“No acepten lo habitual como natural, pues en tiempos de confusión generalizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer imposible de cambiar.”

Bertolt Brecht

Las sociedades modernas basan su capacidad de generación de riqueza y bienestar en el establecimiento de amplias redes sociales y productivas. A través de ellas, virtualmente todos los individuos se involucran en la producción de la vida material y cultural. Este conjunto de vinculaciones es de comprensión extremadamente compleja; por ello, se requieren instancias de información colectiva, a través de las cuales los individuos acceden a un conocimiento que va más allá del originado en el limitado ámbito de su experiencia cotidiana.

Esta información reviste el carácter de bien público, por lo que su proveedor natural es el Estado. Por otro lado, entre los rasgos fundamentales de una sociedad democrática se destacan la credibilidad y la transparencia de las acciones de gobierno. Si hay algo que distingue a la democracia del autoritarismo es que, para gobernar, este último debe apelar a la coerción, mientras que, en democracia, la disponibilidad y libre flujo de la información son lo que permite conocer si los gobiernos responden adecuadamente a los compromisos asumidos frente a la ciudadanía y a los desafíos que les impone la gestión. Al mismo tiempo, la información sirve para alimentar el proceso decisorio y la implementación inteligente de las políticas públicas.

La información es el eslabón necesario entre el dato aislado –destello numérico o documental de la realidad– y el conocimiento. Para servir a este propósito, los datos deben ser intérpretes razonables de la realidad; de lo contrario, ni informan ni permiten conocer. Cuando esto falla, una adecuada interpretación de dicha realidad y, peor aún, la adopción de decisiones racionalmente elaboradas a partir de bases ciertas se ve imposibilitada. Una situación como la descripta afecta a los investigadores que emplean datos para generar conocimiento, a los propios gobernantes, que deben utilizarlos para fundamentar sus políticas, y al conjunto de los actores sociales.

Ya en oportunidades anteriores (ver “La medición de la pobreza y la necesaria autonomía del Indec”, agosto 2004, y “El debate sobre la inflación: ¿Reducir o sostener el crecimiento?”, mayo 2007), hemos señalado la necesidad de preservar la credibilidad de las estadísticas oficiales y las condiciones para ello.

Desde hace algún tiempo, la información elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) viene siendo criticada, en función de un cuestionamiento respecto de las fuentes y técnicas que utiliza para sus estadísticas y los estudios basados en ellas.

Esta situación le ha acarreado al Indec un creciente descrédito y una pérdida de confianza en la calidad de su producción. Por otra parte, este escenario ha dado lugar a la proliferación y difusión de datos producidos por fuentes alternativas de discutible calidad. Estos datos, en condiciones normales, serían vistos como muy dudosos; pero, frente al descrédito mencionado, son objeto de consideración pública. Se trata de un escenario que perjudica a la propia conducción gubernamental, por la erosión de credibilidad; incluso, algunos indicadores positivos –como la reducción importante en los niveles de desempleo en estos últimos años– hoy son relativizados o puestos en duda por tales fuentes alternativas.

Desde el Plan Fénix consideramos que es imperativo superar la actual situación, devolviendo confianza a la información producida por el Indec. Para ello, creemos que debe avanzarse tan pronto como sea posible en un proceso de normalización, que apunte a asegurar la autonomía de su conducción y la calidad de sus productos.

El proceso de recuperación es perfectamente viable, demandando únicamente una firme decisión política de las autoridades nacionales. El conjunto de las universidades nacionales puede proporcionar un amplio sustento, eventualmente con el asesoramiento externo, que en el pasado ha brindado asistencia técnica en esta materia, como fue el caso de la Cepal. Este proceso debería culminar con un nuevo andamiaje legal, que permita asegurar la permanencia en el tiempo de una operación normalizada del sistema estadístico.

Conviene enfatizar además que, en una época donde se impone la transparencia y el libre acceso a las bases informativas, es indispensable que los organismos involucrados en su producción también contribuyan a su comprensión –en tanto conocedores del origen y calidad de los datos– fundada en criterios técnicos sólidos. Esto permitirá brindar un ancla interpretativa que prevenga evaluaciones antojadizas, como los que abundan desde hace un tiempo.

La crisis económica mundial –a no dudarlo– hace y hará sentir sus efectos en nuestros países; para enfrentar esta circunstancia, requerimos contar con un Estado técnicamente sólido y una sociedad cohesionada en torno del objetivo de asegurar un desarrollo con equidad. Superar la actual situación del sistema estadístico argentino es un paso ineludible, a este efecto.

Desde el Plan Fénix, convocamos tanto al Gobierno como a todos los demás actores sociales involucrados a avanzar decididamente en esa dirección.

* Proyecto Estratégico Plan Fénix, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.