El gobierno bonaerense, a través de un decreto, instrumentó una serie de restricciones en la administración pública con el propósito de regular las erogaciones y disminuir el gasto público. La medida fue justificada en “el contexto de crisis financiera global” y preventiva de las consecuencias derivadas de esa situación.

A través del decreto 105/09 el gobernador Daniel Scioli dispuso limitaciones y sugerencias a todo el personal de los ministerios, organismos descentralizados, Banco Provincia y ARBA, Fondos Fiduciarios y a las empresas y sociedades del Estado. En los fundamentos de la medida se señala que “se hace necesario dictar normas tendientes a la mayor eficiencia para cuidar la calidad y productividad del gasto público”. En ese sentido, se indicó que “resulta menester dictar normas claras y específicas que regulen las erogaciones y disminuyan el gasto, sin desmedro de mantener la dinámica de funcionamiento que deben tener los distintos servicios administrativos”.

El decreto manda “restringir al mínimo indispensable la realización de toda nueva contratación de obras y de servicios, debiendo extremar la utilización de los recursos humanos y técnicos existentes en la administración pública provincial”. También dispone reducir la locación de inmuebles y el número de misiones oficiales, autorizando a viajar vía aérea sólo a los funcionarios de nivel superior, hasta subsecretario inclusive. También circunscribe las comisiones de trabajo y restringe toda nueva adquisición o leasing de bienes de capital.

La normativa propone limitar los gastos de ceremonial, el uso de movilidades oficiales, el gasto en telecomunicaciones y promociones, exige extremar los recaudos y previsiones para evitar utilizar el procedimiento de reconocimiento de gastos y limita la ampliación de las estructuras organizativas y las subvenciones, subsidios y erogaciones a favor de terceros. Por último se consigna que la autoridad de aplicación del decreto será el Ministerio de Economía e invita a los poderes Legislativo y Judicial y las administraciones municipales a adherir a “estas medidas de contención del gasto público”.