta en la creación de puestos de trabajo redundará en beneficio de los trabajadores y de los jubilados”, dijo. Aunque el camionero dejó en manos de Fabre el “mea culpa” cegetista por los gremios que respaldaron la privatización menemista y se subieron al negocio de las AFJP.

A la hora de las preguntas, Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica, cargó contra los dirigentes gremiales con los mismos argumentos. Leyó una larga lista de los sindicatos que adhirieron o participaron de alguna AFJP y lanzó la andanada de preguntas y afirmaciones dirigidas a los sindicalistas: “¿De qué están hablando? ¿Quiénes eran los empresarios que esclavizaban a los pobres trabajadores? Los sindicatos fueron socios y cobraron las comisiones”.

–Me parece que la ex compañera... –arrancó Moyano para responder.

–De vos nunca –replicó Bullrich.

–A Dios gracias, pero algunas vez militaste en el justicialismo – respondió rápido de reflejos el camionero–, parece que la mejor forma es descalificar pero la autodescalificación se da cuando uno está en un extremo y se va al otro extremo.

Luego el camionero repasó el pasado reciente de Bullrich como ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa, “cuando rebajó el 13 por ciento las jubilaciones” o “cuando recortó las asignaciones familiares”. Piumato sumó al historial la disputa por la reforma laboral delarruista, “mientras Moyano denunciaba la Banelco” y Bullrich decía que la ley debía ser sancionada “con o sin soborno”.

Yasky no tuvo contrapuntos con los legisladores, pero a la salida de su exposición tuvo que lidiar con una mujer que se identificó como “trabajadora” de una AFJP que lo increpó por “no defender sus puestos de trabajo”, a pesar de que el dirigente sindical había manifestado ese reclamo públicamente.

Ante los diputados, el dirigente de la CTA calificó como “un tema trascendental” la estatización de las AFJP y reivindicó que la central “luchó desde el primer momento contra este negocio”. Luego sostuvo “la inviabilidad del sistema jubilatorio privado” y que la caída del sistema instalado “sólo en once países periféricos se acentuó con la crisis financiera internacional”.

Yasky también dejó en claro sus reclamos de garantías para el manejo de los fondos que administrará la Anses. Pidió la conformación de una comisión integrada por trabajadores, jubilados, empresarios y el Estado para controlar el destino de las inversiones que haga la Anses. Su propuesta descarta de plano el uso de ese dinero para el pago de deuda pública y gastos corrientes de la administración central.

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