Eduardo Duhalde reclamó ayer a la Justicia no obstaculizar el aumento tarifario que el Poder Ejecutivo está dispuesto a otorgar a las prestadoras de servicios públicos. Para fundar su reclamo, el Presidente argumentó que están en riesgo las prestaciones, ya que los trabajadores del sector le habrían advertido que “no se está haciendo, siquiera, el mantenimiento” de las instalaciones. Aunque el mandatario no lo recordó ayer, si los jueces bloquearan el ajuste el Gobierno ya advirtió que apelará a un decreto de necesidad y urgencia.
El DNU sería, claramente, un recurso de última instancia para poder autorizar, aunque sea, una suba del 10 por ciento promedio. Bastante menor a la pretendida por las empresas, pero suficiente como para emitir una señal amistosa hacia ellas. De cualquier modo, se trata apenas de un incremento de emergencia, sólo el primero de la serie. Tanto la administración duhaldista como las empresas saben que la verdadera recomposición de los cuadros tarifarios será competencia de la próxima gestión de gobierno.
El Gobierno hizo la segunda convocatoria a audiencias públicas, luego de que la primera fuera frustrada por la Justicia. En ese caso, el llamado fue dispuesto a través de un decreto que simplemente invocó la necesidad de readecuar los precios tras la devaluación. En esta ocasión, el justificativo es el pedido de ajuste que formularon por escrito cada una de las empresas prestadoras, denunciando una alteración en sus costos.
Hasta ayer, sin embargo, subsistían algunas dudas sobre este segundo llamado. No se sabía si podrían prosperar las presentaciones en su contra que formularon organizaciones de consumidores ni cuál será el lugar que las distribuidoras eléctricas ocuparán en esta historia: Edenor omitió ese pedido escrito, en tanto que Edesur lo hizo, pero no en los términos formales que pretende el Gobierno.
Si la Justicia nuevamente consintiera las presentaciones contrarias a esta última tanda de audiencias, la estrategia oficial será disponer el aumento por la vía de un decreto, tal como advirtió públicamente el ministro de Economía, Roberto Lavagna. Según especula el Gobierno, ese incremento serviría para cumplir con una de las condiciones exigidas por el Fondo Monetario Internacional para sellar un acuerdo con la Argentina y, al mismo tiempo, para mejorar la disposición de los accionistas extranjeros que están dispuestos a iniciar un juicio contra el Estado argentino por haber vulnerado las pautas tarifarias previstas en los contratos.