Producción: Tomás Lukin

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Ajustar las cuentas

Por Luciana Díaz Frers *

El Presupuesto que el gobierno nacional elaboró para 2009 ha quedado completamente desactualizado. Aquello que en septiembre de 2008 se anticipaba como una razonable previsión de gastos (253.484 millones de pesos) y recursos (264.504 millones) del Sector Público Nacional, así como el resultado fiscal (3,3 por ciento del PIB para el resultado primario y 1 por ciento luego del pago de intereses de la deuda pública), debería ser revisado para obtener un panorama más acertado acerca de la situación fiscal en este año.

La recaudación se verá incrementada por la reforma del Sistema de Seguridad Social, con el traspaso de las contribuciones al sistema estatal de reparto. Especialmente teniendo en cuenta que incluso los ahorros en las AFJP se están contabilizando como ingresos corrientes. En cambio impactarán negativamente sobre los ingresos del fisco la desaceleración económica, la caída de los precios de las commodities y, probablemente, la sequía.

Otro factor que se testeará este año es la evasión. El crecimiento de los últimos años y presuntas mejoras en la administración tributaria parecen haber disminuido la evasión y permitido que la presión tributaria ejercida por los tres niveles de gobierno supere el 30 por ciento del PIB, cifra record en la Argentina. La desaceleración económica dejará en evidencia si los avances han sido sólo gracias al viento de cola o si ha habido auténticas mejoras en la administración tributaria.

Por el lado del gasto, la caída del precio de las commodities es un factor de alivio al disminuir los subsidios necesarios al Transporte y la Energía, al igual que el aumento de las tarifas. Pero la desaceleración del crecimiento presionará sobre el gasto social, en el mismo sentido que los planes de estímulo al consumo privado o las posibles compensaciones al sector agropecuario. Y, por sobre todos estos factores, pesará sobre el gasto porque éste es un año de elecciones. En cualquier gráfico de tendencia de largo plazo resulta evidente ver que, en los años electorales, los aumentos del gasto son mucho más significativos que en los años en los que no hay comicios.

Teniendo en cuenta todos estos factores, no resulta fácil estimar el impacto neto sobre el resultado fiscal, pero todo parece indicar que habrá un moderado deterioro en las cuentas públicas. Más relevante aún, cabe preguntarse cómo debería ser una política fiscal en un año de desaceleración. Desde la teoría, y con ciertos supuestos, se puede defender una política fiscal contracíclica. Es decir, si la Argentina creciera a un ritmo muy menor al potencial, podría justificarse una disminución del superávit (o en caso agudo, incluso un déficit) para estimular a la economía y así prevenir una caída mayor.

Pero ello depende de una combinación de las posibilidades que enfrente el Gobierno, así como de la voluntad política. La falta de acceso al crédito presumiblemente impediría un déficit, a menos que se fuerce la aceptación de deuda (como sería el caso de la emisión de monedas provinciales). Y el factor voluntad es el más difícil de predecir. Cabe admitir que el actual gobierno nacional ha llevado a cabo una política fiscal procíclica desde 2005, disminuyendo el superávit fiscal a pesar del alto crecimiento. Esto es más grave aún teniendo en cuenta dos factores. En primer lugar, desde 2006 no se han depositado los ahorros previstos en el Fondo Fiscal Anticíclico comprometidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2004. Y, en segundo lugar, haber contabilizado como ingresos corrientes los fondos provenientes de los ahorros en las AFJP implica que los resultados serían peores si se adoptaran criterios contables algo más razonables.

Este no es un año para ponerse demasiado ortodoxo con la política fiscal. Y, por fortuna, ha habido importantes avances en materia de presión tributaria, lo cual da oxígeno al Gobierno para poder hacer frente a las crecientes demandas sobre el gasto. Pero es preocupante que en años de alto crecimiento no hayamos tomado las medidas necesarias para enfrentar lo que era absolutamente previsible: que, en algún momento, llegaría alguna crisis interna o externa que frenaría la extraordinaria expansión económica. Hoy la Argentina no tiene los ahorros necesarios para enfrentar la desaceleración, por lo cual, por algún lado, deberán ajustar sus cuentas. El ajuste debería seguir la línea de la reducción de ciertos subsidios que benefician a grupos más o menos aventajados y, en cambio, no afectan el gasto en Educación, Salud y Protección Social focalizado en los grupos más pobres.

* Directora de Política Fiscal de Cippec.

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Incentivar la actividad

Por Horacio Rovelli *

El gobierno nacional, además de continuar atendiendo las funciones básicas de su competencia: servicios gubernamentales; de defensa y seguridad; gastos sociales (salud, educación, asistencia social, seguridad social, etc.) y de apoyo a la economía; en las actuales circunstancias, incrementa la inversión pública, que junto con otras medidas de aliento al consumo y a las exportaciones conforman el plan gubernamental para enfrentar la desaceleración interna causada por la crisis internacional. Paralelamente debe cumplir con los compromisos externos.

El Programa de Obras anunciado prevé una erogación (directa más transferencias de capital) para 2009, de 56.800 millones de pesos (5,5 por ciento del PBI), con lo que se propone dar respuestas a dos grandes Ejes:

a) Eje social. Construir más de 100.000 soluciones habitacionales para el año 2009; brindar el servicio de agua potable al 92 por ciento y cloacas al 63 por ciento de la población del país; finalizar 900 escuelas para marzo de 2010; pavimentar 12.500 cuadras y, continuar con el plan de infraestructura hospitalaria, turística y cultural.

b) Eje económico-productivo: Realizar el mantenimiento de la red vial nacional pavimentada; pavimentar 1400 km de la red vial nacional; ampliar en 2500 km la capacidad de la red vial; aumentar 30 por ciento la capacidad de transporte de gas; incrementar un 72 por ciento la generación de energía eléctrica y 69 por ciento la red de transporte; poner en marcha dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado en las localidades de Timbués (pcia. de Santa Fe) y Campana (pcia. de Buenos Aires) que inyectará 1600 MW de oferta eléctrica al sistema nacional; emplear para las obras en la Cuenca del Río Salado (pcia. de Bs As) aproximadamente 900 millones de pesos; destinar para las obras de desagües urbanos en todo el país otros 900 millones de pesos y, fortalecer las políticas estatales para el desarrollo de las telecomunicaciones.

A la obra pública y su efecto multiplicador sobre la inversión y la demanda de insumos y de trabajo, deben sumarse las medidas estatales de: I) apuntalar el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones mediante paritarias libres y ajustes previsionales; II) el Programa de Recuperación Productiva (Repro) del Ministerio de Trabajo de la Nación que subsidia a las empresas para preservar el empleo; III) defensa del mercado interno (licencias, valores criterios, antidumping, salvaguardias, etc.); IV) tomar medidas para favorecer la demanda de automóviles, línea blanca (heladeras, cocina, calefones, lavarropas, termo tanques), construcción, etc. (y su efecto multiplicador sobre los proveedores de esas producciones); V) apuntalar las exportaciones; VI) licitaciones de fondos de la Anses al sistema financiero para reducir las tasas de los préstamos; etc., todas acciones que en conjunto conforman el Plan Anticrisis del Gobierno.

Las autoridades son conscientes de que para desalentar la “presión” sobre el dólar en el mercado local, deben asegurar el pago de los servicios de la deuda externa pública, de manera tal que tienen programado contar con superávit fiscal para hacer frente a la cancelación de los intereses de la misma, así como la de colocar títulos en el mercado nacional y renegociar vencimientos, para cambiar deuda vieja por deuda nueva, a mayores tasas, pero con el objetivo de conseguir mayores plazos.

En 2008 el superávit primario fue de 9700 millones de dólares, y para el corriente año se estima que va a ser de 9500 millones de dólares, de los cuales 7000 millones se aplicarán al pago de intereses y 2500 millones para amortizar capital de deuda. Como el vencimiento total de capital de la deuda de 2009 es de 11.300 millones de dólares, el Tesoro debe financiar el saldo de 8800 millones de dólares, que puede hacerlo, principalmente en base al mercado interno, a través de la transferencia de mayores adelantos transitorios por parte del BCRA y de las utilidades de ese banco; de un porcentaje de los depósitos del Banco Nación; y de la colocación de títulos del Tesoro en el “Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto” de la Anses.

Finalmente, el saldo faltante se obtendrá de la refinanciación de los llamados “Préstamos Garantizados”, tanto los que están en poder de los bancos locales como en bancos en el exterior, así como convenir un reescalonamiento de las acreencias de otros títulos de deuda pública Argentina que posean.

Por lo tanto, el Gobierno con un ambicioso plan de obras, más las distintas medidas de estímulo a la demanda agregada, y acordado el pago y el financiamiento del saldo del servicio de la deuda, incentiva a la población a mantener el nivel de actividad, que no sólo es garantía de mayores recursos para el fisco, asegurando el financiamiento genuino del plan, sino que es el principal camino a seguir para morigerar los impactos que sobre el nivel de empleo puedan tener los efectos de la crisis financiera internacional sobre nuestro país.

* Economista de la Fetyp.