Bajo la gestión estatal, Aerolíneas Argentinas redujo un 40 por ciento su déficit operativo, que pasó de 60,80 millones de dólares en junio a 35,53 millones en octubre. Los datos fueron difundidos por la gerencia general a cargo de Julio Alak y van en sentido exactamente contrario a la información que da el subgerente y director designado por Marsans, Jorge Molina, según ha declarado públicamente. Al margen del desencuentro verbal, el Tribunal de Tasación de la Nación hace su propio vaticinio sobre la suerte de la dupla privatizada: sumados los quebrantos de Austral, hacia fin de año el rojo operativo conjunto en doce meses superará los 500 millones de dólares.

Para entonces, debería estar acordada la fórmula que el Estado utilizará para la recompra de acciones hoy en poder de los españoles, algo que parece utópico por estas horas. La tasación oficial oscila entre los 832 y 622 millones de dólares negativos, contra los 350 millones promedio que intenta asignarle Marsans. Tampoco parece factible la designación de un tercero que arbitre con un juicio inapelable, tal como reclama el accionista privado y a lo que Planificación se niega.

Alak, erigido en eventual vocero de la gestión estatal, subraya que las pérdidas fueron in crescendo desde enero pasado (11,73 millones de dólares) hasta que el comité de transición presidido por él se hizo cargo de la compañía, el 21 de julio. Ese mes, los quebrantos ya habían bajado a 46,9 millones de dólares, iniciando un retroceso que aún continúa. Entre las razones, pone énfasis en la política de austeridad que, entre otras cosas, habría llevado a suprimir el leasing de aviones que no se vuelan o a renegociar otros de aeronaves activas. ¿Un ejemplo? El caso de los Boeing 737/500, cuyo alquiler se redujo de 150 mil dólares mensuales a 115 mil dólares, luego de una revisión de esos contratos.

Según el paper oficial difundido ayer, “de no haberse otorgado una asistencia financiera del Banco Nación de 100 millones dólares”, de enero a julio Aerolíneas Argentinas y Austral habrían arrojado en conjunto una pérdida de 374,04 millones de dólares contra los 274 millones finalmente registrados. “A mitad de julio, el grupo Marsans entró en cesación de pagos en virtud del alto sobreendeudamiento post concursal acumulado”, destaca el documento.

Los escarceos verbales son una anécdota en esta coyuntura difícil, en la que no está claro el marco legal. Marsans sigue siendo formalmente dueña del 95 por ciento de las compañías en proceso de rescate. Pero ya no toma decisiones gerenciales en soledad ni hace ningún aporte al sostenimiento de las compañías que, técnicamente, están en estado de liquidación por su menguado activo y voluminoso pasivo.

A pesar de la mejora en la performance, la perspectiva es que las empresas terminen el año con un déficit operativo de 519 millones de dólares. Esta proyección corresponde al Tribunal de Tasación de la Nación, que prorratea esa pérdida en 447 millones para Aerolíneas y 71 millones para Austral. El desbalance entre una y la otra se explica en parte porque es la primera de las compañías la que soporta toda la estructura comercial y administrativa de ambas.

Si a aquel número se añade el pasivo, que a la fecha supera los 1000 millones de dólares, surge nítido el alto costo que tiene para el Estado la recuperación de las líneas de bandera. Ambas están formalmente a cargo de Marsans, aunque los fondos para sostenerlas fluyen generosamente de la caja estatal: desde mediados de año, el desembolso estatal suma 200 millones de dólares que, según la ley de rescate accionario, se hace bajo dos posibles conceptos: para capitalizarlos o como deuda a cobrar.

Los administradores estatales no se atreven a conjeturar si se podría llegar a déficit cero en algún momento. Pero los logros obtenidos hasta el momento llegan a incomodarlos y no por modestia. En realidad, los atemoriza la fantasía de que, ante las dificultades para retirarse de Aerolíneas llevándose dinero, Marsans se entusiasme con la mejora de los números y pretenda quedarse y retomar el control del negocio.