El Gobierno enviará el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales luego de una serie de consultas y debates en la ciudadanía sobre el tema. Resulta una iniciativa muy valiosa, dado que nuestro país tiene un sistema de medios fuertemente concentrado, extranjerizado y poco democrático, con vastos sectores excluidos del derecho a la información. A partir del conflicto por el lockout agropecuario (que recibió un férreo apoyo de los grupos multimedios, algunos con intereses en ese sector de la economía) se reactivó el debate y el PEN generó el proyecto “para pagar una vieja deuda de la democracia”, en palabras de la presidente Cristina Fernández de Kirchner.

El modelo de democracia de una sociedad se juega –entre otros aspectos– en la norma que regula los medios de comunicación y que decide quién puede acceder a licencias y quiénes quedan fuera de ese derecho. La clave está en cómo se concibe a la información: si es un derecho humano y se intenta garantizar el acceso y la participación o si sólo es una mercancía con la que algunos pocos pueden hacer negocios y generar valor económico y también político.

Es verdad que una ley de la democracia es una deuda histórica. Tanto como que (casi) todas las acciones que modificaron la norma durante los últimos veinticinco años generaron condiciones menos democráticas, como permitir la concentración, el crecimiento de los multimedios o la suspensión de los plazos de las licencias.

El proyecto de ley es una norma comentada, que da cuenta de los argumentos y de la legislación comparada (fundamentalmente la de EE.UU. y Europa) para sostener la normativa. Además, sus objetivos y argumentos proponen avances para democratizar los medios, tales como: asegurar espacios equitativos del espectro para medios estatales, privados comerciales y sin fines de lucro; reducir el máximo de licencias por persona o empresa de 24 a 10; crear un organismo de control con participación de minorías políticas con representación del Congreso; prohibir el control de operadores de TV por cable y canales de TV abierta en una misma zona, permitiendo así que nuevos actores se sumen al mercado. El proyecto busca asegurar el acceso y la participación, además de estimular la competencia para los medios comerciales. Y ya sufre críticas por parte de los empresarios de medios y de las fuerzas políticas de oposición, aunque será interesante ver qué argumentos utilizan para defender la actual concentración de propiedad de medios. Su tratamiento y sanción parece difícil, aunque es tan necesario como urgente. Claro que luego de que se sancione –si esto sucede–, únicamente la aplicación de la ley democratizará las comunicaciones.

Es importante tener en cuenta que la sanción de un marco normativo democrático es condición necesaria pero no suficiente. La acción no se agota con la ley, así como su sanción durante un gobierno democrático no alcanza para convertirla en democrática. Complementarias a la ley son las gestiones de control y la militancia social. Sin embargo, parece evidente que una normativa como ésta puede mejorar la cultura y la comunicación del país. Resulta indispensable la sanción para consolidar la idea que exige, para sociedades democráticas, comunicaciones democráticas.

* Magister en Comunicación y Cultura. Docente UBA.