El Gobierno prefiere guardar, por ahora, su amenaza de aumentar por decreto los servicios públicos. El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, afirmó que esto no sucederá “por ahora”. El camino, entonces, será el de las audiencias públicas. Al respecto, el funcionario declaró su esperanza en que “la Justicia no las trabe nuevamente”. A pesar de la declaración expresa del Ejecutivo, las entidades y organismos de defensa de los usuarios, incluidas las defensorías del Pueblo de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, advirtieron que recurrirían a los tribunales si el Gobierno insiste con la vía del decreto o con audiencias que se aparten de las pautas establecidas en la Ley de Emergencia Económica.
“Lo que el Gobierno quiere es que se realicen las audiencias públicas, que allí consumidores y empresarios discutan y debatan el cuadro tarifario futuro y que se encuentre una solución definitiva a este tema”, destacó Atanasof. El jefe de Gabinete negó que la “tarifa social” anunciada como mecanismo de compensación a las eventuales subas vaya a financiarse por la vía de nuevos impuestos. Además, haciendo suyo por vía indirecta el argumento de las empresas, el funcionario explicó que incluso “las propias organizaciones sindicales han alertado sobre el riesgo que corren los puestos de trabajo ante la desinversión y las dificultades” que atravesarían las privatizadas.
“Lo único nuevo que ha generado comentarios confusos son las palabras del ministro de Economía en el coloquio de IDEA”, admitió Atanasof. En este sentido, indicó que allí Lavagna dijo que “si no se pudiera avanzar vía las audiencias públicas, porque la Justicia impidiera nuevamente la realización de éstas, entonces debería apelarse a otros métodos y concretamente habló de un decreto”. Pero la realización de audiencias también está cuestionada. “Algunas entidades están a favor de las audiencias públicas porque creen que es un derecho adquirido de los usuarios y otras están en contra, porque entienden que habría que presentarlas en el marco de un debate mucho más amplio”, concluyó Atanasof.
A pesar de las declaraciones en contrario del Ejecutivo, los organismos y entidades de defensa de los usuarios salieron al cruce de una posible resolución por decreto. El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, consideró que un decreto no puede sustituir a la Ley de Emergencia Económica. “Si esto ocurre, será inevitable la judicialización del tema de las tarifas públicas”, sostuvo. Además, Mondino propuso que parte de los posibles futuros aumentos sean absorbidos por el fisco. “Yo vengo repitiendo que el Gobierno tiene que redistribuir la carga tributaria de los servicios públicos. Ese es un camino en la emergencia, pero el Estado no está dispuesto a poner nada”, afirmó. “Lo que quieren hacer es descargar el peso de la crisis sobre los usuarios. Aumentar las tarifas en un marco de caída del poder adquisitivo es dejar sin servicios a muchos ciudadanos”, concluyó.
En tanto, la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, le recordó al Gobierno que no puede aumentar las tarifas mediante un decreto, pues se trata de una alternativa ilegal e inconstitucional. Oliveira agregó que existen leyes que determinan claramente los mecanismos de discusión de las tarifas que “no pueden ser violadas alegremente”. Sólo “porque el ministro (Roberto) Lavagna quiera congraciarse con los empresarios, no vamos a permitir que viole la ley y se burle de la gente”, afirmó. “El camino elegido es incorrecto y lamento comunicarle al ministro que tendrá poca efectividad: un decreto que aumente las tarifas lo impediremos recurriendo a la Justicia”, consideró.
Para la ombudsman porteña, “los caminos para discutir existen: que funcione la Comisión de Renegociación de los contratos para adecuarlos al crítico momento actual, que se llame a audiencias públicas para participar y debatir y no sólo hablar de aumentos tarifarios”, finalizó.