ECONOMíA › OPINIóN
› Por Carlos Alberto Paz *
En respuesta a conceptos vertidos por un matutino de alcance nacional acerca de algunas inquietudes vinculadas con el futuro financiamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la institución quiere llevar claridad y tranquilidad al sector agropecuario en particular y a la sociedad en general. Es correcto que el presupuesto del funcionamiento del INTA se nutre básicamente de fondos provenientes de una tasa aplicada a las importaciones nacionales que, para ser precisos, es del 0,45 por ciento y no del 0,50 como especifican los datos publicados.
Como también es de conocimiento público, a partir de 2003 la recuperación de la economía ha posibilitado contar con los recursos para que el INTA sea uno más de los distintos organismos del Estado que acompaña estratégicamente el continuo proceso de crecimiento registrado por el país en estos años. De ello se desprende que, efectivamente hoy, el sector agropecuario en su conjunto cuenta con un INTA cuyo presupuesto, aprobado por el Congreso Nacional, es del orden de los 1000 millones de pesos, que quintuplican el presupuesto disponible en 2003.
Aclarado este punto, vale destacar que en concordancia con el proceso de desarrollo económico que experimentó el país desde 2003 y acorde a los requerimientos de dicho proceso, el INTA ha definido, a través de un Plan Estratégico Institucional 2005-2015, lineamientos específicos para respuestas consecuentes con las demandas que presenta el sector agropecuario en este nuevo contexto de país. Es así que este Plan Estratégico contempla, además del tradicional aporte del organismo a lograr el más alto nivel de competitividad del sector agropecuario, el desafío institucional de brindar aportes tecnológicos que contribuyan a construir un desarrollo en equilibrio económico y ambiental, con inclusión social.
El Plan Estratégico privilegia, para esta nueva etapa institucional, un fuerte trabajo en aportes y acompañamiento a sectores de la agricultura nacional nunca antes asistidos por el Estado. El INTA se ha propuesto llevar los beneficios de la investigación e innovación tecnológica a la pequeña producción, la agricultura familiar y a las poblaciones rurales y periurbanas en situaciones de pobreza. Este nuevo desafío necesitó de una marcada presencia en el territorio, lo que motivó a reforzar el plantel técnico y profesional para dar asistencia, a través del trabajo de extensión, a aquellos que con menos recursos y posibilidades difícilmente pueden acceder a los favores con los que sí cuenta estructuralmente la producción desarrollada en mayores escalas. En este sentido, el INTA entiende que los 7200 agentes que hoy conforman su plantel no se corresponden con un marcado excedente de personal. El “crecimiento de su planta” no es producto de una incorporación indiscriminada sino que es parte de una gestión responsable. A partir de 2003 el organismo inició un proceso de regularización del personal que se hallaba en situaciones contractuales difusas, incorporándolo a su planta de forma transparente, como parte de una cuidadosa planificación enfocada a la consecución de objetivos institucionales.
Por este motivo, justificados los recursos públicos con los que cuenta hoy el INTA, hay que subrayar que ellos permiten disponer del recurso humano necesario para llegar de manera efectiva a sectores productivos debilitados de la economía agropecuaria, consiguiendo así el fortalecimiento de las economías regionales, además de la seguridad alimentaria de un sector de la población con necesidades básicas insatisfechas, mediante programas como Prohuerta.
Volviendo a los conceptos de ese matutino, Prohuerta es un programa ejecutado por INTA y financiado por el Ministerio de Desarrollo Social, motivo por el cual no está sujeto a un presupuesto institucional afectado a los posibles vaivenes del comercio internacional del país, como tampoco lo está el resto de los componentes de dicho plan estratégico, gracias a que el manejo responsable de los recursos permite contar con los excedentes de ejercicios anteriores que garantizan su ejecución. También es necesario llevar luz sobre la citada nota periodística para especificar que cada una de las definiciones estratégicas de la institución recrea uno de los procedimientos más traslúcidos de control social en un organismo público. Representantes de las más prestigiosas entidades del sector, incluidas universidades nacionales, junto con la dirección del propio organismo son los responsables directos en la toma de decisiones del INTA.
No obstante lo expuesto, y ante la preocupación por las repercusiones de la actual crisis financiera mundial, el INTA cuenta con el apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Economía de la Nación, para concretar, de forma criteriosa, los objetivos propuesto en su Plan Estratégico Nacional. Como anticipo de una actividad pública participativa y tal cual lo viene realizando desde hace cinco años en las ediciones de INTA Expone, el organismo presentará en agosto todos los aportes que durante estos últimos años ha volcado al sector agropecuario. Esta acción de difusión es parte de la respuesta al compromiso institucional asumido de trabajar en investigación, extensión y desarrollo tecnológico del sector agropecuario argentino, en procura de un desarrollo territorial equilibrado con equidad social. Para finalizar, quiero dejar en claro que no hay dudas institucionales sobre la continuidad y la calidad de los servicios del INTA.
* Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
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