El ministro Julio De Vido está con una actividad intensa por estos días. Ayer inauguró un parque industrial en la bonaerense Arrecife, después de hacer lo propio en la víspera con viviendas en Baradero, acto que repetirá hoy en Balcarce. La obra pública en el interior, en particular en la provincia de Buenos Aires, está teniendo un frenético ritmo, según admiten sus propios colaboradores. Los proyectos son varios. Por ejemplo, para que el gobierno nacional pueda seguir invirtiendo en los corredores viales manejados por el sector privado, el Ministerio de Planificación diseñó un acuerdo de prórroga hasta octubre de los contratos con los actuales concesionarios. Entre los anuncios inmediatos, hoy se daría un paso decisivo para vigorizar el mercado de nuevas viviendas para la clase media con préstamos accesibles a través del Banco Hipotecario.

A fines del año pasado, el presupuesto de obras públicas de la Nación, que sumaba 35 mil millones de pesos, se reforzó con otros 22 mil millones, monto a destinar en gran medida a obras chicas, cuya ejecución se encuentra a cargo de provincias o municipios. Este objetivo se está cumpliendo, según informan en Planificación, aunque De Vido se ocupa personalmente, que en el lugar del emprendimiento no pierda presencia la Nación, que acerca, en definitiva, los fondos.

A esa masa de recursos presupuestaria se adicionó la participación de la Anses. Destinar una pequeña porción de los fondos previsionales para la construcción de viviendas es una idea que fogoneaban las constructoras cuando existían las AFJP. Ahora el Gobierno recogió esa propuesta y lanzará al mercado una línea crediticia para la clase media. Para que esos préstamos resulten accesible para potenciales tomadores se buscará superar el obstáculo que se genera con los actuales préstamos hipotecarios: no hay tomadores que califiquen.

Para instrumentar ese plan el Estado buscará una modificación estatutaria del Banco Hipotecario que le permitiría controlar la entidad que hoy pertenece en más de un 30 por ciento al grupo Irsa. Aunque no es accionista mayoritario, la firma manejada por el empresario Eduardo Elsztain tiene derecho a designar cinco directores y el Estado otros dos, puestos que hoy están ocupados por profesionales nombrados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y especializados en vivienda. Son los economista Diego Bossio, nombrado hace unos meses, y el arquitecto y ex funcionario santacruceño Marcelo Cufré, quien llegó al cargo hace apenas unos días. La pretensión oficial es duplicar la presencia pública en el directorio ocupando con funcionarios los dos lugares reservados a “independientes” en el quinteto de directivos que puede nombrar Irsa. Para ello resulta imprescindible una negociación con Elsztain.

El estímulo de la construcción en estos meses es bastante fuerte. El programa de obras viales en el interior no sólo incluirá la atención de los caminos en la esfera de Vialidad Nacional, sino también las obras más grandes en las rutas concesiondas con peaje. Los contratos actuales expiraron hace seis meses y se convocó luego a una nueva licitación que resultó semidesierta, en gran medida, porque había pleitos cruzados con los concesionarios actuales que no podían resolverse. Las empresas exigen compensación por aumentos de tarifas no autorizados y el Estado les reclama no haber cumplido con el mantenimiento que debían.

Para apurar una salida a ese entuerto se buscó una vía de emergencia: Planificación firmó con cada adjudicatario un acta acuerdo que consolida las cuentas y prevé la forma de compensarlas. Este pacto provisorio permitió prorrogar esas concesiones hasta octubre, facilitando a las empresas seguir el mantenimiento de rutina y al Estado ocuparse de las obras de más envergadura para garantizar el buen estado de los caminos. No son pocos los millones aplicados a esas inversiones. En los últimos seis años el presupuesto público volcó más de 9700 millones de pesos para esa tarea.