Los 100 pesos de aumento salarial otorgados por decreto en julio no cambiaron la historia: no resultaron inflacionarios, porque no obstruyeron la estabilización, pero tampoco reactivantes. Y si debían pagarse por última vez en diciembre, el Gobierno está decidido a prolongarles la vida, de enero en adelante, elevándolos además a $ 150 mensuales, un agregado que tampoco moverá demasiado las agujas. De hecho, la mayoría de los trabajadores no llegaron –y quizá tampoco lleguen en adelante– a embolsar ni uno solo de esos pesos o patacones: unos porque militan en la economía informal; otros porque son empleados estatales; o porque pertenecen a pymes que adujeron no tener plata para mejoras, o porque –en el caso de los más afortunados– ya habían recibido un reajuste salarial y sus empleadores decidieron absorber en él la suba dictada por el Gobierno. Los desocupados, obviamente, tampoco cobraron el plus.
Finalmente, aunque el incremento –que quedó en un neto de 94 pesos, tras la deducción de las retenciones para Obras Sociales y PAMI– alivió en cierta medida la desesperante situación de los trabajadores de remuneraciones más bajas, mostró una incidencia global imperceptible. En cualquier caso, es todo lo que en materia de política de ingresos se permite el gabinete, que carece de margen de maniobra fiscal. Por tanto decide, sin mayor convicción, que el sector privado pague un adicional que el propio sector público omite como empleador, y al que tampoco se atreve a dar verdadero carácter coercitivo para no provocar situaciones críticas.
Como otra puntada en favor del consumo también se baraja la intención de bajar provisoriamente, por un par de meses, la alícuota del IVA en dos puntos, estímulo apenas marginal que sólo inyectaría unos $ 300 millones a la demanda y tal vez ayude a adelantar la compra de automóviles y otros durables, en cuyo precio final pueda notarse la reducción del impuesto. Para algunos críticos, poca cosa como para justificar un roce con el FMI, que rechaza la iniciativa. Pero al mismo tiempo se prepara un decreto que volverá a subir escalonadamente, del 5 al 11 por ciento, el aporte de los trabajadores a las AFJP, con lo que se restará capacidad de gasto.
De hecho, el Gobierno muestra carecer de instrumentos para mejorar el salario real, y sólo adopta o evalúa medidas más propagandísticas que efectivas. La tasa record de desempleo, que quita capacidad de presión salarial, es la verdadera ley, y frente a ésta es poca la efectividad de los decretos. Como los sectores de ingresos fijos fueron –y siguen siendo– los grandes perdedores de la devaluación, no serán ellos los que puedan dinamizar la economía. Esa capacidad, según ven algunos economistas, sólo la tienen los que ganaron con la ruptura de la equivalencia peso-dólar.
La lista de favorecidos incluye a los tenedores de dólares salvados del corralito, a los deudores que ganaron con la pesificación y a los exportadores, incluidos los colonos que se han encontrado con precios mundiales más altos y un tipo de cambio triplicado. Se supone que la gran inyección de demanda de bienes –y, a renglón seguido, de mano de obra– sobrevendrá cuando esos ganadores de la crisis se decidan a gastar o invertir su nueva riqueza. Para hacerlo sólo estarían esperando señales e indicios sobre el rumbo político del país. Por tanto, la recuperación del salario llegaría en una instancia posterior, no por la vía de ningún decreto sino por un cambio de condiciones en el mercado de trabajo. Sin embargo, nadie garantiza hoy que esa secuencia se cumpla.