Los esfuerzos diplomáticos que hacen los gobiernos de la Argentina y Brasil para distender el clima previo al encuentro presidencial de marzo amenazan ser neutralizados por el lobby de los sectores empresarios ubicados a uno y otro lado de la frontera. El presidente de la Asociación Brasileña de Fabricantes de Vehículos, Jackson Schneider, renovó en las últimas horas sus pedidos de liberalizar el comercio de autos entre las dos naciones y hasta aludió a la supuesta falta de seguridad jurídica local para las inversiones del rubro. Casi al mismo tiempo, las autoridades locales impusieron un derecho de importación del 413 por ciento sobre cubiertos de acero, un cerco que limita el ingreso de los emblemáticos cubiertos brasileños Tramontina. En medio de estas tensiones, los gobiernos de la Argentina y Brasil, a pedido de este último, decidieron postergar el encuentro bilateral que se iba a realizar el próximo 4 de marzo, hasta el día 11. Las fuentes dijeron que Brasil informó que aún “no estaba preparado” para contar con los datos técnicos necesarios para la ocasión.

En la sede de la Federación de Industriales de San Pablo, a la ministra de Producción argentina le dicen Miss Protección, en alusión a su presunto afán de amparar a la producción argentina, aun en desmedro de los intereses del principal socio del Mercosur. Justamente, esa poderosísima entidad patronal paulista era la sede elegida para el encuentro previsto para la tercera semana de marzo entre Luiz Inácio da Silva y Cristina Fernández de Kirchner. Hasta entonces, difícilmente haya algún pronunciamiento público de la Fiesp que resulte irritante.

Paulo Skaf, titular de esa entidad anfitriona, decidió llamarse a silencio, luego de salir al ruedo semanas atrás con declaraciones críticas hacia la administración argentina y sus colegas locales, que buscan el paraguas estatal para amparar sus negocios. Quizá la fabricante de cubiertos locales Iteca S.A., promotora del derecho antidumping que afecta a Tramontina y marcas asiáticas, podría sentirse aludida. O justamente defendida.

Este gravamen aduanero intenta equiparar el precio de importación al que tiene el producto en el mercado de origen: un derecho superior al 400 por ciento –y que trepa a 1450 para el caso de los cubiertos que llegan desde China– implica que los conocidos cuchillos se comercializan del otro lado de la frontera a casi el cuádruple que lo que declaran los importadores locales y que ingresarlos tan baratos produjo un daño constatable en la industria local. La resolución 53/09 de Economía seguramente no sorprendió a los fabricantes brasileños, pero poco ayuda a crear un marco amigable entre las dos naciones.

Igualmente previsible, pero más irritante, podría resultar el reclamo de Schneider, que consideró que la supervivencia de la industria automotriz argentina depende del “clima de seguridad” de que dispongan los inversores extranjeros. Pero jugó más fuerte aun cuando sostuvo que “si hubiera reglas de libre mercado, la producción automotriz de la Argentina no desaparecerá (...), porque la industria argentina recibió importantes inversiones en los últimos años”. El titular de Anfavea tiene voz propia e intereses singulares, y eso explica de algún modo que rompa la estrategia de cuidadoso y diplomático silencio por la que optó Skaf.