La moratoria sobre todos los impuestos y deudas previsionales que anunció el Gobierno desató una fuerte polémica. En particular, la posibilidad que se ofrece a los acusados por evasión de librarse de las causas judiciales anotándose en el programa. Casos emblemáticos como el de Skanska o el de las “facturas truchas” podrían quedar en la nada si los implicados aceptaran inscribirse en la moratoria. Todo lo que deberían hacer es reconocer la deuda con el Fisco y pagarla en efectivo o en cuotas. De elegir esta última opción, podrían saldarla en hasta en 120 cuotas (diez años), período durante el cual la demanda quedaría en suspenso hasta la cancelación definitiva. Si volvieran a registrarse incumplimientos, la causa reflotaría. El titular de la AFIP, Claudio Moroni, defendió la iniciativa, que ahora deberá analizar el Congreso. “Es una medida inteligente para pasar la crisis lo mejor que se pueda”, afirmó.

El proyecto de ley dice textualmente: “El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales en curso y de la prescripción penal, cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviera sentencia firme”. Es decir, las denuncias penales también desaparecerán si los implicados se anotaran en la moratoria y cumplieran rigurosamente con los pagos. “Para qué trabajamos tanto estos años”, se lamentaban en líneas intermedias de la AFIP, que ven cómo expedientes laboriosamente construidos podrían terminar en el archivo. Las estadísticas marcan la apertura de alrededor de 1200 causas por año por evasión, aunque su resolución suele llevar años.

El titular de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Santiago Montoya, marcó sus diferencias con el paquete de medidas fiscales lanzado por el gobierno nacional, al señalar que en la provincia de Buenos Aires “se le cobra a todo el mundo”. “Nosotros podemos dar facilidades, sobre todo para los contribuyentes medianos y pequeños, pero le cobramos a todo el mundo”, marcó el funcionario, luego del acto de asunción de Alejandro Arlía como ministro de Producción bonaerense, en reemplazo de Débora Giorgi. Montoya hizo alusión al descuento en intereses y la eximición de multas y punitorios para quienes adhieran a la moratoria de la AFIP. En la provincia, recalcó, se dan facilidades de pago, pero se termina cobrando todo.

Montoya sostenía en el pasado una dura disputa con el ex jefe de la AFIP Alberto Abad, porque éste cuestionaba esos planes de pago y los métodos de presión sobre los contribuyentes, mientras que a nivel nacional se seguía el camino de rechazo de las moratorias y un trabajo menos estridente. Ahora, con el nuevo proyecto, Montoya le achaca a la Nación lo que antes la AFIP le recriminaba a él.

El tributarista Leonel Massad recordó que desde 1955 se hicieron 27 moratorias y blanqueos, y “ninguno dio los resultados esperados”. Según el especialista, esos programas “nunca sirven para resolver el problema del incumplimiento”, generan “una cuota de escepticismo y descreimiento” en los contribuyentes que cumplen y “afectan y deterioran la imagen del propio organismo recaudador, originando dudas sobre su eficacia”. La última moratoria tuvo lugar en 2001, sobre el final del gobierno de Fernando de la Rúa.

La que ahora debatirá el Congreso es para las deudas tributarias y con la seguridad social vencidas al 31 de diciembre de 2007. El plan estará vigente por seis meses a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial. Los deudores deberán pagar todo el capital reclamado más el 30 por ciento de intereses para quienes se anoten en los primeros dos meses, del 40 por ciento entre el tercero y el cuarto, y el 50 por ciento para el quinto y el último de vigencia. El resto de los intereses que corresponderían se condonará (70, 60 y 50 por ciento, respectivamente), “salvo los intereses correspondientes a los aportes previsionales retenidos y no ingresados, e intereses y multas derivados de los aportes y contribuciones a las obras sociales y las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo”.

Para el ex jefe de inspectores de la DGI durante el menemismo, Luis María Peña, las moratorias son “buenas” cuando benefician al que “verdaderamente ha sufrido” crisis económicas, como la de 2001 y 2002, porque “va a encontrar la solución de sacarse un problema de encima y cumplir con el Fisco. Pero que se beneficie a los que hicieron chanchullos, me parece un desatino. De alguna manera, el sistema de premios y castigos debe existir”, completó. El ex funcionario también cuestionó el blanqueo de capitales. “Se instalará en el país un lavadero de plata por tres meses”, opinó.

En tanto, Moroni negó que el perdón a evasores apunte a aumentar la recaudación. “No despreciamos el tema recaudación, pero no estamos haciendo ninguna estimación (del monto que se podría obtener) porque queremos ver los números de quiénes van a adherir y cuál será el efecto”, indicó. Por otra parte, el funcionario rechazó la idea de rebajar el IVA para favorecer el consumo. “No hay evidencia empírica de que reducciones del IVA hechas en la Argentina hayan llegado al consumidor”, señaló.