Otro nuevo día de lobby empresario y van... En menos de un mes, desde que el gobierno venezolano decidió estatizar dos briqueteras que pertenecen al grupo Techint a la fecha, la Unión Industrial Argentina (UIA) difundió innumerables comunicados manifestando su descontento por la medida. A un promedio de uno y hasta dos por día, la entidad que conduce Héctor Méndez intentó instalar el tema como una cuestión de Estado, aprovechando el momento preelectoral para sumar voces al pedido. Ayer los popes fabriles que se encuentran en Washington para entablar negociaciones con sus pares estadounidenses dictaron un nuevo documento. En este caso, reconocen la impertinencia de cuestionar la soberanía de las decisiones de la administración de Hugo Chávez; no obstante, insistieron en su reclamo para prohibir el ingreso de Venezuela al Mercosur.

La intención del empresariado argentino es que el tema no se diluya y se pierda presión en la negociación del precio al que serán vendidas las compañías en las que tiene injerencia el holding de Paolo Rocca. También es una forma de presionar al Gobierno sobre otros temas, como la incorporación de directores de la Anses en las empresas en la que tiene participación accionaria, el tipo de cambio del dólar y la posibilidad de discutir rentabilidad en la industria. Estos puntos incluso hicieron que los fabriles se “solidarizaran” con el reclamo de los dirigentes agropecuarios. La semana pasada, el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, cuestionó las reuniones del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, con la cúpula de la UIA. El ruralista criticó que “los junta la urgencia y la conveniencia puntual”.

La conveniencia incluso los reunió mucho antes en el encuentro del Grupo de los Siete con motivo de la asunción de Méndez en la UIA, en el que surgió un documento que hablaba de mayor federalismo. Este grupo de presión, integrado además por la Bolsa de Comercio porteña, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba), la Cámara de Comercio y de la Construcción se encontró ayer, aunque para debatir la nueva Ley de Financiamiento Educativo, que sustituirá a la vigente, aprobada en 2006 y que vence el año próximo.

Mientras tanto, a pesar de que los máximos responsables de la mesa chica de la UIA se encontraban a más de diez horas de vuelo de la Argentina, decidieron “refrescar” sus pedidos. La redacción del nuevo texto no fue fácil y se intercambiaron numerosos llamados telefónicos –por el costo no se preocuparon, para eso está previsto un aumento de la cuota para los socios de la entidad–. Cuando los directivos fabriles estuvieron conformes con el texto se autorizó su difusión. Además de Méndez, se encuentran de gira en Estados Unidos el empresario textil y ministro de Producción durante el duhaldismo, José Ignacio de Mendiguren; Miguel Acevedo, de Aceitera General Deheza; Luis Betnaza, de Techint; Federico Nicholson, de Ledesma, y Adrián Kaufmann Brea, de Arcor. La delegación industrial local fue invitada por su contraparte norteamericana, la National Association of Manufacturers.

El documento manifiesta su preocupación por la “repercusión” local de la política de “centralización estatal” de la economía y la producción llevada a cabo por el gobierno de Venezuela. Solicita entonces que se prohíba el ingreso de ese país como miembro pleno al Mercosur y lo justifica en que su política de nacionalizaciones dará lugar al desarrollo de una “economía no de mercado”. Para los empresarios esto “derivará de manera inexorable en una competencia desleal, poniendo en serio riesgo el proceso de integración” de la región. El pedido es “suspender” la incorporación de Venezuela “hasta tanto cumpla con los principios establecidos en el Tratado de Asunción”. Sin embargo, ese tratado, el acta fundacional del Mercosur, no prohíbe expresamente a los socios estatizar empresas o darle al Estado un rol más activo en economía. El bloque regional tampoco cuenta con algún tipo de acuerdo en materia de protección de inversiones.