La Comisión Nacional de Valores (CNV) dictó ayer una norma para evitar la fuga de capitales hacia los denominados paraísos fiscales. La resolución, publicada ayer en su página electrónica, prohíbe a las compañías inversoras cualquier tipo de operación con mercados inscriptos en la lista de refugios fiscales que confeccionó la Unidad de Información Financiera (UIF). La enumeración contiene 87 ítem, entre países, dominios, jurisdicciones, territorios y regímenes impositivos especiales, que son considerados de “baja o nula tributación”. Entre ellos se destacan las sociedades anónimas financieras uruguayas y de Suiza, Hong Kong, Islas Caimán, Emiratos Arabes y Macao, entre otros. La medida responde a lo acordado en la reciente cumbre del Grupo de los 20 y busca remediar un problema crónico de huida de divisas. Desde el Banco Central aseguraron a este diario que está en estudio la implementación de medidas complementarias, pero señalaron que todavía llevarán tiempo.

Tal como anticipó ayer Página/12, la comisión que conduce Eduardo Hecker lanzó una resolución para entorpecer la elusión impositiva y la salida de capitales sospechados por parte de empresas o particulares. La iniciativa limita la operatoria en el “ámbito de la oferta pública”. Ese universo queda, de acuerdo con la resolución 554, circunscripto a “sujetos constituidos, domiciliados o que residan en dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados que no figuren dentro del listado publicado por la Unidad de Información Financiera (UIF)”.

La lista de los paraísos fiscales se compone de 87 jurisdicciones de baja o nula tributación. La enumeración de la UIF, organismo que combate el lavado de dinero, es incluso más rigurosa que la elaborada por la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), la cual contempla a poco más de 40 jurisdicciones. Estas medidas están en línea con la recomendación general del G-20 de limitar el accionar de los centros offshore.

Las entidades o los sujetos que radiquen en lugares que no figuren en el listado, como en el caso de Suiza, deberán acreditar que el organismo de su jurisdicción de origen “haya firmado un memorando de entendimiento, cooperación e intercambio de información con la CNV”. También quedarán excluidos los que no aleguen “secreto bancario, bursátil o de otro tipo”, ante el pedido de información del Fisco y los que modifiquen el impuesto a la renta hasta adecuarlos a los parámetros internacionales.

Los paraísos fiscales se caracterizan por carecer de normas restrictivas en materia de transacciones financieras, valiéndose de la estructura jurídica y fiscal que ofrecen. Esto imposibilita el accionar de los organismos de control de otros países. En el caso de la CNV, al inspeccionar algunas operaciones poco transparentes, no se pudo avanzar en la investigación porque la contraparte se encontraba en plazas financieras que no revelaban el nombre del cliente. Casi todas las operaciones investigadas involucran a algún “paraíso societario”, explicaron desde el organismo.

Las primeras operaciones investigadas fueron de “contado con liquidación”, a través de las cuales se esconde la fuga en una compra-venta de bonos o acciones y depósito en moneda extranjera en el exterior. “Todo comienza con el seguimiento de un alza o baja exagerada de una acción. Luego se investiga al intermediario de esas operaciones. En la gran mayoría de los casos hay una sociedad uruguaya en el medio”, explicaron fuentes oficiales. “Cada vez que iniciamos una investigación y llegamos a una sociedad uruguaya, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Generalmente son sellos de goma para canalizar negocios irregulares”, agregan. La CNV espera que la nueva resolución limite ese tipo de operaciones.

Los operativos comenzaron durante el último trimestre del año pasado, en momentos en que recrudeció la crisis financiera mundial y el sistema bancario local sufría una fuerte sangría de depósitos. En ese momento se realizó un intercambio de información con la AFIP y la CNV para atacar todos los flancos de elusión impositiva. “Se hizo una seria fiscalización por ese tema y los cambistas acusaban que se ponía presión a la operatoria cambiaria. En realidad protestaban porque se complicaba la fuga de divisas”, dijo a Página/12 una fuente del Central. El directivo reconoció que se analiza alguna modificación en el organismo para complementar lo de la CNV.