El presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas (Fifra), Daniel Urcia, afirmó ayer que la posibilidad de que el Gobierno envíe al Parlamento una nueva Ley Federal de Carnes “despertó expectativa e inquietud” en el sector, porque consideró que “no se puede dejar de apoyar la modernización de la actividad, pero se requiere financiamiento”. La reacción del sector empresario está vinculada a que el proyecto en cuestión volvió a tomar estado público esta semana, al trascender que el Ejecutivo estaba muy próximo a elevarlo al Congreso.

El proyecto de Ley Federal de Carnes estaba en la agenda de temas a tratar y consensuar con las entidades que conforman la Mesa de Enlace. Pero la falta de condiciones para un diálogo fructífero frustró esa posibilidad. Desde la concepción oficial, la ley deberá ser “el primer paso para el ordenamiento del sector”, afectado a lo largo de toda la cadena por fundadas sospechas de irregularidades tanto en el campo fiscal como sanitario.

Daniel Urcia afirmó que “es innegable la necesidad de darle a la actividad que involucra a la cadena de ganados y carnes un marco adecuado y moderno que nos permita seguir vinculados activamente al mundo”. Apuntó que desde la industria frigorífica no se puede “dejar de apoyar la modernización de una actividad con larga historia de desaciertos (...), pero también sabemos que la industria está atravesando momentos difíciles porque el mundo está en crisis”, advirtió el empresario, “pero dicha modernización no podría darse sin un esquema de financiación acorde a las necesidades de un sector que brinda empleo y contribuye al engrandecimiento del país”. En ese marco, Urcia afirmó que apoya la conformación de “un nuevo escenario, que evite la concentración de la actividad y permita la expansión de las industrias argentinas de carnes”.

La propuesta elaborada por el Ministerio de la Producción plantea dar impulso a un status sanitario único a nivel nacional y cambios en las formas de comercialización que generen mayor competencia y faciliten el control. El proyecto, que según lo último que se informó estaría a la firma de la presidenta de la Nación, contiene un diagnóstico inicial sobre el sector del ganado y las carnes y las alternativas para el incremento de la producción bovina. Se propone como metas alcanzar un mayor grado de formalidad (eliminar los extensos manchones de operaciones en negro), mejorar los estándares sanitarios, lograr la trazabilidad (identificación del origen del producto y seguimiento a lo largo de los distintos eslabones de la cadena), hasta alcanzar el abastecimiento del mercado “a precios aceptables”.

Ayer, la Sociedad Rural Argentina dio a conocer un pronunciamiento público en el que no alude directamente a la convocatoria del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, a conocer el funcionamiento del sistema informático de control del transporte de granos, ni sobre el proyecto de ley de carnes, sino que optó por un cuestionamiento político al Gobierno y convocó a todos los ruralistas “a ofrecerse como fiscales para lograr la transparencia de los próximos comicios”.