En las próximas horas ingresará formalmente a Diputados el anteproyecto de ley para expropiar Aerolíneas Argentinas y Austral tomando como base el valor negativo que le asignó el Tribunal de Tasación. El lunes ya tendría status de proyecto y sería considerado en las comisiones de Presupuesto y Transporte, en este último caso después que se haya formalizado el desplazamiento de su titular, Zulma Daer, emigrante del bloque oficialista al de Unión Peronista, que se articuló en torno de Felipe Solá. La premura del Gobierno para sancionar la ley está fundada en el temor de que Marsans haga alguna maniobra como la que intentó infructuosamente ayer, cuando en una reunión de directorio quiso desplazar de la gestión administrativa al gerente general designado por el Estado.

Pocas veces el Poder Ejecutivo y el Parlamento, incluyendo al grueso de la oposición, estuvieron tan emparentados en un objetivo como es el de expropiar aquellas empresas, invocando la falta de acuerdo con el vendedor para fijar un precio que permite el rescate accionario en otros términos. El texto que ayer ultimaban los legisladores oficialistas liderados por Mariano West será básico, limitado a ordenar la expropiación de las líneas aéreas bajo los términos que prevé para estos casos la ley 21.499 de expropiación general, que ordena al Tribunal de Tasación oficial calcular los precios a pagar. Otra norma a tener en cuenta para los considerandos es la sancionada en septiembre pasado, que dispone el rescate de las acciones previa definición de la actividad aerocomercial como un servicio público. Ese que, en esta circunstancia, sólo podría garantizarse bajo el control público.

Lo que demoraba el trámite es la redacción fina para precisar cómo el Estado se hará cargo de las acciones por una vía que no vulnere la Ley de Sociedades Comerciales, a la que están sujetas Aerolíneas y Austral desde la privatización. La estrategia oficial tiene dos patas. Una es cuidar en extremo no dar ningún paso en falso violando la ley vigente. Otra es darles protagonismo a los otros poderes, en particular al Congreso, para diluir la responsabilidad presidencial en lo que podría considerarse un embate contra el capital español.

Gracias a la coincidencia básica de los distintos bloques de que no es posible otra vía que la de recuperar las empresas que el Estado está manteniendo con millonarios aportes, el Congreso puso manos a la obra para definir aquella iniciativa, que podría ser votada a más tardar en dos semanas. La redacción comenzó días pasados pero se aceleró a partir del dictamen que produjo el martes la Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, en la que recomendó sancionar la ley expropiatoria.

Un escollo eventual podría ser la oposición de Daer (ver aparte), pero ya hay gestiones para reemplazarla por una figura de cuño oficialista. Si aquel plazo fuera excesivamente extenso y pusiera en riesgo el comando real de las compañías, al Poder Ejecutivo siempre le queda la vía de la expropiación: aquí puede tallar la Justicia, que aunque actuaría a pedido de Planificación, cargaría con el peso de una eventual resolución en este sentido.

La expropiación en los términos previstos implica que el Estado se hará cargo del pasivo, superior a los 1000 millones de dólares. Pero para el Gobierno, incluyendo el oficialismo parlamentario, esto no sería demasiado gravoso, habida cuenta de que gran parte de ese paquete son deudas a favor de la propia caja estatal: Banco Nación, AFIP, Fuerza Aérea, Migraciones. O empresas mixtas como Aeropuertos Argentina 2000, en la que se está por formalizar el ingreso público. El resto de las obligaciones comerciales serían “fácilmente renegociables”, según se entusiasman en el Gobierno, que ya conformó un grupo de trabajo abocado a esa tarea.

La batalla con el accionista privado puede que no termine con la sanción de la nueva ley. Entonces Marsans puede acudir a la Justicia local para discutir la decisión oficial de rescatar las líneas aéreas por el valor simbólico de un peso, según se prevé. Pero esa discusión judicial no sería óbice para que el Estado asuma la conducción plena del grupo privatizado hace diecisiete años.

Esa posesión, sin embargo, no parece un cometido fácil. A través de sus gestores locales, los españoles siguen demandando que se designe a un tercer valuador, que debería arbitrar entre las cotizaciones negativas del Tribunal de Tasación y la positiva del Credit Suisse, contratado por Marsans. Ese árbitro es una opción contemplada en el acta-acuerdo que firmó Planificación con esos accionistas el 17 de julio, cuya vigencia formal expiró a mediados de septiembre pero que está prorrogada de hecho por un críptico acuerdo de partes, cuando aún funcionaban los pactos de caballeros entre el comprador y vendedor.

Ese mismo documento es el que creó un comité de transición, integrado por representantes de Marsans y del Gobierno bajo el comando de Julio Alak. Si el acta ya no tiene validez –como argumenta el Gobierno cuando alude a la ley de rescate accionario, primer paso para la expropiación–, ese cuerpo de conducción mixto tampoco tiene sustento legal. Justamente ahí apuntaron ayer los accionistas privados en una reunión de directorio, en la que quisieron darle plenas facultades administrativas a uno de sus hombres, ex director de Asuntos Públicos devenido subgerente general, Jorge Molina.

Como este cambio no estaba contemplado en el orden del día (inclusión que debe realizarse con cinco días de anticipación), los directores estatales amenazaron con impugnar una resolución en este sentido. El cónclave se levantó entonces hasta el martes a las 10.30 de la mañana. Seis días clave para que el Estado vea cómo conservar el control de las compañías de las que es principal acreedor y en las que desde julio aportó alrededor de 300 millones de dólares.