Los ciento veinte días dispuestos para la intervención de Transportadora de Gas del Norte expiraron esta semana sin que hasta anoche hubiese alumbrado una norma que prorrogue la medida. En la privatizada liderada por Techint se respira un clima de alivio, aunque nadie se jacta de ello ni se atreve a vaticinar cuál puede ser el próximo paso oficial. Según comentan en la sede de la privatizada, el interventor Roberto Pons bien podría continuar ocupando la oficina asignada, pero para realizar las tareas de fiscalización que son propias del Ente Nacional Regulador del Gas, sin inmiscuirse en cuestiones de gestión. TGN incorporó a un director de la Anses por las acciones heredadas de las AFJP.

En vísperas de la última Navidad, TGN defaulteó una obligación negociable por algo más de 22 millones de dólares. Esto valió la decisión del Enargas de intervenirla a partir del 29 de diciembre, designando a Pons con atribuciones de coadministrador. El argumento oficial fue que aquella cesación ponía en riesgo la prestación del servicio público.

La convivencia del interventor estatal con el directorio privado, Gasinvest (sociedad de Techint, Total, CGS y Petronás) y el fondo norteamericano Blue Ridge (dueño del juicio en el Ciadi con sentencia contra el Estado argentino por 136 millones de dólares) fue algo singular. Pero la incomodidad comenzó a superarse hace un mes, cuando un fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso una cautelar que acotó drásticamente las atribuciones del interventor.

El fallo consideró que el Enargas no está “jurídicamente facultado” para disponer aquella intervención”, que “no parece respetar el principio de razonabilidad”. Sobre esta base, limitó las atribuciones de Pons a tareas de fiscalización y control, ordenándole abandonar las de coadministrador, así como a devolver los libros contables. Los jueces consideraron que el accionar del ente podría ocasionar un “daño jurídico cierto e irreparable” a la empresa. De algún modo, un dictamen muy desalentador para que las autoridades persistan con esta medida. El Ente no apeló.

Sigue viva una causa penal contra los responsables privados de TGN en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. Al analizar los libros, Pons detectó presuntas irregularidades que podrían constituir “delitos de acción pública”: el acta de la reunión de directorio en la que se decidió el default tenía sólo una de las varias firmas requeridas.

Luego de aquel revés judicial contra la intervención, TGN salió al ruedo la semana pasada con una propuesta para reestructurar su deuda, incluida la desairada a fines de diciembre. Los acreedores pueden optar por un pago cash e inmediato con una quita del 75 por ciento o una prórroga de plazo del 2012 al 2021 sin recorte alguno.

Por otra parte, TGN aceptó como director en representación de Anses al gremialista Luis Leguizamón, que tiene el apoyo sindical y representa a las acciones clase C, que equivalen al 20 por ciento el capital.

Para defender el default, TGN explicó que sus ingresos en pesos están congelados desde la devaluación y sus ventas en dólares limitadas por la prohibición de exportar. Es de las pocas privatizadas que no renegociaron su contrato, en parte porque sus socios no quisieron asumir el pago a su socio de aquel juicio adverso en el Ciadi, eximiendo al Estado de esa carga. También se generaron tensiones con el Gobierno cuando estalló el escándalo de los sobreprecios pagados a Skanska, contratista en las obras de ampliación del gasoducto operado por el consorcio de Techint: TGN dijo que se opuso a pagar los valores que sí convalidó el ente regulador. El Gobierno sostiene que se trata de un caso de corrupción entre privados.