La crisis del sector pesquero se agudizó en los últimos meses y los empresarios decidieron nuevamente cortar el hilo por lo más delgado. La empresa Antonio Barilari SA rescindió hace pocos días el contrato comercial con tres cooperativas que procesan pescado en su planta de Mar del Plata y de ese modo dejó en la calle a 274 personas. Los trabajadores le reclaman directamente a Barilari porque afirman que las tres cooperativas son una pantalla creada por la empresa para desconocer el vínculo laboral y eludir sus obligaciones. El Ministerio de Trabajo llamó a una audiencia de conciliación entre las partes. Barilari, una empresa familiar de capitales nacionales, no se presentó y los trabajadores respondieron ocupando la planta. Sin embargo, el viernes a la madrugada fueron desalojados violentamente por la policía de la provincia de Buenos Aires. Ahora armaron una carpa en la puerta del establecimiento, ubicado en Alvear y Juan B. Justo, y afirman que impedirán el ingreso y egreso de camiones.

Los trabajadores que están en conflicto forman parte de las cooperativas Copefelmar, La Armonía y Cañamar, pero ellos afirman que esas asociaciones fueron creadas y administradas por Barilari para encubrir la relación de dependencia. “No pueden desconocer el vínculo laboral porque las cooperativas son controladas por la empresa y el personal trabajaba fileteando el pescado adentro de la planta de Barilari”, afirmó a Página/12 Roberto Villaola, presidente de la Unión de Trabajadores del Pescado y Afines.

La primera reacción de los trabajadores fue denunciar la situación ante el Ministerio de Trabajo, pero como la empresa no acudió a la audiencia de conciliación tomaron la planta para forzarla a negociar. La respuesta no se hizo esperar. Pocas horas después, el fiscal Oscar Pelliza ordenó a la policía desalojar la fábrica. “Usan la fuerza pública para reprimir a los trabajadores, pero no son capaces de utilizarla para forzar a los dueños de la empresa a comparecer ante el Ministerio de Trabajo”, remarcó a Página/12, Raúl Calamante, secretario general de la CTA de Mar del Plata.

Además de rescindir el contrato comercial con las tres cooperativas, Barilari despidió a 6 personas que trabajaban en relación de dependencia para la firma. En ese caso, les envió un telegrama vinculando el despido con “la crisis económica internacional y el bajo precio del pescado”. Sin embargo, los problemas en el sector vienen desde hace varios años. La falta de controles para la pesca de la merluza, por ejemplo, puso en riesgo de extinción el principal recurso del sector e incluso forzó la renuncia hace menos de un mes del secretario de Pesca, Gerardo Nieto, un hombre que había llegado con Néstor Kirchner desde Santa Cruz en mayo de 2003.

Las empresas capturan más de la cuota permitida y usan artes de pesca con los cuales levantan especímenes juveniles que no alcanzan su edad reproductiva, los cuales después son arrojados muertos al mar contaminando el lecho marino. Además, como violan la cuota de pesca luego subdeclaran la cantidad de toneladas capturadas y evaden parte de los impuestos. La Auditoría General de la Nación presentó un duro informe a comienzos de año donde afirmó que “las falencias detectadas en el control y fiscalización de la operatoria atentan contra la sustentabilidad del recurso y vacían de contenido la legislación vigente”.

Esta situación crítica del sector hace temer a los trabajadores que los despidos se generalicen a otras firmas importantes de Mar del Plata como Giorno, Solimeno y Baldino. “Por ahora en esas firmas no hubo despidos, pero dicen que la materia prima está escaseando y amenazan con parar la producción en cualquier momento”, afirmó Villaola.

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