El conflicto por la distribución de la renta agropecuaria con los actores de la zona núcleo pampeana y del área sojera expandida ha facilitado la posibilidad de exhibir la transformación productiva y social del campo. Una de las principales derivaciones de ese cambio ha sido la irrupción de un renovado sujeto agrario en el escenario político y económico. Precisar los intereses de ese protagonista que adquirió visibilidad a partir de la disputa sobre las retenciones móviles ofrece la oportunidad de eludir los lugares comunes del imaginario colectivo que asocia al productor agropecuario con el gaucho a caballo de los festivales de folklore. También permite una comprensión más amplia que repara el equívoco de considerar que, de haberse implementado una política de segmentación entre productores del agro pampeano, se hubiera evitado esa puja.

Una de las críticas que con más insistencia se ha repetido durante la larga batalla por la Resolución 125 ha sido que el Gobierno cometió el error de unir a todos los productores al no disponer una segmentación por tamaño de explotación. Esa habría sido la mayor torpeza oficial, idea que se busca convalidar señalando que esa impericia queda en evidencia con la firme alianza que se produjo entre la Federación Agraria, que históricamente ha representado al pequeño chacarero, y la Sociedad Rural, que expresa a los terratenientes. Sin embargo, esa concepción de que otra habría sido la historia si se hubiese aplicado una política de diferenciación, argumento sostenido por el universo del progresismo testimonial, está basada en la caracterización de un sujeto agrario que ya no existe en el corazón de esa actividad. La administración kirchnerista también desconocía esos cambios como otros generados en el mundo agropecuario, lo que se ha reflejado en su débil e ineficaz política sectorial. Pero a medida que va decantando el extenso conflicto por los Derechos de Exportación a cuatro cultivos clave se expone con nitidez, para quien quiera observar este proceso en forma desapasionada, la confluencia de intereses de los distintos tipos de propietarios y productores rurales del agro pampeano y del área sojera expandida. Cohesión que ha superado el nivel de los reclamos económicos y se empezó a ubicar en el de las propuestas políticas. En referencia a esto último, las corrientes del denominado arco progresista deberían encontrar una respuesta a por qué dirigentes agropecuarios que teóricamente responden a pequeños productores y levantan reivindicaciones de los excluidos del sistema han encontrado cobijo en fuerzas políticas conservadoras y no han intentado una alianza con expresiones del centroizquierda. Esa interpelación política podría ser un sendero a transitar para contextualizar consignas de dirigentes que hoy están fuera de foco en relación con los nuevos intereses que defienden.

Establecer las particularidades del nuevo sujeto agrario permitiría construir una política pública consistente para ese poderoso bloque de poder que se ha transformado en un actor relevante de la economía, a la vez facilitaría la instrumentación de una estrategia efectiva para los pequeños productores que quedaron fuera y padecen la trama multinacional sojera como también para los productores extrapampeanos. Esta es la segmentación que debe implementar la intervención estatal para evitar el desplazamiento de pequeños y medianos productores regionales, en ocasiones corridos con violencia para apropiarse de sus tierras, por parte del sujeto agrario que hoy está representado por la Federación Agraria Rural de la Soja Argentina (Farsa).

La nueva fuerza dominante del escenario agrario argentino surge de una transformación estructural del sector, en especial en la rica zona pampeana. La expansión de la soja transgénica implicó una notable revolución tecno-productiva que implicó profundizar las tradicionales economías de escala en el agro pampeano, lo que significa un incremento de la rentabilidad por la reducción de costos. Esos cambios extraordinarios se empiezan a desarrollar en la década del noventa basados en el paquete tecnológico de la siembra directa y semilla transgénica resistente a potentes herbicidas como el glifosato. Estos dos factores disminuyeron los costos de producción a tal punto que lo que antes requería de una labor de un mes, hoy se realiza en un día. Esta evolución tecnológica redujo el tiempo de trabajo necesario pero exige en cambio mucho más capital propio o tercerizado vía empresas de servicios de siembra y cosecha. En la anterior forma de producción, la agricultura tradicional que todavía permanece en el imaginario de ciertos grupos sociales y políticos, el chacarero araba, sembraba, cosechaba y luego se enfrentaba a la tensión del transporte y la comercialización, tarea que era una pesada carga que demandaba meses de trabajo en el campo. Se aplicaban menos herbicidas y fertilizantes de manera que el chacarero se enfrentaba a un horizonte de elevada incertidumbre en cada campaña. Esa era la estructura básica de la producción donde el chacarero y toda su familia trabajan, y viven en el campo. Hoy esa organización se ha disgregado y, por lo tanto, ha emergido otro sujeto agrario. Ha desaparecido una gran cantidad de los clásicos chacareros, proceso que es cómodo asignarlo a las evidentes carencias y privilegios hacia los poderosos de las políticas agropecuarias durante los últimos veinte años, pero cuya base material se reconoce en aspectos más complejos que surgen de la revolución tecnoproductiva. Entonces, dentro de una producción agropecuaria moderna, tecnificada, la tendencia es a la disminución de la cantidad de explotaciones. Sólo una intervención contundente del Estado en la dinámica de la actividad agropecuaria podría haber evitado ese proceso, participación que no tenía ni tiene el apoyo del sector, como ya se pudo comprobar. Todos estos cambios en la estructura económica y social también provocaron alteraciones en la organización gremial del campo. El clásico chacarero arrendatario, la imagen tradicional del socio de la Federación Agraria, prácticamente desapareció porque muchos de los arrendatarios que subsistieron a la devastación de los noventa se convirtieron en propietarios.

Este proceso también vino acompañado de una gran concentración de la producción, todavía más intensa que la ya existente en la tenencia de la tierra. Esto fue así porque esa economía de escala vinculada a la siembra directa-semilla transgénica necesita ampliar la unidad productiva con el alquiler de campos. Aparecen entonces los pools de siembra, vehículo para la participación de grupos financieros que buscan aprovechar la elevada rentabilidad del sector. Pero esos pools fueron constituidos en su mayoría por los grandes productores que alquilaron campos a pequeños y medianos. De esa forma estos protagonistas, antes enfrentados, pasaron a ser aliados al compartir intereses materiales comunes, dejando atrás su tensión histórica.

Determinar las características del nuevo sujeto agrario en el núcleo más dinámico del campo argentino, y fundamentalmente admitir su existencia por parte de las fuerzas políticas del denominado progresismo, servirá para después no asombrarse por el devenir político si el bloque dominante que lo representa pasa a ser el eje rector del patrón de acumulación de la economía doméstica.

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