Después de doce años en el país, la cadena de tiendas de indumentaria C&A anunció ayer el cese de sus actividades. La empresa holandesa despedirá a 1100 empleados, distribuidos en sus 20 locales en todo el país. Se les pagará doble indemnización, entre otros beneficios en el marco de un paquete propuesto a los trabajadores por la cúpula empresarial. Desde el Ministerio de Trabajo afirmaron a Página/12 que no hubo contacto desde ninguna de las partes, con lo cual estimaban que las negociaciones habían concluido de común acuerdo. Constituye el primer caso de despidos masivos desde el estallido de la crisis internacional.

A través de un comunicado de prensa, la compañía multinacional de capitales holandeses C&A anunció la finalización de sus operaciones en la Argentina. El comunicado indica que “C&A Argentina realizó importantes inversiones para expandir la base de sus operaciones y su equipo, el resultado esperado no fue logrado y la compañía ha llegado a la conclusión de que no es factible seguir ampliando su escala para alcanzar niveles mínimos de rendimiento en el futuro”. En ese sentido, fuentes de la empresa indicaron que el modelo de negocios que se venía desarrollando no estaba funcionando correctamente. Según lo apuntado a Página/12, la operatoria requería de “mucha masividad en las ventas, ya que se trabaja con escasos márgenes individuales”. Según otras fuentes del sector textil, la caída en la demanda, producto de la crisis internacional, sumado al ingreso de competidores como los supermercados en la venta de indumentaria, habrían impulsado las crecientes complicaciones para la continuidad de las actividades de C&A.

Al consultar al área de política y gestión comercial del Gobierno –que mantenía una relación fluida con la compañía–, un funcionario indicó que el cierre de la empresa no tiene relación con la política oficial frente a las importaciones. Desvinculó el cese de actividades de la empresa con el plan de sustitución de importaciones a partir del otorgamiento de las licencias no automáticas de importación. “La compañía se había comprometido a importar no más de la cuarta parte de su producción. El Gobierno otorgó todas las licencias que la empresa solicitó dentro de ese plan acordado.” Fueron 190 licencias en prendas por alrededor de 1.900.000 dólares y doce licencias en calzado, en un monto cercano a los 300.000 dólares. Desde la empresa tampoco relacionaron el cierre con la política oficial.

La empresa holandesa tiene veinte tiendas en el país y emplea a 1100 trabajadores. Los locales se distribuyen mayormente en Capital y Gran Buenos Aires –con trece tiendas–, aunque también había sucursales en Mendoza, Salta, Tucumán, Rosario y Bahía Blanca.

El despido de la totalidad del plantel de 1100 empleados se acordó con los trabajadores a cambio de una serie de beneficios. El acuerdo incluye la doble indemnización, la ampliación de la obra social por doce meses, el asesoramiento financiero y psicológico –en caso de ser necesario–, la capacitación laboral y el convenio con una consultora de recursos humanos para reubicar al personal. Desde el Ministerio de Trabajo indicaron que las negociaciones se llevaron a cabo con consenso entre las partes debido a que no hubo ningún pedido de mediación. Al ser consultados sobre este tema, fuentes de la empresa marcaron que el proceso continuará con la cartera laboral pero sólo para definir cuestiones más formales.